El TC se reúne de urgencia para decidir si levanta el veto a la votación en el Senado

Giro de guion en la reforma judicial que propone el Gobierno. El Tribunal Constitucional volverá a reunirse este miércoles de urgencia para estudiar el recurso presentado por el Senado contra la decisión de suspender la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que buscan renovar el tribunal de garantías, tal y como solicitó el PP. La Cámara Alta pide dejar sin efecto las medidas cautelarísimas dictadas el lunes gracias a la mayoría conservadora.

La reunión ha sido convocada por el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, a las 19.00 horas. El Senado «solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley», indican fuentes del Constitucional. La reunión decidirá si las cautelarísimas siguen vigentes.

El recurso presentado por la Cámara Alta considera que la decisión es «extemporánea». Expone que se encuentra en una situación de indefensión, ya que el PP solicitó la suspensión del trámite durante su paso por el Congreso. Finalmente, quienes se han visto perjudicados son los senadores. Fuentes del tribunal de garantías explican que esa cuestión quedó zanjada después de que los populares registraran una ampliación del recurso inicial, del que continúa siendo ponente el magistrado Enrique Arnaldo.

«Un atropello legislativo»

El Senado subraya que el Constitucional debió tomar una decisión cuando la proposición de ley se estaba tramitando en el Congreso, donde se aprobó el pasado jueves. «La hipotética vulneración del derecho fundamental de los recurrentes no tiene posibilidad de reparación inmediata». El escrito insiste en que detener el trámite parlamentario ocasiona «una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido», el la representatividad, protegido en el artículo 23 de la Constitución.

Tras un intenso día de debate, el Constitucional decidió estimar las medidas cautelarísimas que pedía el PP. Lo hizo en un Pleno totalmente dividido, ya que la decisión se resolvió por un solo voto de diferencia: los seis de los magistrados conservadores a favor contra cinco progresistas. Los populares esgrimían en su escrito que, de seguir el procedimiento legislativo, se estarían vulnerando sus derechos como representantes públicos, tal y como establece el artículo 23 de la Constitución.

En su opinión se trata de «un atropello del poder legislativo» que usa la proposición de ley (reservada para cuestiones de urgencia y sin necesidad de informes preceptivos) y la vía de la enmienda para «saltarse todos los controles de legalidad» con las reformas planteadas para rebajar las mayorías del CGPJ. Además, afirman que los asuntos tratados no guardan «conexión de homogeneidad con el texto enmendado».

«Usted nos recuerda cada vez más a Junqueras y Puigdemont», ha reprochado Cuca Gamarra, portavoz del PP, al presidente del Gobierno durante la sesión de control de este martes. Pedro Sánchez ha recriminado a su formación haber llegado «demasiado lejos» al pedir que el Constitucional paralice de forma cautelar la iniciativa legislativa. «El principal problema es que el PP no acepta el resultado electoral y bloquea el Poder Judicial porque cree que es suyo».

A pesar de que el Constitucional haya detenido el trámite parlamentario, la intención de Sánchez es consumar el cambio de sistema en la elección de candidatos que corresponde al CGPJ. Para hacerlo, el Gobierno y sus socios parlamentarios están dispuestos a impulsar otra reforma urgente que sortee el veto del tribunal de garantías mediante una proposición de ley conjunta.

El trámite parlamentario se completaría en un mes. Las voces críticas denuncian que supondría recuperar la denominada «reforma dura» de la Justicia por la que la Comisión Europea ya dio un tirón de orejas a España.