Gobierno, Congreso y Senado acatarán la decisión del TC que frena la reforma judicial
La presidenta de la cámara ha advertido que el bloqueo de los órganos constitucionales entrañan el peligro de una desligitimación de las instituciones
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. | Europa Press
El Gobierno de España, a través de Felix Bolaños, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, han anunciado que acatarán la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de suspender de forma urgente la tramitación de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado ha asegurado este lunes que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación parlamentaria de la reforma judicial pese a considerar que es «de una gravedad máxima» y afecta a los fundamentos de la separación de poderes.
Así se ha expresado en nombre del Ejecutivo el ministro de la Presidencia, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras conocer esa decisión del Tribunal Constitucional mediante un procedimiento que ha calificado de «insólito». Tras enfatizar que por seis votos a cinco este tribunal ha paralizado una ley en la sede de la soberanía nacional, ha insistido en la lealtad del Gobierno con otras instituciones.
«La resolución del Tribunal Constitucional debe acatarse pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales», ha añadido. A juicio del Gobierno se trata de una decisión de «una gravedad máxima», la más grave adoptada por el TC «en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua».
Esa gravedad ha dicho Bolaños que se fundamenta en que ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que nunca había sucedido, y afecta a los fundamentos de la separación de poderes.
Tras afirmar que la ley no confiere al TC la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales, ha subrayado que este tribunal ha paralizado también su propia renovación y «algunos magistrados, con su voto, han decidido su propio futuro».
Además, ha señalado que todo el mundo imagina las razones por las que el PP mantiene el bloqueo del CGPJ y el TC, y que el principal partido de la oposición quiere controlar el Parlamento tanto cuando es mayoría como cuando no lo es y decidir qué se aprueba y que no.
«Hoy, lamentablemente se ha abierto esa puerta y no sabemos adónde nos conducirá», ha advertido antes de resaltar que el Gobierno comprende y comparte la preocupación que pueden tener los ciudadanos ante esta situación y por eso les transmite un mensaje de tranquilidad.
Así, ha garantizado que «frente a los que han decidido rebasar todos los límites, el Gobierno seguirá actuando siempre en el marco de la ley y de la Constitución» preservando la democracia.
Batet: acata pero traslada su «preocupación»
La presidenta del Congreso ha anunciado que pedirá ser «oída» en el procedimiento para defender «la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo» y ha mostrado su «preocupación» por este hecho «sin precedentes».
Así se ha pronunciado Batet a través de una declaración institucional leída en el Congreso en la que ha remarcado que aún no ha recibido notificación formal de una decisión del TC hacia la que ha mostrado su «respeto».
Batet ha comparecido desde la sede de la soberanía nacional para alertar «del peligro que entraña» el bloqueo de los órganos constitucionales. «El Congreso en el ejercicio de sus funciones se guía por el leal cumplimiento del reglamento y la Constitución» y continuará siendo de tal manera, según ha afirmado. «El Congreso para ejercer sus competencias interpreta la Carta Magna y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional», ha añadido.
«Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales», ha avisado Batet.
Y ha abundado: «En el marco de los entendimientos sobre las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Constitución».
En este contexto, ha puesto de relieve que la «Norma Suprema», a través de distintas previsiones, «garantiza y preserva
el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación. Sin interferencias» y que este «es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia
constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales».
Llegados a este punto, Batet ha remarcado que «la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional». Si bien ha dicho esperar que «a la mayor brevedad» la Cámara espera ser «oída» y poder presentar ante el TC sus «argumentos para defender la autonomía parlamentaria y las funciones del poder legislativo».
Ander Gil: «Hoy es un día insólito para la democracia»
«Hoy es un día insólito para la democracia». Así ha arrancado el presidente del Senado, Ander Gil, su declaración institucional para analizar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación de la reforma de Pedro Sánchez en la Cámara Alta. «Jamás se había despojado a las cortes generales de su capacidad para legislar», ha lamentado Gil, al tiempo que ha anunciado que acata la decisión.
«Conocido el contenido, se estudiarán las vías para preservar la autonomía parlamentaria», ha avisado, porque -a su juicio- «la inviolabilidad de las Cortes ha quedado corrompida». En este sentido, ha advertido del «alto coste en términos democráticos» del dictamen desfavorable del TC, y ha subrayado la «gravedad» de la situación y del «punto de difícil retorno» en el que nos encontramos.
Asimismo, el presidente del Senado ha hecho «un llamamiento a la calma y la serenidad» y ha defendido que la democracia es «fuerte» y dispone de «mecanismos» para contrarrestar la decisión del órgano de garantías.
El Tribunal Constitucional ha estimado este lunes las medidas cautelarísimas que solicitaba el PP y tumba la reforma exprés del Gobierno. Por primera vez en 40 años, en una decisión sin precedentes, los magistrados paralizan un trámite parlamentario en el Senado, donde PSOE y Podemos pretendían aprobar los cambios legislativos este jueves. La resolución llega horas después de admitirse a trámite el recurso de los populares contra las dos enmiendas con las que el Ejecutivo trata de reformar el sistema de elección de los candidatos que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras un intenso día de debate, los miembros del Constitucional han decidido estimar las medidas cautelarísimas que pedía el PP. Los magistrados entran de lleno en un asunto que lleva días acaparando titulares y reproches mutuos entre formaciones. Los miembros del tribunal entienden que continuar con la tramitación parlamentaria podría causar «un daño irreparable» a los derechos de los representantes públicos, tal y como establece el artículo 23.1 de la Constitución.
