The Objective
Daños colaterales

Koldo pegó su primer 'pelotazo' delatando a Cortina los pactos de Zapatero con ETA

Santos Cerdán confesó que él también participaba en los encuentros secretos del entramado abertzale

Koldo pegó su primer ‘pelotazo’ delatando a Cortina los pactos de Zapatero con ETA

Ilustración generada con IA.

Koldo García pegó el primer pelotazo de su vida chivándole a José Luis Cortina Prieto —el exjefe de los espías del Cesid absuelto en el golpe del 23-F y socio de la empresa de seguridad Ombuds— los pactos secretos entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. Las conversaciones mantenidas en Ginebra y Oslo contemplaban una tregua indefinida y, posteriormente, el abandono de la actividad armada. La confidencia de Koldo evitó que la empresa, que por sus antecedentes disfrutaba de una sólida influencia política, entrara en números rojos.

Koldo, que trabajaba como escolta para Ombuds —empresa en activo desde 1995— gracias a la intermediación de Santos Cerdán ante la familia Cortina Prieto, estaba informado a través del dirigente socialista navarro de los movimientos y reuniones de los emisarios del presidente Rodríguez Zapatero con José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, y otros dirigentes del entorno de la banda terrorista. Koldo y Cerdán se habían conocido antes durante las reuniones internas del PSN-PSOE, donde ambos militaban y eran concejales.

El propio Santos Cerdán le confesó a Koldo que él también participaba en los encuentros secretos con miembros del entramado abertzale en Navarra para avanzar en las negociaciones con ETA. Le dijo: «Soy el enlace de Rubalcaba en Navarra», en referencia al ministro del Interior y, más tarde, vicepresidente del Gobierno de Zapatero. Uno desconoce si las palabras de Santos Cerdán eran ciertas o exageraba.

Aquel chivatazo se materializó en un suculento beneficio para Koldo: desde el entorno del comisionista, en la cárcel madrileña de Soto del Real por el cobro de mordidas, aseguran que por aquellas fechas el socio de Ábalos y Santos Cerdán adquirió un piso en Pamplona que vendió más tarde para adquirir una vivienda en Benidorm con el dinero de dicha venta.

En ese escenario de negociaciones secretas con el entorno de ETA, Santos Cerdán fue labrándose poco a poco una posición dentro del PSOE de Navarra. Sucesivamente en esos años —antes de pegar el salto a Madrid y convertirse en uno de los pasajeros del Peugeot de Pedro Sánchez— ocupó los cargos de concejal —teniente alcalde— del Ayuntamiento de Milagros (1999-2015), diputado del Parlamento de Navarra (2014-2017) y secretario de Organización de los socialistas navarros (2012-2017). El ascenso de Santos Cerdán fue meteórico: afiliado al partido en 1999, cinco años después ya era miembro de la Ejecutiva regional.

Koldo, nacido en Barakaldo (Vizcaya) en 1970, también fue concejal por el PSN-PSOE en el municipio navarro de Huarte. En el sector de la seguridad fue vigilante en una obra, portero en un local nocturno de Pamplona y escolta de varios objetivos de ETA. Por su altura y complexión infundía respeto. Pedro Sánchez lo describió como «el último aizkolari socialista», por una de las aficiones del exchófer del presidente. 

 Los Cortina se desprenden de la compañía 

Los avances materializados en las reuniones ultrasecretas en Suiza y Noruega cada vez estaban más cerca del anuncio por parte de la organización armada del abandono de la violencia. Esa situación ponía en riesgo la gallina de los huevos de oro de Ombuds: los acuerdos con el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco para la contratación de escoltas privados. Los hermanos José Luis y Antonio Cortina Prieto, los fundadores de Ombuds —una derivación del sueco «ombudsman», que significa «guardián» o «mediador»— optaron tras la filtración de Koldo por desprenderse de la compañía de seguridad o de una buena parte de ella para evitar el colapso económico. Tenían en cuenta que la división de escoltas para la lucha antiterrorista suponía una parte muy importante de su cartera de clientes, según fuentes próximas al asesor de Ábalos. 

Tras una operación brillante, Ombuds —anteriormente 12v y Atenea— emitió a finales de mayo de 2011 un comunicado anunciando la venta a la división europea del fondo de inversión norteamericano JZ Partners LTD del 75% de las acciones de la compañía por una cantidad que nunca fue desvelada. Dicho acuerdo contemplaba que un sobrino del exjefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid continuara como CEO de la compañía, en la que los Cortina seguían conservando un 25% de sus acciones. En la nota de prensa aseguraban, en un tono triunfalista, que esa operación posicionaría a Ombuds «como uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto».

En aquel momento, la empresa de seguridad ocupaba una posición privilegiada dentro del sector: tercer lugar en España en volumen de ventas, por detrás de Prosegur y Securitas Direct. Además, el socio inversor, según sus propias cifras, facturaba al año más de 1.000 millones de euros y empleaba a unos 6.000 trabajadores.

1.600 millones para los escoltas en Euskadi y Navarra

El plan del Gobierno a través de empresas privadas de seguridad para proteger a las personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra supuso una inversión de 1.625 millones de euros (unos 270.000 millones de las antiguas peseta), entre los años 2000 y 2011, cuando ETA anunció el fin de sus acciones armadas.

Ese desembolso de fondos públicos en los últimos 11 años de ETA, que sirvió para reducir el número de atentados en el País Vasco, propició la movilización de miles de escoltas para dar protección a unas 1.500 personas, entre políticos, concejales y alcaldes, periodistas, jueces y fiscales y otras profesiones de riesgo señaladas por la banda terrorista. Entre 2009 y 2010, el número de escoltas llegó a 2.600 en el País Vasco y a 1.400 en Navarra. El coste mensual de cada profesional de la seguridad podía ascender hasta los 6.000 euros. Ese dinero era proporcionado a partes iguales por el Ministerio del Interior y el Gobierno de Vitoria, puesto que los gastos anuales podían ascender a más de 100 millones.

