Las cartas bomba dejan de nuevo en evidencia los sistemas de seguridad de Correos

La llegada de seis sobres explosivos a distintas instituciones del Estado en cuestión de una semana ha vuelto a poner en el punto de mira los protocolos de seguridad de Correos. La historia se repite un año y medio después de que los filtros de la empresa pública de servicio postal tampoco detectasen la carta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con una navaja ensangrentada, ni ninguno de los sobres enviados al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil con amenazas y balas de fusil de asalto. 

Las cartas con material pirotécnico dirigidas al presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, la Base Área de Torrejón de Ardoz, las embajadas de EEUU y Ucrania, y a la empresa armamentística de Zaragoza, conocidas en las últimas 48 horas, han sido interceptadas por los controles policiales de las mencionadas instituciones, a excepción de la enviada a la delegación ucraniana, que llegó a manos de un funcionario, herido leve tras la deflagración del artefacto. En ningún caso fueron advertidos por funcionarios o trabajadores de Correos, aseguraron el jueves desde el Ministerio del Interior. 

Las máquinas de radioscopia que deberían haber identificado el material explosivo que contenían los paquetes dirigidos al presidente Pedro Sánchez o a la ministra Margarita Robles en los centros de tratamiento de Correos no cumplieron con su cometido, o este fue deficiente. Las fuentes consultadas insisten en la antigüedad de algunos de estos escáneres, no solo en el caso de empresas públicas, sino también en el de las instituciones del Estado: «No pasan los controles de calidad desde hace años». La falta de personal, por otro lado, también provoca que no puedan revisarse todos los paquetes, sostienen las mismas fuentes.

El enfado en la compañía postal, según publica El Confidencial, es mayúsculo. Correos adjudicó recientemente a una empresa de seguridad la protección de su centro de procesamiento en Madrid, e incluso se designó a un nuevo responsable de área. Los paquetes explosivos pasaron, al parecer, por manos de numerosos empleados, pero los controles no funcionaron. 

Protocolos de seguridad caducos

Tras los hechos acontecidos en abril de 2021, la empresa pública, según admitió, reforzó la seguridad y elevó el nivel de alerta en todas las operaciones. Frente a este punto, los sindicatos de UGT y CCOO, siempre mantuvieron que la compañía postal no actualizaba los protocolos de seguridad desde 2009. Desde estas organizaciones aseguraron que de los 22 millones de envíos diarios, solo pasaban por los escáneres un 4% del total. Es decir, 300 de los más de 6.600 millones de envíos que realiza al año Correos. 

Deficiencias en la seguridad que incluso el propio Gobierno, en palabras entonces de la ministra portavoz, María Jesus Montero, se comprometió a revisar a fin de determinar si era conveniente reforzar los mecanismos de control de paquetería. Dieciocho meses después, sin embargo, el panorama demuestra lo contrario. La Policía ha contabilizado ya seis paquetes explosivos y la Comisaría General de Información, encargada del caso, trata de buscar al autor de los envíos. 

Un lobo solitario

Por su parte, Correos ha indicado que está colaborando con las fuerzas de seguridad en la investigación. Ha puesto, según fuentes de la compañía, toda la información que tiene a disposición de las pesquisas y ha evitado dar detalles de los protocolos que se siguen «por razones de seguridad y confidencialidad con el caso». Al mismo tiempo, según ha adelantado VozPópuli, ha pedido a sus empleados «máxima colaboración y precaución» ante el envío de cartas con artefactos pirotécnicos. Entre los empleados, no obstante, también cunde el pánico ante la posibilidad de hallar algún paquete ‘bomba’.

Los investigadores, mientras tanto, avanzan en el caso. Según las primeras indagaciones, todos los paquetes explosivos interceptados tienen características similares: han sido de fabricación casera, son de color marrón y tienen idéntica letra. Y todo apunta, según las primeras pesquisas policiales, a que habrían sido enviadas a las distintas instituciones y autoridades del Estado por la misma persona desde España.

«Existen indicios que apuntan a que los sobres proceden del territorio español, pero digo esto con toda la prudencia», señaló el secretado de Estado, Rafael Pérez, en una rueda de prensa este jueves para dar cuenta de los hallazgos en las últimas horas. Las fuentes consultadas señalan que podría tratarse de un un lobo solitario con base en el país, puesto que el remitente coincide en los seis sobres. En cualquier caso, la Policía continua analizando la caligrafía, las huellas, la trazabilidad de las cartas e incluso cámaras de seguridad para tratar de localizar al emisor de los paquetes bomba.

Pérez incidió en que todos los sobres contenían material pirotécnico, no explosivo, por lo que en el caso en el que estalló, en la Embajada de Ucrania, solo produjo una deflagración, es decir, una «llama súbita» que provocó heridas leves a un funcionario. Por otro lado, el artefacto interceptado esta madrugada en la Base Aérea de Torrejón no ha sido destruido, sino neutralizado para que las fuerzas de seguridad puedan investigar su origen. De este modo, los agentes centran las pesquisas solo en una de las seis cartas halladas, la última, en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. 

El sobre de Moncloa

Cuestionado por el retraso de una semana en la comunicación a la Audiencia Nacional sobre la carta explosiva enviada al presidente del Gobierno, el secretario de estado insistió en que agentes de Policía y Guardia Civil ya iniciaron el pasado 24 de noviembre las primeras investigaciones, tras recibir el aviso del Departamento de Seguridad Nacional. Y que fue este miércoles, al advertir la similitud entre todos los paquetes explosivos, cuando se decidió remitir estos hechos a la AN, que ya ha incoado diligencias. 

Por el momento, desde Interior han descartado aumentar el nivel de alerta terrorista dado que los «hechos», en palabras de Pérez, «no tienen entidad suficiente» y, por tanto, no se ha planteado convocar a la mesa de evaluación. No obstante, se ha dado orden de reforzar por tiempo indefinido los dispositivos de seguridad en embajadas y consulados, de los que se encargan Policía y Guardia Civil, así como de todas las instituciones del Estado.