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El TC mantiene su posición y no permitirá al Senado que vote la reforma de la Justicia

La mayoría conservadora ratifica las medidas cautelarísimas sobre las dos enmiendas con las que el Gobierno trata de renovar el tribunal

El TC mantiene su posición y no permitirá al Senado que vote la reforma de la Justicia

Aledaños del Constitucional este miércoles. | Fernando Sánchez (Europa Press)

El Tribunal Constitucional sigue con el plan trazado. El Pleno celebrado este miércoles con carácter de urgencia ha desestimado el recurso presentado por el Senado, que solicitaba dejar sin efecto la decisión de suspender la votación de las dos enmiendas que buscan renovar el tribunal de garantías. La medida, solicitada por el PP, fue aprobada hace dos días gracias a la mayoría conservadora del órgano. La misma que ha ratificado esta noche el fallo, que no impedirá que la Cámara Alta vote este jueves la reforma del Código Penal.

La decisión de mantener la posición adoptada hace solo dos días ha reabierto una grieta en el Constitucional. Como entonces, ha salido adelante por un solo voto de diferencia (seis contra cinco) y gracias a la mayoría del denominado sector conservador. Han hecho falta más de tres horas de intenso debate para llegar a esta conclusión, aunque el caso parece no haberse cerrado aún. Los cinco magistrados progresistas han vuelto a mostrar su intención de formular voto particular.

El Senado acordó personarse en el Constitucional tras su decisión de paralizar la reforma, un escenario sin precedentes. En su recurso solicitaba que resolviera la impugnación antes de la votación. Alegó que suspenderla es «extemporáneo» y que le genera indefensión, ya que el PP solicitó la suspensión del trámite durante su paso por el Congreso. Fuentes del tribunal afirman que esa cuestión quedó zanjada después de que los populares registraran una ampliación del recurso inicial.

La respuesta del Senado

El PP recurrió la semana pasada las dos enmiendas con las que PSOE y Podemos buscaban acelerar la sustitución de los cuatro magistrados que agotaron el mandato en junio. El Constitucional dio la razón al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, pero ambas Cámaras recurrieron la imposición de medidas cautelerísimas.

El recurso del Senado argumentaba que impedir la votación de los senadores vulnera sus derechos, ya que supone «una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido», el la representatividad, protegido en el artículo 23 de la Constitución. Un argumento que ya ofreció el PP al presentar su queja inicial.

El trámite parlamentario de la proposición de ley continúa adelante con la reforma del Código Penal. El Senado aprobará este jueves, como estaba previsto, la rebaja de las penas por el delito de malversación y la derogación de la sedición. No obstante, Vox solicitaba esta tarde en un nuevo escrito que el Constitucional diese un paso más e impidiera la tramitación completa de la proposición de ley. El asunto ni siquiera ha sido debatido.

Lo único que no podrán votar los senadores serán las dos enmiendas paralizadas y que perseguían acelerar la renovación del tribunal de garantías, donde cuatro miembros agotaron su mandato en junio. Un escenario que no supone ningún menoscabo de su legitimidad, explican a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas.

La decisión adoptada por el Constitucional tampoco cuestiona el contenido de las reformas, sino el procedimiento para ponerlas en marcha: una proposición de ley en la que los asuntos tratados no guardan «conexión de homogeneidad con el texto enmendado». Según el PP, supondría «saltarse todos los controles de legalidad» y una vulneración de los derechos de sus representantes públicos.

La intención de Sánchez es consumar el cambio de sistema en la elección de candidatos que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para hacerlo, el Gobierno y sus socios parlamentarios impulsarán otra reforma urgente que sortee el veto del tribunal de garantías mediante una proposición de ley conjunta. El trámite parlamentario se completaría en un mes, pero supondría recuperar «la reforma dura» de la Justicia por la que la Comisión Europea ya dio un tirón de orejas a España.

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