El 'clan Sánchez' se enfrenta a 400 años de cárcel por un botín de más de mil millones

El entorno más próximo a Pedro Sánchez se acerca al abismo de los casos de corrupción que se le agolpan desde que llegó a La Moncloa en 2018. El más inmediato es el del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el Tribunal Supremo. Además, a los procedimientos que acechan a su mujer Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez, a sus dos secretarios de Organización socialistas -Santos Cerdán y el propio Ábalos-, al chófer del Peugeot, García, y al PSOE con los sobres de dinero de Ferraz y la sospecha de financiación ilegal hay que sumarle una larga lista de empresarios y políticos de la esfera sanchista que se enfrentan a largas condenas. En total, todo el clan podría sumar entre 400 y 500 años de cárcel, según las fuentes judiciales consultadas.

Esa cifra se obtiene a partir de la cantidad de imputados -cerca de un centenar- y la cuantía de los años de prisión que conllevan los delitos por los que pueden ser juzgados. Por supuesto, respetando siempre la presunción de inocencia hasta para los más señalados. 

Los supuestos delitos que más aparecen en el largo rosario de acusaciones contra el clan Sánchez contemplan los siguientes años de prisión: organización criminal (de 2 a 8 años), cohecho (de 2 a 6), tráfico de influencias (de 6 meses a 3 años), malversación de caudales públicos (de 2 a 12), uso de información privilegiada (de 1 a 4), prevaricación (inhabilitación de 9 a 15 años) y falsedad documental (de 3 a 6). A todos ellos se les puede aplicar otras figuras penales como agravante, continuidad delictiva o papel relevante en la organización.

Sólo para Ábalos y Koldo en un único caso -el de la compra de mascarillas- la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente. Los delitos son: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Esas mismas acusaciones se repiten contra el resto de los allegados del presidente. La acusación popular del PP pide contra Ábalos una condena de 30 años al sumarle los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Una rapiña interminable de fondos públicos

Según los cálculos aproximados a raíz del movimiento de dinero en coimas ilegales y en decenas de operaciones dolosas, el botín acumulado por los beneficiados podría superar los mil millones de euros. Otras fuentes consultadas elevan incluso la cifra hasta los dos mil millones. Las cifras no son tan exageradas si se tiene en cuenta la acumulación de operaciones de cohecho, tráfico de influencias y de malversación que se han perpetrado durante los gobiernos socialistas presididos por Sánchez. No hay que olvidar la complacencia y complicidad -por el silencio- de los dirigentes de Podemos y de Sumar y de otras formaciones como Bildu en Navarra.

La lista de casos marcados con la letra escarlata de corrupción se hace interminable: SEPI, Globalia, Plus Ultra, Delcygate, Forestalia, Mascarillas, Begoña, Barrabés, Complutense, hermanísimo y Diputación de Badajoz, Hidrocarburos, Santos Cerdán y Servinabar 2000, Koldo, ADIF, Pardo de Vera, Jessica y otras amantes de Ábalos, entregas en efectivos en Ferraz, Plus Ultra, Julio Martínez, Azud en Valencia, Mediador y Tito Berni y Leire Díez, entre otros.

Las políticas nepotistas y las conductas de permisividad de La Moncloa con respecto a la mayoría de esos procesos de degradación -el más obsceno quizás el que afecta a su mujer, Begoña- superan con creces los motivos que llevaron a Sánchez a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, después de pactarla en secreto con independentistas y filoetarras. Para ello contó con un sector de la judicatura que propició una sentencia judicial que colocaba a Sánchez en una posición ventajista, sobre todo para atraer al PNV. Entre las 1.600 páginas de la pieza del caso Gürtel, el ponente de la Audiencia Nacional escribía lo siguiente sobre Génova: «Evidencia la existencia de una estructura financiera y contable paralela a la oficial del Partido Popular, al menos desde 1989». 

Sánchez se aferró entonces como a un clavo ardiente a esas dos líneas del contenido de la sentencia para enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción. Señalaba al PP como un partido exclusivista en la financiación ilegal cuando el PSOE ya presentaba casos sonoros como Filesa o los ERE. Ocho años después, La Moncloa, Ferraz, su familia, sus valedores políticos, sus amigos más directos y la cuadrilla del Peugeot de las primarias chapotean por salir de una ciénaga de podredumbre. 

A los casos de corrupción de esa larga lista de estrechos colaboradores que se forraron con las comisiones de sus pelotazos hay que sumarle las investigaciones abiertas sobre la financiación ilegal del PSOE, los supuestos fraudes electorales, el uso partidista del CIS y TVE, las ayudas del régimen venezolano por medio del Delcy Rodríguez (Delcygate) y las sombras de sospecha sobre las actuaciones de gobiernos regionales socialistas como los de Canarias, Navarra y Baleares durante la pandemia del Covid que afectan a primeros espadas del socialismo como Ángel Víctor Torres, María Chivite y Francina Armengol.

