Illa lanza una campaña sobre su gasto público para tapar el escándalo de las subvenciones

El Gobierno de la Generalitat ha lanzado una campaña de publicidad institucional en varios medios de comunicación después del escándalo al conocerse que, cada año, la Administración catalana destina 5.000 millones de euros a subvenciones. Tras las críticas suscitadas, el Ejecutivo ha querido asegurar en su anuncio que la mayoría de los «recursos» de 2025 se han dirigido a «sanidad» y «educación».

Uno de estos anuncios apareció en la página 7 de La Vanguardia del pasado viernes 20 de marzo, bajo el título Las cuentas de la Generalitat. Informamos a la ciudadanía de la liquidación de los presupuestos del año 2025. El Departamento de Economía, que se encarga de la publicidad institucional, no ha querido detallar a THE OBJECTIVE el gasto total que ha costado la campaña ni la lista de medios en los que figura el anuncio. Tampoco si es una información que se va a dar anualmente.

Lo único claro es que se ha decidido poner este anuncio tras el escándalo de las subvenciones. A mediados de marzo, y tal y como avanzó este periódico, un experto en inteligencia artificial puso a disposición de los ciudadanos una suerte de ‘Google del gasto público’ donde de forma sencilla e intuitiva se podían consultar todos los contratos públicos (contractes.cat) y subvenciones (subvencions.cat) tanto de la Generalitat como de las diputaciones o los ayuntamientos. Si bien los datos, por ley, son públicos, no son accesibles para el ciudadano de a pie. Estos portales de iniciativa privada facilitan el trabajo de unos portales de transparencia oficiales que resultan mucho más opacos y difíciles de consultar.

Escándalo en Cataluña

El éxito de estos dos portales fue inmediato: miles de páginas vistas y localización de personas y empresas concretas en su buscador. Sus contenidos también se viralizaron rápidamente en las redes sociales, hasta el punto de que el Govern cortó durante 24 horas los portales oficiales porque desde ahí se recogían los datos. Dos semanas después de la caída de la web oficial, el Ejecutivo no ha dado explicaciones convincentes de qué sucedió realmente, alentando las sospechas y denuncias de que fue un acto de «censura».

Después de este apagón se estima que desaparecieron un millón de datos (algunos por ser subvenciones a personas físicas vulnerables, pero muchos otros sin justificar y que afectaban algunas de las editoriales o empresas catalanas que más viven del presupuesto público). La polémica fue de tal magnitud que, poco después, apareció otro portal (menjómetre.cat) con la misma finalidad de fiscalizar el gasto público.

La fiscalización de este gasto demostraba, más allá del tan elevado montante, la ausencia de trazabilidad real o rendición de cuentas del destino final de los fondos, la existencia de una serie de empresas muy concretas (como Abacus, cuyo propietario pertenece a la órbita de ERC) que sistemáticamente se benefician del erario público o la multiplicidad de entidades del tercer sector que se dedican a lo mismo y cuyas subvenciones van en un 80% a pagar los salarios de sus empleados.

«Extrema derecha»

La aparición de estas páginas llegó también a las noticias de TV3. En su servicio informativo no dudaban en vincular estas iniciativas privadas con la «extrema derecha». El enfoque de la cobertura por parte de la televisión pública ha añadido más leña al fuego. Personas públicas de la sociedad catalana han criticado la criminalización de unos portales que lo único que hacen es poner unos datos oficiales al servicio de la ciudadanía.

El hecho de que usuarios que entraban se dedicaran a fiscalizar el gasto en asociaciones feministas o del movimiento woke se sacó de contexto para criticar una herramienta que sirve para visualizar todo el gasto público. Y se frenaba el debate sobre si hay gasto superfluo o más o menos justificado.

Sanidad y Educación

Con todo, la campaña institucional de Govern sirve para tratar de contrarrestar el relato sobre el gasto público. En dicho anuncio se explica que la mayoría de dicho gasto va en Sanidad (16.032 millones de euros), Educación (9.174 millones), Derechos sociales (3.915 millones) y Transporte (1.934 millones).

También informan que el grado de ejecución de los presupuestos en 2025 fue del 97,2%, demostrando que los departamentos «cumplen con sus compromisos de gasto». O que la inversión ejecutada fue de 3.423 millones de euros, «el mejor dato desde 2011».