El Constitucional arranca su renovación con la reunión del Pleno para verificar candidatos
Con los cuatro nuevos ingresos al tribunal se cambia el tablero de mayorías a favor del sector progresista
Juan Carlos Campo y Laura Díez, candidatos del Gobierno al TC.
Una vez que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado los nombres de los candidatos a sustituir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio empieza el proceso interno de la corte de garantías para que se lleve a cabo su renovación parcial. Los nuevos ingresos suponen un cambio en la mayoría del tribunal a favor del ala progresista.
Tal y como han confirmado fuentes del tribunal a THE OBJECTIVE, el presidente del Tribunal Constitucional, tras haber hablado con el vicepresidente, «ha acordado convocar de forma inmediata un Pleno Gubernativo para realizar el trámite de la verificación de idoneidad de los magistrados designados por el Gobierno y por el CGPJ, una vez se reciba en la sede del Tribunal el Acuerdo de la designación efectuada hoy por el Pleno del Consejo». El objetivo es reemplazar al actual líder del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
Ahora que los cuatro nombres están sobre la mesa, se activa el proceso legal que conducirá a su toma de posesión. El primer paso es que el Pleno de la corte de garantías se reúna para verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidatos: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez; el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sus miembros deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, «todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función». Tras ello, jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años. Concluido este acto protocolario, ya podrán tomar posesión en el TC.
Cambios de mayorías
Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista. De hecho, la semana pasada el TC resolvió una votación inédita con esta fórmula -6 a favor y 5 en contra- para paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
La llegada de Segoviano, Campo y Díez cambiará este escenario y favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir siete magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con cuatro. Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo por motivos de salud; la ley estipula que su plaza se cubrirá de la misma forma en la que se designó al magistrado que se sustituye y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.
Una vez que los cuatro nuevos integrantes del Constitucional tomen posesión, se procederá a la elección de los nuevos presidente y vicepresidente para reemplazar a González-Trevijano y Xiol. Será una votación secreta que, en una primera vuelta, requerirá mayoría absoluta y, en caso de que no se alcance, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple.
«En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad», señala la ley. El nombre del presidente y del vicepresidente elegido se elevará al jefe de Estado para su nombramiento por un período de tres años. Solo podrán ser reelegidos una vez.
Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido como candidatos a presidir el órgano de garantías son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista del tribunal. Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press descartan entrar a valorar si la entrada de Segoviano en el Constitucional puede suponer que la balanza se incline a favor de Conde-Pumpido o de Balaguer. Las mismas fuentes se limitan a celebrar que por fin hay acuerdo para renovar el tribunal.
Mandato acordado
Con todo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del órgano, «tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados».
Asimismo, el texto legal precisa que ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, «salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años». La ley también contempla qué debe hacerse en casos como el actual, en el que la renovación se ha visto retrasada cuatro meses. «Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación», detalla.