Tampoco hay que olvidar el comportamiento indecoroso de colaboradores directos de la ya exvicepresidenta María Jesús Montero (Caso SEPI) y del ministro Óscar López durante su etapa monclovita. Ni dejar en el olvido, el comportamiento de Interior y de su ministro Grande-Marlaska en el asunto de las mascarillas, el de Óscar Puente por el accidente de Adamuz, el de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el caso de las pulseras contra los maltratadores, el de la ex ministra Teresa Ribera en la catástrofe de la DANA valenciana o el del ex fiscal general del Estado, que ya fue condenado.

La familia unida

Al juicio contra Ábalos y Koldo le seguirá en mayo el del hermano de Pedro Sánchez por su contratación irregular por la Diputación de Badajoz en el puesto de coordinador de actividades del Conservatorio. Está acusado de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. David Azagra -su nombre artístico- estará acompañado en el banquillo por el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros funcionarios de la institución pública. 

El lema de los «Cien años de honradez» -emblema histórico del PSOE- se verá nuevamente erosionado tras el juicio en tierras pacenses contra el hermano de Sánchez y con el probable señalamiento de la vista contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno por cinco graves delitos que conllevan varios años de cárcel. El juez Juan Carlos Peinado la acusa de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Por todo ello, algunos ya comienzan a propalar con sorna el chascarrillo de «Cien años de honradez menos ocho de vacaciones», los mismos que ha permanecido Pedro Sánchez en La Moncloa. 

La honradez de la mujer del presidente Sánchez también se verá dañada si en el futuro llegan a celebrarse los juicios por los casos Barrabés -compañero de viaje de Begoña Gómez- o por las investigaciones sobre Globalia y Plus Ultra. Su imagen también se ha visto afectada por las informaciones sobre el negocio de las saunas de su padre en las que se ejercía la prostitución masculina y femenina.

En el caso Barrabés, según las investigaciones, Gómez pudo ayudar al empresario a obtener 18,2 millones en contratos, de los que 9,2 millones pertenecía a la sociedad pública Red.es.

En los casos de Globalia y Plus Ultra la onda expansiva de una supuesta corrupción en la concesión de los rescates económicos durante la pandemia también sacude al entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Para el reflotamiento del holding propietario de Air Europa el Gobierno le concedió una ayuda de 1.100 millones de euros. Todo apunta, al menos esa es la acusación, a que Begoña Gómez pudo influir en la operación financiera en los ratos libres que le dejaban la cátedra de la Complutense y sus negocios con Barrabés.

Con respecto al rescate de la compañía aérea Plus Ultra, subvencionada por el Gobierno de Sánchez en marzo de 2021 con una ayuda de 53 millones de euros, las investigaciones siguen su curso. La aerolínea de capital venezolano recibió esa millonaria cantidad a pesar de que tenía un peso insignificante en el mercado aéreo, pérdidas económicas anteriores a la pandemia y vínculos con la dictadura bolivariana de Venezuela. En las investigaciones aparece el empresario alicantino Julio Martínez, el amigo de Rodríguez Zapatero que llegó a cargar en su Análisis Relevante facturas del expresidente y de sus hijas por el importe de 450.000 euros. Zapatero las justifica bajo el concepto de consultoría.

Santos Cerdán, Koldo, Aldama y los hidrocarburos

El ex secretario de Organización, Santos Cerdán, nombrado por Sánchez como número dos de facto del PSOE tras el cese de Ábalos, es otro de los investigados por varios casos de corrupción.  Entre otras acusaciones, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaba a Santos Cerdán en el núcleo de una trama de corrupta. Según la UCO, gestionó entre 620.000 y 650.000 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas. Los contratos investigados suman la astronómica cantidad de dos mil millones de euros.

En el caso Hidrocarburos, que afecta a Aldama y otros empresarios vinculados con cargos socialistas, especialmente con Ábalos y Koldo García, la trama pudo defraudar 180 millones en IVA. También la misma organización estaría detrás del negocio de la compra de mascarillas. 

Los agentes de la Guardia Civil, a través de los mensajes de Koldo, han podido probar que los ex jefes de gabinete de las ex ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, pudieron reunirse con Aldama y sus socios para acelerar las gestiones administrativas relacionadas con el negocio de los hidrocarburos. Aldama aparece en todos estos movimientos como el interlocutor y conseguidor con el sector socialista. No sólo ha colaborado con la Justicia aportando documentos, sino que sus confesiones han sido vitales para aclarar los vínculos de la trama con Ferraz y los cargos socialistas.  

En esa investigación aparecen las diferentes compañeras sentimentales de Ábalos -ocasionales, como Jesica– que recibieron favores del ex secretario de Organización del PSOE, de Koldo y de la red de hidrocarburos como el alquiler de un piso de la Torre Madrid en la Plaza de España y puestos de trabajo en empresas públicas, sin necesidad de comparecer en su puesto laboral. 

En el caso ADIF, en la que aparece como investigada su expresidenta Isabel Pardo de Vera -la hermana de la ex directora del diario Público quien durante años se dedicó a dar lecciones de ética y moral a otros periodistas-, las pesquisas se centran en contratos irregulares por un importe de 50 millones, sólo en dos años.

