Rajoy ya rebajó en 2013 la mayoría cualificada para nombrar a la cúpula del Supremo
El PP modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para enmendar los cambios introducidos por Zapatero, que fueron avalados por el Tribunal Constitucional
Mariano Rajoy interviene en el Senado en 2013. | Marta Fernández (Europa Press)
El debate de las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado más vueltas que una noria en los últimos años. Ahora vuelve al centro de la polémica. El Gobierno quiere reducir los apoyos para que el órgano de gobierno de los jueces pueda elegir por mayoría simple a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. PSOE y Podemos han presentado una reforma legal con ese objetivo mientras que los partidos conservadores han puesto el grito en el cielo. Sin embargo, Mariano Rajoy ya rebajó en 2013 la mayoría cualificada para nombrar a la cúpula del Tribunal Supremo.
Rajoy, valiéndose de la mayoría absoluta de la que disponía, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en junio de 2013 para reducir la mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ necesaria para nombrar a los presidentes de Sala, magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores de Justicia.
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero había introducido en 2004 el requisito de la mayoría cualificada en la norma que regula a los jueces para equiparar esos nombramientos a los de los aspirantes al Tribunal Constitucional. El objetivo era «fomentar la adopción de acuerdos por una amplia mayoría superior incluso a la legalmente exigida, estimulando así una tendencia hacia la unanimidad».
La reforma de Rajoy
El PP de Rajoy mostró su desacuerdo y recurrió los cambios al tribunal de garantías en 2005. A su juicio, la reforma auspiciada por Rodríguez Zapatero vulneraba «el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (artículo 117 de la Constitución) porque pretende que una minoría pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayoría en el seno del CGPJ si no se produce un reparto que la satisfaga».
Los populares sostenían que ese reparto de nombramientos respondía a «cuotas políticas» en lugar de a los principios de mérito y capacidad. Además, se quejaban de que, en la Carta Magna, «las mayorías cualificadas son excepción a la regla general que recurre a las mayorías simples para la toma de decisiones, de modo que el legislador puede hacer uso de ellas para proteger un bien constitucionalmente relevante, evitando restricciones injustificadas del principio mayoritario, y nunca arbitrariamente y menos aún para dar un enfoque político a la justicia».
El Tribunal Constitucional acabó avalando la modificación de Rodríguez Zapatero porque, mientras esos nombramientos respetaran la capacidad de los aspirantes y su derecho a optar en igualdad al cargo, el sistema de mayoría de tres quintos no contravenía la Constitución. El ponente de aquella sentencia fue Pablo Pérez Tremps. El magistrado, adscrito al sector progresista, falleció el año pasado.
«La mayoría exigida para proceder a los nombramientos queda a criterio del legislador orgánico, sin que la opción por una u otra mayoría pueda considerarse contraria a la Constitución», afirmaron los magistrados en la sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2013. Habían pasado ocho años desde que el PP planteó el recurso.
Nuevo cambio de la ley
Unos meses más tarde, en junio, Rajoy acometió una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, optó por volver a la mayoría simple para designar a la cúpula judicial en el Supremo y en los tribunales superiores de Justicia. La medida devolvía el escenario a la situación inicial, el momento anterior a la modificación introducida por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.
El PSOE recurrió la reforma de Rajoy ante el tribunal de garantías, pero el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes rechazó el recurso. Cuando los socialistas volvieron a gobernar, gracias a una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en diciembre de 2018, recuperó la obligatoriedad de contar con una mayoría de tres quintos en el CGPJ para todo tipo de nombramientos. Justo una mayoría que ahora intenta reducir para designar magistrados al Constitucional.
No son los únicos que han cambiado de parecer. El PP (también Vox) ha anunciado un recurso al Constitucional por esta y otras iniciativas legislativas impulsadas en las últimas horas por los partidos que conforman el Gobierno. Entre ellas, que se reduzca el sistema de mayoría cualificada en el CGPJ, una vuelta de tuerca con la que Pedro Sánchez intenta superar el bloqueo del Consejo para renovar el tercio del tribunal de garantías cuyo mandato caducó en junio.
Los populares cuestionan ahora que se reduzca el sistema de mayoría cualificada del CGPJ para que este órgano elija a los magistrados que le corresponde en el tribunal de garantías y no bloquee los polémicos nombramientos efectuados por el Ejecutivo la semana pasada. No obstante, hasta no hace mucho la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo abogaba por reducir esa mayoría de tres quintos.
