La Audiencia Nacional abre otra pieza para investigar la tecnología de las cartas bomba
El procedimiento es secreto y se activa después de que el juez tomara declaración a los responsables de seguridad de los entes que recibieron el material
La Audiencia Nacional ha acordado abrir una pieza separada en la causa que investiga el envío de seis cartas bombas a distintas instituciones y personalidades públicas a finales de noviembre. La intención del juez José Luis Calama es conocer los elementos tecnológicos que se utilizaron para fabricar los paquetes explosivos y determinar su autoría. Los informes policiales apuntan a que proceden de Valladolid. El procedimiento ha sido declarado secreto y se activa después de que el magistrado tomara declaración a los responsables de seguridad de los entes que recibieron el material pirotécnico.
El Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional concentró la investigación por terrorismo a finales de noviembre. Según han explicado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, se ha abierto una pieza separada secreta dentro del procedimiento. El objetivo es determinar qué elementos y qué tecnología se utilizó para cercar a los responsables de los envíos que pusieron en jaque a distintas instituciones del país.
La investigación se abrió a raíz del sobre explosivo que hirió a un trabajador de la legación diplomática ucraniana. Ese mismo día, la Policía Nacional puso el caso en conocimiento de Calama. El resto de paquetes fueron dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ministerio de Defensa, la base aérea de Torrejón de Ardoz, a una empresa de armamento en Zaragoza y a la embajada de EEUU en Madrid, aunque fue interceptado en el filtro.
Declaraciones en la Audiencia Nacional
Todas las cartas bomba contaban con características comunes. Tenían un envoltorio de color marrón, contenían material pirotécnico casero similar a la pólvora y pequeños trozos de metralla. Además, la caligrafía del remitente es semejante. La Policía Nacional remitió a principios de diciembre unos informes preeliminares a la Audiencia Nacional. Los indicios apuntan a que todos los ataques tienen un origen común. Los agentes sospechan que las cartas bomba han sido enviadas por la misma persona y desde la provincia de Valladolid.
Los responsables de seguridad de los órganos que recibieron la cartas bombas tuvieron que personarse el 22 de diciembre en la Audiencia Nacional. El juez Calama les tomó declaración para tratar de arrojar un poco de luz al caso. Los testigos corroboraron ante el magistrado la versión que ofrecieron ante la policía, que incluía detalles concretos sobre el aspecto de los paquetes.
El instructor tomó declaración a los responsables de seguridad de Presidencia del Gobierno, a los técnicos de seguridad del Ministerio de Defensa, al jefe de Seguridad de la Embajada de EEUU en Madrid, al vigilante de la Embajada de Ucrania al que le explotó la carta y a los integrantes del servicio de seguridad del Centro de Satélites de la Unión Europea con sede en Torrejón. Tiene aún pendiente verse con el trabajador de Instalaza que recibió el paquete en Zaragoza.
La Policía continúa analizando la caligrafía, las huellas, la trazabilidad de las cartas e incluso cámaras de seguridad para tratar de localizar al emisor de las cartas bomba. Las fuentes consultadas por este diario admiten que todas las líneas de investigación siguen abiertas, aunque los investigadores se decantan porque el autor carezca de formación profesional. Sostienen que la fabricación de estos paquetes es sencilla, por lo que pudo prepararlos cualquier persona con acceso a Internet.