Sánchez refuerza su servicio de maquillaje y peluquería con un contrato de dos años
El expediente, por un valor de 84.000 euros, evidencia el paso de encargos puntuales a un modelo estable y planificado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Moncloa ha sacado a licitación un contrato para servicios de imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una duración inicial de doce meses prorrogable por otro año adicional. El valor estimado del contrato asciende a 83.832 euros y fue anunciado en la Plataforma de Contratación el pasado 17 de marzo. El expediente, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, introduce un cambio relevante en la forma en la que Presidencia del Gobierno articula este tipo de prestaciones, al integrarlas en un contrato público estructurado y con previsión de continuidad.
El servicio está destinado a cubrir la preparación del presidente en comparecencias públicas y actos oficiales y sustituye un modelo previo basado en encargos puntuales y fórmulas de menor alcance. Hasta ahora, este tipo de trabajos, salvo excepciones, se había canalizado a través de expedientes de cuantía reducida o relaciones fragmentadas, lo que dificultaba una visión agregada del gasto y limitaba su trazabilidad.
Este tipo de servicios no es nuevo en Moncloa ni responde a una necesidad puntual, sino a una práctica mantenida en el tiempo. En febrero de 2021 se formalizó un contrato por 19.500 euros anuales, con cobertura para ruedas de prensa y actos oficiales del presidente y otros miembros del Gobierno. Desde entonces, el gasto se ha sostenido mediante expedientes sucesivos: en 2022 superó los 30.000 euros anuales, con posibilidad de prórroga hasta más de 60.000 euros, y en 2026 se han seguido tramitando contratos de menor duración, en algunos casos por periodos de seis meses. El nuevo contrato no introduce el servicio, sino que lo consolida y lo agrupa en un único expediente de mayor alcance.
Un contrato de hasta 84.000 euros
Este tipo de prestaciones ya se articuló de forma similar en la etapa previa a las últimas elecciones generales. En 2022, un año antes de la convocatoria electoral de julio de 2023, Moncloa formalizó un contrato para la preparación del presidente en actos públicos, con un importe inferior al actual, pero con un alcance funcional comparable. Aquel expediente cubría las mismas necesidades operativas —comparecencias, intervenciones y agenda institucional—, aunque con menor volumen económico.
El nuevo expediente agrupa este servicio bajo un único contrato con planificación temporal definida y posibilidad de prórroga. Esta configuración permite dotar de estabilidad a la prestación y, en caso de ejecutarse la extensión prevista, prolongar su vigencia hasta marzo de 2028.
Desde el punto de vista técnico, el procedimiento abierto simplificado permite la concurrencia de empresas, aunque con plazos más reducidos que los de un procedimiento ordinario. Se trata de una fórmula habitual en contratos de este importe, pero que en la práctica tiende a concentrar la participación en un número limitado de operadores, especialmente en servicios especializados o de carácter muy concreto.
La imagen del presidente
Uno de los elementos más relevantes del expediente es la diferencia entre el presupuesto base (38.105 euros) y el valor estimado total (83.832 euros). Esta diferencia responde a la posible prórroga, pero también refleja la dimensión real del gasto a medio plazo. No se trata de un servicio puntual, sino de una prestación que puede extenderse durante dos ejercicios completos.
Este diseño introduce un elemento de continuidad que trasciende el propio contrato. Una vez adjudicado, el servicio queda integrado en la estructura de funcionamiento de Presidencia y genera un compromiso de gasto proyectado en el tiempo. En caso de activarse la prórroga, su vigencia se extendería más allá del calendario político inmediato, coincidiendo con el horizonte de la próxima convocatoria electoral.
El expediente se tramita, además, en un contexto de prórroga presupuestaria y ausencia de apoyos parlamentarios suficientes para la aprobación de nuevas cuentas públicas. En este escenario, la capacidad de iniciativa legislativa del Ejecutivo se ve limitada, pero la Administración mantiene su operativa a través de instrumentos como la contratación pública. En ese marco, la formalización de contratos con duración plurianual adquiere una lectura adicional, al consolidar determinadas partidas de gasto más allá del corto plazo.
Calendario electoral e institucional
El expediente refleja una tendencia creciente en la Administración: la formalización de servicios vinculados a la proyección pública del presidente dentro de contratos estructurados. Prestaciones que anteriormente podían gestionarse de forma más flexible pasan a integrarse en procedimientos reglados, con condiciones definidas y previsión de continuidad. Esto implica una mayor institucionalización del gasto, al convertir en estable una prestación directamente vinculada a la actividad pública de una figura política concreta.
En un escenario de prórroga presupuestaria y sin apoyos suficientes para aprobar nuevas cuentas públicas, la contratación administrativa se convierte en una de las principales herramientas de planificación del Ejecutivo. En ese contexto, el diseño de contratos con duración prorrogable y horizonte de hasta dos años ofrece una señal de continuidad operativa. No determina por sí mismo la estrategia política del Gobierno, pero sí refleja una planificación que se extiende en el tiempo y que, en la práctica, acompasa este tipo de servicios con el calendario institucional y el ciclo electoral previsto.