El inesperado giro de la Fiscalía sobre ETA pone en riesgo tres causas en la Audiencia Nacional
El cambio de criterio sobre los exjefes etarras en el ‘caso Miguel Ángel Blanco’ amenaza también las causas reabiertas por Gregorio Ordóñez y el juez Querol
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
Tres de las siete causas abiertas en la Audiencia Nacional contra los jefes de ETA podrían verse en peligro ante el inesperado cambio de criterio de la Fiscalía respecto a la prescripción de los hechos investigados. Y no son casos cualquiera, sino algunos de los más emblemáticos y sangrientos de los cometidos por la banda terrorista entre los años 1996 y 2000. En concreto, los asesinatos de Gregorio Ordóñez (1996), Miguel Ángel Blanco (1997) y el del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol (2000). El destino de esos casos podría depender en gran parte de la decisión que el juez Manuel García Castellón adopte en los próximos días sobre la imputación o no del exlíder etarra Iñaki Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería‘, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Una de las acusaciones populares ha recurrido para pedir al magistrado que se consideren imprescriptibles los hechos para el terrorista al que la Guardia Civil ha identificado como máximo responsable de ETA y del aparato militar de la banda en 1997. Sin embargo, el Ministerio Público defiende ahora que los hechos habrían prescrito para ‘Iñaki de Rentería’ y para los también investigados Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza‘) y Soledad Iparraguirre (‘Anboto‘). Desde marzo, la Fiscalía se había mostrado a favor de imputar a estos dos últimos. Pero la designación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado la semana pasada suscitó un cambio de criterio respecto a los jefes de ETA investigados por el asesinato del exconcejal del PP en Ermua, secuestrado y asesinado por la banda terrorista hace 25 años.
Un giro de 180º que ha desatado la indignación de las asociaciones de víctimas, a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió el sábado un comunicado en el que niega haber recibido «directrices de carácter político» para optar ahora por la prescripción de los delitos de los exjefes de ETA en el marco de la investigación para esclarecer su responsabilidad intelectual en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Las víctimas se han revuelto contra el brusco cambio de criterio del Ministerio Público, que llevó al fiscal Vicente González Mota, que desde marzo había defendido la imputación de ‘Antza’ y ‘Anboto’, a no acudir al interrogatorio para el que García Castellón había citado a ambos exdirigentes etarras.
Un total de 430 crímenes en juego
La decisión que adopte García Castellón respecto a la imprescriptibilidad o no de los hechos para ‘Iñaki de Rentería’, no solo será determinante para el futuro de la imputación de Mikel Antza y Anboto por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fuentes jurídicas señalan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional está, probablemente, ante la resolución judicial más importante sobre los Derechos Humanos en España desde el inicio del Siglo XXI.
Si el magistrado decidiese aceptar el recurso presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), se podrían considerar imprescriptibles todos los crímenes terroristas posteriores al 24 de diciembre de 1990. Veinte años después de esa fecha, el 24 de diciembre de 2010, España incorporó a su Código Penal la imprescriptibilidad de «los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona», en aplicación del artículo 2 del Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad.
En su recurso, DyJ reclama que el 24 de diciembre de 1994 sea la fecha tomada en cuenta para la prescripción de los delitos terroristas. Eso permitiría ir contra los autores intelectuales en un total de 430 crímenes terroristas: 198 cometidos por ETA (entre ellos casos como el del matrimonio Jiménez Becerril o Tomás y Valiente) y 225 asesinatos yihadistas (entre ellos los del 11-M). Si el juez avalase esa tesis, podrían reabrirse también un total de 55 crímenes perpetrados por la banda terrorista y por los que jamás han sido condenados ni los autores materiales ni los intelectuales. El recurso presentado por DyJ incluía un listado detallado con las 430 víctimas de esos atentados sobre los que se podría investigar y condenar a los autores intelectuales.
El giro de la Fiscalía no afecta a otras cuatro causas
Por el contrario, si el juez García Castellón asumiese el giro de la Fiscalía sobre la prescripción de los delitos en el caso Miguel Ángel Blanco, inmediatamente también podrían ponerse en riesgo las causas abiertas para esclarecer la responsabilidad de los jefes de ETA en los asesinatos de Gregorio Ordóñez y el juez Querol por «autoría mediata» y «comisión por omisión». No obstante, las otras causas cuatro casos abiertas contra las cúpulas de ETA no se verían afectadas por no haber transcurrido más de 20 años desde que fueron perpetrados: son Santa Pola (2002), Sangüesa (2003), T-4 (2006) y Ondarroa (2008).
El cambio de posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el caso Miguel Ángel Blanco ha sorprendido a las víctimas por dos motivos. En primer lugar, porque es diametralmente opuesta a la posición mantenida por el Ministerio Público sobre la causa contra los jefes de ETA en los últimos cinco meses. En segundo lugar, porque contraviene las recomendaciones número cuatro cinco, ocho y diez del informe aprobado el pasado mes de abril por el Parlamento Europeo.
En ese listado de recomendaciones, entre otras, se instaba a España a agotar todas las vías interpretativas del Código Penal para actuar contra los jefes etarras, resolver los 379 atentados sin resolver cometidos por la banda terrorista y reconocer «los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso los anteriores a 2004, y que por tanto se consideren imprescriptibles o no amnistiables».
