Exteriores busca consulado en Mendoza tras nacionalizar a 150.000 argentinos

El Ministerio de Asuntos Exteriores está evaluando varias ubicaciones para la nueva sede del consulado general en Mendoza (Argentina), donde el censo va a aumentar en más de 150.000 ciudadanos gracias a la ley de Memoria Democrática, después de que el edificio en el que tenía las oficinas fuese clausurado hace un año «para evitar el colapso» de sus muros tras un oficio remitido por el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, al departamento de José Manuel Albares.

Fuentes diplomáticas revelan a THE OBJECTIVE que existen varias alternativas al emplazamiento temporal en el que quedó ubicado el consulado español a principios de 2025 tras el súbito cierre del edificio. El subdirector general de Asuntos Patrimoniales de Exteriores se desplazó a principios de año a la ciudad argentina para evaluar las diferentes opciones. En todo caso, la decisión final se conocerá tras la marcha en verano del actual cónsul, Ramón Blecua, quien dejará el cargo en los próximos años, ya que su plaza entrará en el concurso de puestos en el extranjero de este año, el llamado «bombo» en el argot diplomático.

Trabajo ordenó a Exteriores el 18 de febrero del año pasado «la paralización de forma inmediata» de las actividades dentro del consulado en la localidad argentina de Mendoza. El departamento de Albares trasladó en un primer momento los servicios de atención al público al centro asturiano que hay en dicha localidad por este motivo, pero mantuvo abiertos el despacho del canciller y las oficinas de administración con su personal correspondiente pese a «la existencia de riesgo grave e inminente» de que se derrumbe el edificio. Al cabo de unas semanas, clausuró todo el edificio aprovechando la mudanza a la sede temporal en otra ubicación.

El consulado español en Mendoza se encontraba ubicado en la calle Agustín Álvarez de la ciudad argentina, situada en la falda de la cordillera de los Andes, próxima a la falla del cerro La Cal y en plena línea sísmica del Parque San Martín. El edificio se diseñó como vivienda, pero luego fue adaptado para albergar oficinas y las actividades propias del consulado. El problema fue la aparición de grietas en las paredes a lo largo de los últimos años, fruto de antiguos seísmos, así como «el hundimiento de hasta 6 centímetros» del edificio que obligó al apuntalamiento de una zona del edificio.

El oficio del departamento de Díaz tenía como asunto la siguiente palabra: «Paralización». En él, se recordó que los sindicatos CSIF, CCOO y UGT alertaron en diciembre de 2023 de la preocupación existente entre los empleados públicos, así como que habían reclamado un informe «a la mayor brevedad» sobre las condiciones de seguridad en el edificio. El propio Ministerio de Trabajo había trasladado a sus empleados del consulado a otra ubicación en Mendoza, por lo que se pidió a Exteriores que procediese «de igual forma» con los suyos si dichas condiciones no eran las adecuadas.

«Más allá del informe, se debería buscar un lugar alternativo para este centro de trabajo, acelerando en lo posible las gestiones. No es de recibo mantener abierto un local que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores y el público», indicaron los sindicatos. En marzo de 2024, Exteriores se comprometió «a la búsqueda de una nueva sede porque el edificio actual no es apto». De hecho, la zona más peligrosa estaba ya «clausurada» en ese momento. Sin embargo, el rastreo en inmuebles de Mendoza resultó infructuoso y se ejecutaron «obras de adecuación de las estancias para mejorar las condiciones de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones».

Desde el equipo de Patrimonio de Exteriores se admitió que el hecho de inhabilitar «parcialmente» el edificio se debía «a los riesgos de desprendimientos de revoques y posibles derrumbes debidos a la precaria situación de la estructura» en una zona de influencia sísmica. El informe de la inspección técnica llegó en febrero del año pasado y sus conclusiones fueron alarmantes: «A partir de las patologías significativas existentes en varios muros del edificio y las cuales a lo largo de los años no han sido resueltas, se recomienda realizar una intervención estructural inmediata, para evitar el colapso de dichos muros», se dijo en el documento.

Por ello, se instó a realizar «de inmediato» la clausura de los locales de la planta baja, porque estaban «afectados por grietas, fisuras, hundimientos y humedad», así como liberarlos «de peso con mobiliarios y personas». En concreto, la conserjería, la cocina, el pasillo y el sótano. También se pidió «reforzar las losas y vigas de los locales de planta baja afectados» mediante refuerzos «con puntales metálicos» separados un metro cada uno. Las imágenes que se adjuntaron en un informe sobre la aplicación de medidas preventivas mostraron varias estancias completamente apuntaladas para evitar un eventual derrumbe.

Si bien el objetivo de estos refuerzos era seguir utilizando «provisoriamente» los locales de la planta alta, como el despacho del canciller y el área de administración junto con un baño y la terraza, a renglón seguido se pidió que el edificio quedase «totalmente desocupado de personas y mobiliarios» para realizar «todos los trabajos como si fuera una obra nueva».

«Para poder ejecutar las obras, se deberá tener en cuenta que no solamente los locales afectados tengan que estar clausurados y liberados de mobiliarios, sino también que se deben reorganizar circulaciones y nuevos espacios para asegurar la seguridad de las personas que trabajan en el Consulado y las que lo visitan a diario, es decir, el público en general», se indicó en el oficio. Cada día, hay una media de un centenar de personas que se presentan en la legación diplomática, de ahí que Exteriores optase tras este informe por derivar toda la acción consular al centro asturiano en dicha localidad argentina.

«Se recomienda reubicar al personal que trabaja en dicho establecimiento», señaló la inspectora de Trabajo que elaboró el informe, «consiguiendo un nuevo espacio físico, el cual sea óptimo en instalaciones e infraestructura adecuada, y que cumpla con las reglamentaciones vigentes, para poder realizar las labores que lleva adelante el Consulado de España».

Ello con el fin de que el inmueble quedase «totalmente deshabitado, tanto de personas como mobiliario, para llevar adelante las obras de reestructuraciones y remodelaciones mencionadas en el presente informe». De ahí que la funcionaria enviada por el departamento de Díaz considerase «la existencia de riesgo grave e inminente, por lo que se ordena la PARALIZACIÓN DE FORMA INMEDIATA de las actividades en el edificio del Consulado de España en Mendoza (Argentina)».

Los sindicatos criticaron hace un año que no se hubiese procedido al cierre completo del consulado para las obras que se iban a acometer y lamentaron que Exteriores hubiese procedido a la compra de «cuatro extintores adicionales en caso de necesidad», cuando la orden del departamento de Díaz había sido proceder al desalojo del mismo. Al cabo de varios meses, llegó la clausura exigida por los representantes de los trabajadores.