El Constitucional paraliza la reforma exprés del Gobierno para acelerar su renovación
La decisión de los magistrados detiene el trámite parlamentario en el Senado, donde PSOE y Podemos pretendían aprobarlo este mismo jueves
Fachada del Tribunal Constitucional | Fernando Sánchez (Europa Press)
Se acabó la incertidumbre. El Tribunal Constitucional ha estimado las medidas cautelarísimas que solicitaba el PP y tumba la reforma exprés del Gobierno. Por primera vez en 40 años, en una decisión sin precedentes, los magistrados paralizan un trámite parlamentario en el Senado, donde PSOE y Podemos pretendían aprobar los cambios legislativos este jueves. La resolución llega horas después de admitirse a trámite el recurso de los populares contra las dos enmiendas con las que el Ejecutivo trata de reformar el sistema de elección de los candidatos que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras un intenso día de debate, los miembros del Constitucional han decidido este lunes estimar las medidas cautelarísimas que pedía el PP. Los magistrados entran de lleno en un asunto que lleva días acaparando titulares y reproches mutuos entre formaciones. Los miembros del tribunal entienden que el PP tiene razón en su recurso, que esgrime que de seguir el procedimiento legislativo se estarían vulnerando sus derechos como representantes públicos, tal y como establece el artículo 23 de la Constitución.
La votación ha sido ajustada, ya que la decisión ha sido aprobada por solo un voto de diferencia. Los seis magistrados conservadores han votado a favor de estimar las cautelarísimas mientras que los cinco progresistas se han mostrado en contra. Todos ellos han anunciado su intención de formular voto particular. La decisión del Constitucional solo afecta a las dos enmiendas con las que PSOE y Podemos intentan acelerar la renovación del órgano, por lo que el trámite parlamentario para reformar el Código Penal sigue adelante.
Debate en el Constitucional
Al estimarse las medidas cautelarísimas, aquellas de carácter provisional que se adoptan a instancia de parte en atención a la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, el Gobierno no podrá aprobar la reforma exprés para acelerar la renovación del Constitucional en el Senado. Eso no significa que se cierre el procedimiento, ya que los magistrados deberán entrar en el fondo de la cuestión en el futuro. Algo que podría suceder con una mayoría progresista en el órgano.
Una vez finalizada la reunión, a las 22.15 y tras más de nueve horas de intensas deliberaciones, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, ha partido hacia ambas Cámaras para comunicar la decisión de los magistrados. Un trámite necesario que obligará a cambiar los planes de la Comisión de Justicia del Senado que se celebra este martes. La decisión ha dado lugar a un aluvión de valoraciones, entre ellas las de los portavoces socialistas, que acatan la decisión pero anuncian nuevos recursos.
La jurisprudencia ya advirtió en 2011 que la fórmula escogida por el Gobierno para acelerar el proceso, dos enmiendas en una proposición de ley que incluye la reforma del delito de malversación y la desaparición de la sedición en el Código Penal, no es la idónea, por lo que podría ser considerada como inconstitucional en el futuro. No obstante, la Fiscalía del Constitucional no era partidaria a adoptar medidas cautelarísimas.
El PP decidió presentar un recurso de amparo ante el Constitucional al constatar «el atropello del poder legislativo» que estaban llevando a cabo los partidos que conforman el Gobierno al usar la proposición de ley (reservada para cuestiones de urgencia y sin necesidad de informes preceptivos) y la vía de la enmienda para «saltarse todos los controles de legalidad» con las reformas planteadas para rebajar las mayorías del CGPJ. Además, afirman que los asuntos tratados no guardan «conexión de homogeneidad con el texto enmendado».
La deliberación ha dejado patente las posiciones encontradas, con una minoría progresista que ha intentado recusar a los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, tal y como solicitaban PSOE y Podemos. No lo han conseguido porque la mayoría conservadora ha afirmado que «no es el momento de abordar el asunto». Lo que sí han logrado es la personación de los partidos que conforman el Gobierno en la causa.
Estos presentaron sus propios escritos para impedir que ambos magistrados intervinieran en el cónclave. En esos documentos, PSOE y Podemos solicitaban reprobar a dos magistrados por tener el mandado caducado desde junio y, por tanto, «interés directo o indirecto en el pleito o causa». La formación morada incluso ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la cuestión.
El cónclave estaba convocado el pasado jueves, el mismo día que el Congreso aprobó la proposición de ley que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y los cambios de mayorías en el CGPJ. Sin embargo, los magistrados progresistas del Constitucional solicitaron más tiempo para estudiar los documentos. El presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, accedió a aplazar el cónclave ante la posibilidad de un enfrentamiento.
