La renovación del Constitucional amenaza con agudizar la situación límite del Tribunal Supremo
La tradición marca que dos magistrados del Alto Tribunal sean elegidos para el TC. Sus vacantes se quedarían sin cubrir por la ley que maniata al CGPJ
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ante el rey Felipe VI | EFE
«Desnudar a un santo para vestir a otro». Así describen desde el ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las presiones y maniobras de Moncloa para acometer la renovación del Tribunal Constitucional (TC), sin pactar antes con el PP la renovación del órgano de gobierno de los jueces y sin permitirle hacer nombramientos mientras siga en funciones. Una situación que amenaza con agravar la situación límite que vive el Tribunal Supremo. En la actualidad cuenta con 14 plazas de magistrados sin cubrir y en los próximos meses serán 20 las vacantes por las nuevas jubilaciones. Esta última cifra representa un 25% menos de los efectivos con los que contaba el Alto Tribunal antes de que entrase en vigor la reforma impulsada por el Gobierno, en marzo de 2021, para maniatar al CGPJ e impedirle hacer nombramientos en la cúpula judicial.
Por si fuese poco, la tradición marca que los dos candidatos nombrados por el CGPJ para el Constitucional sean magistrados del Tribunal Supremo. Lo que podría aumentar en otras dos las vacantes en el Alto Tribunal. Y si PSOE y PP lograsen pactar la renovación del órgano de los jueces, del Supremo deberían que salir otros dos magistrados del Supremo para el Congreso. «Serían cuatro vacantes más de golpe, el panorama no es muy esperanzador. Es algo que nos preocupa», indica a THE OBJECTIVE un magistrado del Alto Tribunal.
El propio presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, alertó durante la apertura del año judicial de esta situación. «Ya el año pasado advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento, como prevé la ley, por falta de magistrados», indicó Lesmes ante la atenta mirada del rey Felipe VI, antes de amagar con dimitir si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no alcanzan en las próximas semanas un acuerdo «que ponga solución definitiva a esta situación insostenible».
El agravio con el Supremo
El propio Lesmes valoró de forma positiva que el Gobierno hubiese decidido «volver sobre sus pasos» para reformar en julio pasado la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos. Pero criticó duramente que lo hiciera solo para darle la potestad de cubrir las vacantes en el Constitucional, mientras mantiene la prohibición de para realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos. «Es un agravio no solo para toda la Justicia, sino fundamentalmente para los ciudadanos», añadía el presidente del Alto Tribunal. La actual situación ha provocado que el Supremo dicte unas 1.000 sentencias menos al año.
La renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caducó el 12 de junio puede agravarlo todo aún más. Sobre todo si se mantiene la ley que maniata al CGPJ y si el PSOE y el PP siguen sin llegar a un acuerdo para renovar al órgano de gobierno de los jueces. Esta es una de las principales razones que aducen los que ocho vocales del ala conservadora del CGPJ que han paralizado por el momento y sin fecha los planes del Gobierno para forzar un vuelco progresista en el TC.
En unas semanas dos salas del Tribunal Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento por falta de magistrados
En un intento por lograr una mayoría progresista en el Constitucional, el Gobierno fijó el 13 de septiembre como fecha límite en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que que devolvió al CGPJ su poder para designar a sus dos aspirantes al TC, manteniendo la limitación de funciones para el resto de nominaciones, lo que generó «desafección» en el Consejo.
«Si hay prisas para el CGPJ, también debe haberlas en el Senado»
Otro de los motivos por los que los vocales se han resistido a cubrir las vacantes del TC en los plazos marcados por el Gobierno es el agravio que dicen sentir con respecto al poder legislativo. Mientras todas las miradas se centran en los dos magistrados del TC que debe nombrar el CGPJ, el Senado permanece inmóvil para reemplazar la vacante dejada por Alfredo Montoya. El magistrado renunció a su cargo en el TC el pasado mes de julio por razones de salud y su relevo debe ser aprobado por mayoría de tres quintos en el Senado, sin que hasta el momento parezca que PSOE y PP estén negociando para lograrlo. «Si hay prisas para el Judicial, también debe haberlas para el legislativo», indican fuentes jurídicas.
Los designación de los sustitutos de los cuatro magistrados salientes de la corte de garantías corresponde, a partes iguales, al CGPJ y al Ejecutivo. La Constitución establece que la renovación de los cuatro debe producirse al mismo tiempo, aunque el Gobierno ha amagado en reiteradas ocasiones con nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponde designar sin esperar al CGPJ. Una medida unilateral que, según muchos juristas, tendría un dudoso encaje constitucional.
