El lobby educativo corresponsable del fracaso escolar en Cataluña tiene 11 pisos turísticos
La Fundació Bofill, principal beneficiaria de subvenciones, figura en la lista de empresas de apartamentos turísticos
Una profesora en una clase con dos alumnos.
Cataluña lleva una serie de años a la cola de España en todas las clasificaciones educativas, desde el PIRLS a PISA. Esta situación ha puesto bajo la lupa tanto el modelo de inmersión lingüística en catalán, que han defendido los sucesivos gobiernos de la Generalitat, como al principal lobby educativo de la región: la Fundació Jaume Bofill. La entidad, principal beneficiaria de subvenciones públicas, gestiona también 11 Viviendas de Uso Turístico (HUT, por sus siglas en catalán), según los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat.
La Fundació Bofill ha recibido solo en los últimos años alrededor de 15 millones de euros en subvenciones de distintas administraciones públicas. Además, es la entidad que ha tenido mayor influencia sobre los planes de educación en la región para orientarlos hacia un modelo impregnado de ideología y «transformación social». Cataluña siempre se ha caracterizado por potenciar modelos pedagógicos alternativos —considerados «pioneros—, basados en «educar en valores» o «justicia social», según afirma la entidad en su web.
No obstante, a la luz del gran número de abandono escolar de alumnos que acusa la región, algunos partidos de la oposición, así como voces de la sociedad civil, han pedido abrir un debate sobre la idoneidad de este modelo. En especial, en una coyuntura de malestar social en Cataluña por el elevado gasto en ayudas directas de la Generalitat (5.000 millones anuales) que ha emergido a raíz de iniciativas individuales de fiscalización del gasto público.
Subvenciones públicas
La Fundació Bofill se define como una entidad sin ánimo de lucro. Desde 2020 se dedica exclusivamente a temas educativos, pero también figura en la lista de empresas o entidades con propiedades inmobiliarias destinadas al uso turístico. Una actividad que el Gobierno de la Generalitat se ha comprometido a restringir porque considera parte del problema del acceso a la vivienda. El digital El Crític elaboró un buscador sobre la base de los datos oficiales en los que figura que este lobby educativo tiene 11 apartamentos turísticos destinados a este negocio. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con la fundación sin obtener respuesta.
En su página web admiten tener un inmueble «cercano» a la Feria de Barcelona «recibido hace más de una década», que contaba con «espacios dedicados a alojar asistentes y trabajadores de la Feria y sin con confluencia con otras actividades». «Los recursos propios de la Fundación se gestionan con un código ético para evitar, entre otras cosas, conflictos de intereses, operaciones especulativas o inversiones inmobiliarias de promoción de viviendas para su venta o alquiler especulativo».
Vox es uno de los partidos que más ha cuestionado la influencia de esta fundación en el sistema educativo catalán. A finales de marzo, tal y como avanzó E-Notícies, presentó una moción en la Comisión de Educación del Parlamento catalán para «suspender de manera inmediata cualquier subvención» a esta fundación. En su texto, justificaban dicha decisión en el hecho de que la Fundació Bofill «ha tenido una influencia notable [en la educación] sin asumir las consecuencias de los resultados». Pero fue rechazada por la mayoría de grupos que sostienen al Govern.
El diputado de Junts per Catalunya, Agustí Colomines, tachó de «falsedad» atribuir el fracaso educativo a una entidad privada «por mucha influencia que pueda tener». Y si bien compartió la necesidad de fiscalizar las subvenciones, evitó explícitamente condenar que la Fundación Bofill tenga 11 pisos turísticos en propiedad: «Quizá sea la forma que tienen de sostenerse».
En 2022, por ejemplo, la Fundació Bofill recibió del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España un total de 12,5 millones de euros mediante los fondos europeos Next Generation. Según el BOE de 16/09/2022, fue un «pago anticipado y único» destinado a la implementación y evaluación de tres programas: Lecxit, Math Tutoring y Pentabilities, en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
No obstante, su principal entrada de dinero público proviene de administraciones catalanas, como la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Los datos más recientes, de 2025, reflejan que se le ha concedido más de medio millón de euros en ese único ejercicio. En contratos públicos, en este último año fueron alrededor de otros 100.000 euros.
Inacción de la Alta Inspección
Como informó THE OBJECTIVE en exclusiva, en 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez redujo un 66% el personal de la Alta Inspección Educativa en Cataluña: pasó de los tres trabajadores que tradicionalmente tienen todas las autonomías a un solo empleado. Esta reducción se dio en un momento muy crítico en el que la región se mantiene a la cola de España en comprensión lectora y con caídas sostenidas en competencias en matemáticas, según varios informes como el PIRLS o PISA.
A todo ello se le suma el malestar de las entidades de padres a favor del bilingüismo por el hecho de que el Ejecutivo catalán mantenga el modelo de inmersión lingüística en catalán, un sistema del que también responsabilizan del elevado grado de fracaso escolar entre castellanohablantes. En paralelo, y fruto de sus dependencias parlamentarias, el Gobierno central ha demostrado desinterés en todo lo relativo a la educación en Cataluña. También eludió impugnar ante el Tribunal Constitucional las dos leyes del catalán que promulgó el Govern en 2022 con el fin de no aplicar, de forma generalizada, el 25% de horas lectivas en castellano.