Baile de billetes en Ferraz  

La Audiencia Nacional investiga también los pagos en efectivo en Ferraz a sus dirigentes, entre ellos, su secretario de Organización, Ábalos. La UCO emitió un informe en el que se demostraba cómo cargos del PSOE recibían dinero en sobres en la misma sede de Ferraz. El caso sigue abierto en la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Ismael Moreno.

No era la única vez que los billetes surcaban las puertas de Ferraz en sobres de papel o en bolsas de plástico. La empresaria Carmen Pano, relacionada con la trama Hidrocarburos, se ratificó ante el juez en la  entrega en la sede socialista 90.000 euros en metálico por encargo de Víctor de Aldama. El empresario lo negó, pero Pano contó con el testimonio favorable de su chófer.   

La Fiscalía Anticorrupción también abrió una investigación en secreto por amaño de contratos públicos en la SEPI. En la operación fue detenida y puesta en libertad Leire Díez, que se presenta como periodista de investigación pero que es conocida popularmente como la «fontanera del PSOE».

Esa trama de la ‘fontanera’ se cruza con el caso Santos Cerdán, el ex secretario de organización y diputado del PSOE. Junto al presidente de la SEPI fue detenido Antxón Alonso,imputado por el caso Koldo por el pago de mordidas a través de la sociedad Servinabar 2000 S.L. La trama se benefició de comisiones por la gestión de contratos públicos, que iban desde los 132 millones a más de 600. 

El caso Mediador, más conocido como ‘Tito Berni’ por el nombre del exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, se presenta como uno de los más sórdidos de las tramas corruptas que afectan a los socialistas. El ‘Tito Berni’, como lo llamaban las prostitutas con las que se relacionaba, participaba en una red que cobraba comisiones de empresarios a cambio de favores políticos. Los tratos se cerraban en orgías con prostitutas y consumo de sustancias tóxicas. Las investigaciones en curso afectan a una docena de implicados.

Azud, Forestalia y el «legicidio» de los ERE

El caso Azud llevó la sombra de la corrupción al equipo del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, por una financiación irregular de las arcas del PSPV-PSOE, según confesó el dirigente socialista, Francisco Martínez Rico. El exgerente del partido de Ximo Puig, uno de los máximos valedores de Sánchez, reconoció en octubre de 2022 ante la Guardia Civil cómo su partido había pagado varias campañas electorales cuando era tesorero el histórico militante socialista José María Cataluña. La trama había incurrido en delitos de prevaricación, malversación y electorales, pero que habían prescrito.  

El caso más reciente que afecta directamente al sanchismo es el de Forestalia. Desde hace meses, la Fiscalía Anticorrupción investiga a una organización que habría incurrido en delitos de corrupción, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. Todo ello vinculado a la aprobación de manera irregular de planes de energías renovables en Aragón y otras zonas por parte de la empresa Forestalia. Según la UCO de la Guardia Civil, los responsables de la sociedad habrían comprado voluntades para obtener los permisos de impacto ambiental favorables.

Las pesquisas policiales salpican a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y a la actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que era ministra de Transición Ecológica cuando se produjeron las irregularidades administrativas. Y, por último, no quiero dejar fuera del relato otro de los asuntos más deleznables de la corrupción socialista: los ERE de Andalucía. Aunque el escándalo estalló mucho antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa, fue el actual presidente quien coronó el punto final.

El maxiproceso de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), con más de 200 piezas judiciales, concluyó con la condena de una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre quienes se encontraban los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Garpar Zarrías (interino durante un mes) y hasta siete de sus consejeros. Todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, concluyeron que todos ellos trazaron un formato irregular para desviar más de 800 millones de euros de las arcas públicas que beneficiaban a sus militantes y garantizaban el clientelismo político.

La primera condena fue acordada por la Audiencia de Sevilla en 2019, con Sánchez ya en La Moncloa, contra 19 exaltos cargos entre quienes se hallaban Chaves (9 años de inhabilitación por prevaricación), Griñán (6 años de prisión por prevaricación y malversación) y el presidente-vicepresidente Zarrías (9 años de inhabilitación).

En 2022, el Tribunal Supremo ratificó las condenas, pero en 2024 el Tribunal Constitucional -con Sánchez fuerte en La Moncloa en coalición con Sumar- gracias al impulso de su presidente Cándido Conde Pumpido, movió ficha para anular las sentencias. La mayoría de los siete magistrados del Pleno, que se autoproclama «progresista», se puso la toga de magistrado de casación y promovió la eliminación del delito de malversación para dejar fuera a varios consejeros y a Griñán. Al mismo tiempo exoneraba a Chaves alegando «un error técnico en la tipificación de las penas». Hasta que se consumó el «legicidio», Griñán no ingresó en prisión por motivos de salud. La larga sombra de Sánchez consumaba así una de las mayores atrocidades judiciales en España. El asunto sigue ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Más de mil millones de euros de rapiña en casos de corrupción y 400 años de cárcel para un centenar de depredadores que se sentarán en el banquillo puede ser el legado más devastador de Sánchez cuando abandone La Moncloa.