A esa cifra había que sumar el dinero destinado por Interior para la Policía y la Guardia Civil, especialmente para las unidades antiterroristas y la vigilancia estática en edificios públicos y en las sedes de los partidos políticos.

El primer Gobierno de José María Aznar fue el primero en adoptar estas medidas; después de varios intentos para ordenar la seguridad de los representantes públicos, el presidente propició en 1999 un cambio legislativo para que los escoltas privados pudieran participar en misiones de seguridad frente a las amenazas y atentados de ETA. Tal fue así que un año después se dispuso de un número de guardaespaldas privados para proteger a unas 400 personas.

No cabe ninguna duda de que las fechas de la venta de Ombuds al fondo de inversión y el comunicado de ETA anunciando el abandono de las armas coinciden: los Cortina vendieron la empresa en mayo de 2011 y ETA anunció el fin de la lucha el 20 de octubre de aquel año. La disolución oficial de la banda como organización no llegó hasta el 3 de mayo de 2018, un mes antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa, cuando ya negociaba con Otegui y Bildu el apoyo a su investidura en la moción de censura contra Rajoy. 

Hoy en día quedan pocos secretos sobre aquel proceso de negociación de Zapatero con ETA. Incluso el mediador del Gobierno con los emisarios de la banda, el socialista vasco Jesús Eguiguren, desveló sus encuentros en el libro ETA, las claves de la Paz. Confesiones de un negociador, escrito por el periodista Luis Rodríguez Aizpeolea. Según su propio relato, la primera reunión se produjo el 25 de junio de 2005, en la que se sentó en Suiza cara a cara con Josu Ternera. En una segunda sesión ya se habló de una tregua de ETA. El atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas provocó una ruptura temporal hasta que se reiniciaron los encuentros en Oslo, Lausana y Ginebra que recondujeron el proceso hasta su punto final en 2011. 

Koldo conoce a Aldama en las oficinas de los Cortina

Con el dinero de la venta del 75% de Ombuds, los Cortina —ya semijubilados— redirigieron sus ganancias hacia el sector de las estaciones de servicio de bajo coste. Apostaban principalmente por los surtidores de servicio automático como los explotados por la marca puntera Plenoil. Los Cortina aprovechaban el éxito de este tipo de oferta low cost en España para extender sus negocios. Según fuentes próximas a los fundadores de Ombuds, la familia llegó a controlar medio centenar de gasolineras por todo el territorio nacional. 

Fue en ese escenario cuando, tiempo después, Koldo conoció en una reunión en las instalaciones de Ombuds a un joven comisionista llamado Víctor Aldama, vinculado con los negocios del petróleo venezolano y relacionado con las actividades empresariales de la familia Cortina. Aldama fue después investigado por agentes de la UCO de la Guardia Civil por su implicación en una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, que habría defraudado más de 182 millones de euros mediante el impago del IVA en el comercio de combustibles. Pero esa es una historia que dará para otro artículo. 

Se daba la coincidencia de que a Koldo y Aldama les unían unos vínculos especiales con los grupos de información de la Guardia Civil, que ninguno de los dos ha ocultado. El trato de Koldo estaba motivado por su trabajo en las empresas de seguridad y su papel como escolta de personalidades que vivían en el País Vasco y Navarra y podían ser objetivos de ETA. 

También es factible que Koldo, como hombre de confianza de Santos Cerdán, ayudara a Eguiguren en la tarea de escolta en algunas de las misiones de contacto con ETA o su entorno, según fuentes de la Seguridad del Estado.

La inversión de JZ Capital Partners en España con la adquisición de Ombuds y otras cuatro empresas nacía herida de muerte por la merma del negocio de los escoltas anti-ETA. La aventura de JZ con los Cortina duró poco tiempo: a comienzo de 2016 se desprendió de su participación en Ombuds y en otras cuatro sociedades españolas: Docout, One World Packaging, Toro Finance y Xacom. De la venta de todas ellas obtuvo una liquidez de 75,2 millones de euros que invirtió en otros negocios fuera de España. Finalmente, la empresa se vio sometida a un concurso de acreedores. No llegó nunca a superar la crisis de los escoltas y acumuló deudas millonarias con Hacienda y la Seguridad Social.

Los Cortina tenían una amplia experiencia en el sector de la seguridad desde los años setenta. El comandante del Cesid había sido todo un referente para los servicios secretos del inicio de la Transición y su hermano Antonio había participado en la constitución de la sociedad Asesoramiento, Seguridad y Protección (Aseprosa) vinculada al espionaje español. Una placa con el nombre de esa sociedad figuraba en la puerta de entrada de un chalé del Cesid en la calle Herrera Oria —una de las bases secretas de la AOME, dirigida por José Luis Cortina y conocida con clave «París»—, algo realmente inusual para cualquier servicio de inteligencia. 

Antonio Cortina Prieto también había sido miembro del Godsa (Gabinete de Orientación y Documentación), creado por Manuel Fraga durante la presidencia de Arias Navarro, que pasó a convertirse en Reforma Democrática y, más tarde, en Alianza Popular. El lobby agrupaba a intelectuales de distinto signo político como González Seara, Pío Cabanillas y Ramón Tamames. Según me confesó el coronel Perote, el jefe de los espías del Cesid que sustituyó a José Luis Cortina en los grupos operativos tras el 23-F, «la plantilla de Godsa, Aseprosa y la AOME era la misma». 

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