Víctimas de la talidomida acusan al PSOE de humillarles y decirles que solo quieren «dinero»

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que ha denunciado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por «prevaricación» y a los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa, asegura que se ha visto obligada a iniciar esta acción judicial después del «maltrato» y «desprecio» que sufrió por parte de diputados del Grupo Parlamentario Socialista. El miembro de la Junta Directiva de este colectivo, Luis Ruiz, relata a THE OBJECTIVE la reunión telemática que mantuvieron el pasado 16 de enero con una representación del grupo socialista. En el transcurso de la misma, el portavoz de Discapacidad, Emilio Sáez, les llegó a reprochar: «Lo único que queréis es dinero». La portavoz de Hacienda, Patricia Blanquer, indignada por sus peticiones, estalló contra ellos: «Me siento insultada».

El diputado socialista Emilio Sáez, que ha sido señalado por este colectivo, niega a este periódico estas acusaciones y asegura que «en ningún momento se faltó a la consideración» de los representantes de las víctimas de la talidomida: «Al menos por mi parte, y por la gente que me acompañó en esa reunión, no se produjeron este tipo de acusaciones, porque no va conmigo ese estilo». «Lo que nosotros hicimos es pactar con ellos una proposición de ley que permita avanzar en todas sus necesidades en materia de rehabilitación, de catálogo ortoprotésico… La única diferencia que existe es el asunto del IRPF».

Sáez comparte la reivindicación del IRPF: «Es de justicia y les corresponde», pero «[se puede] llegar hasta donde [se puede] llegar». El diputado socialista subraya que «hay que entender que llevan tiempo reivindicando y hay que poner en su justa medida que el real decreto que regula los beneficios de la talidomida lo puso en marcha en el año 2009 el Gobierno de Zapatero, y la ampliación de años se ha hecho en el año 2023 con este Gobierno». En este sentido, señala que en la proposición no de ley la propia farmacéutica tiene que asumir su responsabilidad como lo ha hecho en otros países».

El camino que ha recorrido este colectivo que representa a unos 200 afectados hasta llegar a presentar la denuncia ante el Tribunal Supremo, como desveló este periódico, no ha sido fácil. Antes de tomar esta iniciativa, intentaron, tras varias reuniones con los grupos parlamentarios, que su demanda fuera tenida en cuenta. Una reivindicación muy concreta: la modificación de la Ley de IRPF para declarar exentas las ayudas económicas reconocidas a las víctimas de la talidomida en España, que sí se aplica en el País Vasco y Navarra y en el resto de países de Europa. En concreto, una rebaja fiscal sobre los 12.000 euros que reciben, según el grado de discapacidad, una vez en la vida, que ahora tiene una tributación del 47% y es considerada renta del trabajo, según señala esta asociación.

Primero impulsaron la presentación de iniciativas parlamentarias de las que se hizo eco el Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta se aprobó la proposición de ley del Partido Popular, sin el apoyo de los socialistas, y se envió al Congreso, que la tiene retenida sin tramitar; en la Cámara Baja, el Grupo Popular registró otra proposición de ley, que acumula ya 63 solicitudes de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas. En enero, el PSOE presentó su proposición de ley.

Paralelamente a esta actuación de los grupos políticos, la asociación ha mantenido contactos con los grupos parlamentarios, conscientes de que el único que tiene capacidad legislativa es el socialista o Sumar, que puede presionar al Gobierno. De esta ronda de contactos, el que más hizo mella en esta asociación es el que mantuvieron el 16 de enero, de manera telemática, con miembros del Grupo Socialista, según la versión de Luis Ruiz, miembro de la Junta Directiva de Avite. Asistieron, por parte socialista, la portavoz de Hacienda, Patricia Blanquer; el de Discapacidad, Emilio Sáez; el diputado Juan Antonio González; la diputada Maribel García y el asesor Antonio Sanabria. Por parte de Avite, estuvieron presentes su presidente, José Riquelme; el vicepresidente, Rafael Basterrechea; Luis Ruiz, miembro de la Junta Directiva; y el abogado Ignacio Martínez.

El ambiente, siempre según la versión de Luis Ruiz, fue muy «agresivo y con malas formas». En un primer momento, los afectados le recriminaron lo que consideran «incoherencia» del PSOE, que en el País Vasco aprueba con su voto las mismas reivindicaciones e incluso las pone en marcha en Navarra, con un Gobierno socialista, y que «aquí lo bloquea». Les pidieron explicaciones, «y no nos dijeron nada». Lo más grave, a su juicio, fue la respuesta que les dio el portavoz de Discapacidad, Emilio Sáez, al reprocharles que solo quieren «dinero»; y seguidamente la de la propia portavoz de Hacienda, Patricia Blanquer. Esta, cuando las víctimas de la talidomida le pidieron explicaciones de por qué «la indemnización se considera renta del trabajo, se hace una discriminación de ciudadanos y un partido progresista hace eso», dijo: «Me siento insultada, tengo muchas cosas que hacer, y ahí acabó la conversación».

Tras la reunión del 2 de febrero volvieron a enviarle una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ya lo hicieron el 20 de octubre de 2025, ambas sin contestación. Finalmente, el 26 de febrero se dirigieron al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, pidiéndole el acceso a los acuerdos de la Mesa. Les contestó el 2 de marzo explicando que no puede entregárselos porque tienen «carácter reservado». Finalmente, la presidenta Francina Armengol les envió un escrito el 9 de marzo disculpándose por la tardanza en las explicaciones, pero sin dar una solución, al admitir que es una decisión de la mayoría de la Mesa del Congreso que controlan PSOE y Sumar.

Al fracasar todos los intentos de conseguir la tramitación de las leyes, Avite presentó el 26 de marzo ante el Tribunal Supremo una denuncia contra los miembros del PSOE y Sumar de la Mesa del Congreso por «un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión».