El PSOE contraataca con dos nuevos recursos para que el Constitucional no frene su reforma
Los socialistas advierten de que admitir la petición del PP «vulnera el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes»
Pedro Sánchez en un acto este domingo en Valencia. | Rober Solsona (Europa Press)
El PSOE no tira la toalla. Este domingo ha presentado dos nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional. Su objetivo es frenar que dicho órgano admita el recurso de amparo solicitado por el PP para frenar la reforma legislativa que pretende aprobar el Gobierno para renovar el tribunal de garantías. Los socialistas alegan que aceptar el procedimiento que han pedido los populares «vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes». Tras suspender el Pleno del jueves, los magistrados están citados a una nueva nueva reunión este lunes a las 10.00 horas.
Los recursos presentados por el PSOE, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirman que si los magistrados admiten la petición del PP, único punto que recoge el orden del día del cónclave, el Constitucional impediría que los diputados y senadores ejercieran legítimamente sus labores parlamentarias, lo que vulnera el artículo 23.1 de la Constitución, y «perturbaría» el funcionamiento de las Cortes.
Los socialistas pasan al contraataque. Los recursos presentados este domingo, adelantados por eldiario.es, tratan de evitar que el tribunal de garantías admita el texto que el PP registró el viernes, después de que el Congreso diera luz verde a la renovación del Constitucional a través de dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal. El trámite parlamentario se encuentra ahora en el Senado, que el jueves celebrará un Pleno que podría suponer su aprobación definitiva.
La baza del PSOE
Un extremo que el PP quiere evitar. El choque institucional se ha intensificado en los últimos días con una espiral de reproches mutuos. El motivo, los intereses contrapuestos en que salgan adelante las dos enmiendas de la proposición de ley que reforma el Código Penal y que afectan al Constitucional. En ellas, PSOE y Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos a una simple para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos en el tribunal de garantías.
El PSOE afirma que la interposición de nuevos recursos por parte del PP sin haber agotado las vías internas es causa de inadmisión a trámite con carácter previo, «como tiene determinado» el propio órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Los socialistas denuncian que aceptar la medida cautelarísima «implicaría que el Tribunal Constitucional, vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador».
«Una injerencia del Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental que, de darse, podría constatarse posteriormente», advierte el texto presentado por el PSOE y que firma su portavoz adjunta en el Senado, María Fernández.
Los socialistas ponen el foco en que «no existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o grupos parlamentarios respecto al procedimiento desarrollado». Estos recursos del PSOE se unen al aluvión de escritos que han llegado al Constitucional en los últimos días y que llevó a los magistrados progresistas a pedir que se aplazara el Pleno del jueves para estudiarlos en profundidad.
Recusación de dos magistrados
En otro escrito, el PSOE solicita al Constitucional que aparte de la votación a los magistrados Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez. De esa forma, apuntalan la demanda que realizó Podemos el jueves. Los socialistas alegan que ambos fueron nombrados por Mariano Rajoy y que su mandato caducó en junio, por lo que podrían tener «interés directo o indirecto en el pleito o causa».
La recusación planteada por Podemos, y ahora también por los socialistas, abre una vía para que la reforma impulsada por el Gobierno complete su tramitación parlamentaria y se apruebe el jueves en el Senado. Si González-Trevijano y Narváez rechazan participar en la votación, los conservadores, seis de los 11 magistrados que conforman en estos momentos el Constitucional, quedarían en minoría y fracasarían en su intento de frenar las intenciones de Pedro Sánchez.
Si los magistrados señalados no se apartan de forma voluntaria, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el procedimiento hasta que quede resuelto. La tramitación contempla plazos de varios días, un paréntesis que favorecería la aprobación de las enmiendas en el Senado. Para que eso suceda, es fundamental que las recusaciones se aborden en el cónclave de este lunes, aunque el asunto no figura en el orden del día.
El Pleno solo tiene intención de abordar la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio órgano. Lo hará justo un día antes de que dicha reforma (y el resto de enmiendas incluidas en la proposición de ley, como eliminar la sedición o rebajar el delito de malversación) afronten su primer examen en la Comisión de Justicia del Senado.
El recurso de los populares ya estuvo sobre la mesa el jueves. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, suspendió el Pleno tras solicitarlo los cinco magistrados progresistas, que querían disponer de más tiempo para «el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana».
El aplazamiento permitió que la proposición de ley se pudiera votar en el Congreso. Fue aprobada sin la participación de PP ni Ciudadanos. Según los plazos que manejan PSOE y Podemos, el Senado celebrará este martes 20 la Comisión de Justicia, que tendría que aprobar de manera exprés el dictamen de la reforma del Código Penal para que vaya al Pleno del jueves.
