El PSOE descarta presentar un plan para renovar el CGPJ y conmina a Feijóo a negociar

El PSOE descarta presentar un plan para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los socialistas califican de «nueva excusa» la propuesta que ha anunciado el PP para cambiar el sistema de elección de vocales. Por eso conminan a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a negociar una nueva composición del órgano de gobierno de los jueces y «cumplir la Constitución». Creen que el texto registrado en el Congreso por los populares no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente y que solo sirve para mantener «el bloqueo» del Consejo, que lleva más de cuatro años con el mandato caducado.

«No es un plan, sino una nueva excusa. Una práctica habitual del PP cuando está en la oposición», lamenta un dirigente del PSOE. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE descartan una maniobra para renovar el CGPJ. Rehúsan, por tanto, a presentar una iniciativa como la que registraron en el Congreso en octubre de 2020 junto a Podemos para rebajar la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para elegir a los vocales del Consejo por una mayoría absoluta.

La proposición de ley fue retirada después de que la Comisión Europea mostrara serias dudas en la fórmula. El PSOE considera que las reglas del juego no se pueden cambiar sobre la marcha y, siguiendo las recomendaciones del órgano presidido por Ursula von der Leyen, emplazan al PP «a lo urgente»: sentarse a negociar la renovación de los 20 vocales del CGPJ.

La fórmula del PSOE

El mandato del Consejo caducó en diciembre de 2018. Por el camino perdió a dos integrantes: María Victoria Cinto, fallecida, y Rafael Fernández Valverde, jubilado tras al alcanzar la edad máxima para ser magistrado. Los socialistas consideran que todo lo que no sea acercar posturas para consensuar los miembros del CGPJ supone «mantener el bloqueo» a la institución e incumplir la Constitución. «Es lo que lleva haciendo el PP estos cuatro años», se queja un destacado miembro del PSOE.

Durante ese tiempo, PSOE y PP han acercado posiciones sin éxito hasta en cinco ocasiones. La renovación del CGPJ requiere el consenso de ambas fuerzas, ya que para sacar adelante la elección en las Cortes es necesaria una mayoría de tres quintos.

Los 20 vocales se reemplazan de dos formas. Ocho componentes son abogados o juristas de reconocido prestigio seleccionados por los partidos. Deben pasar por la Comisión de Nombramientos, un mero trámite porque ya existe un pacto previo. Los 12 integrantes restantes son elegidos en el Congreso y el Senado (seis cada uno) entre una lista de 50 candidatos que presentan las asociaciones judiciales.

El PP quiere despolitizar la elección. El texto registrado el 30 de diciembre en el Congreso insiste en cambiar el sistema que escoge a los 12 vocales de extracción judicial, que pasarían a ser seleccionados a través del voto directo de todos los jueces. La intención es que estos seleccionen hasta seis candidatos en una lista abierta. Los seis más votados pasarían a formar parte del Consejo. De esa forma «se fortalece la independencia judicial» a través de criterios «más rigurosos y transparentes».

Veto a cargos políticos

El objetivo de los populares es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se posicione a favor de la medida, con la que se mostró favorable durante la campaña electoral de 2019. El PP ya la incluyó en su programa ocho años antes. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy cambió los planes y, en lugar de acometer la reforma del sistema de elección, en 2013 se nombraron nuevos vocales según la fórmula vigente.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo también quiere endurecer los requisitos de los candidatos. Con el nuevo sistema existirían tres categorías: dos vocales deberán ser magistrados del Tribunal Supremo, tres tener una antigüedad de más de 25 años y otros siete jueces no estarían sujetos a requisitos temporales. Además, exigen que no puedan aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

Algunas de esas medidas ya estaban incluidas en el acuerdo que Gobierno y PP pactaron en octubre, pero que acabó suspendido de forma unilateral por los populares tras advertir que el PSOE tenía la intención de reformar el Código Penal para rebajar las penas por delitos de sedición. «Es una incongruencia insalvable», afirmaron los de Feijóo en una nota de prensa. Los socialistas consideraron que el líder de la oposición cedió a las presiones «de la derecha más extrema».

El PP espera que su propuesta satisfaga a la Comisión Europea, que desde hace meses reclama a España que cambie su sistema de elección. Los dirigentes socialistas son conscientes de esa demanda, pero subrayan que el órgano comunitario prioriza la renovación del CGPJ para abordar a continuación la modificación de la fórmula para seleccionar a sus miembros. Un escenario al que se comprometió el PSOE con Feijóo en la última negociación, la que saltó por los aires en octubre.

Intentos frustrados

Los socialistas consideran que la reforma del delito de sedición fue la enésima excusa de los populares para no renovar el CGPJ. «Ha habido tres bloqueos de este órgano constitucional y los tres con el PP en la oposición», alerta un miembro del PSOE. Su partido ha rememorado tales ocasiones con un vídeo en sus redes sociales en el que insiste que dicho modus operandi ya lo sufrieron Felipe González en 1995; José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y Pedro Sánchez desde 2018.

Las negociaciones comenzaron ese año. En noviembre, días antes de que caducara su mandato de cinco años, el líder del PSOE y Pablo Casado alcanzaron un acuerdo que incluía una mayoría de vocales progresistas y dejaba la presidencia en manos de Manuel Marchena. Saltó por los aires tras la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado que aseguraba que esa fórmula permitía a su partido controlar «desde atrás» la sala encargada de juzgar la corrupción en el Supremo.

Las elecciones de 2019 y la pandemia dejaron en suspenso las negociaciones. Se retomaron al finalizar el estado de alarma, pero la salida de España de Juan Carlos I en agosto de 2020 y las críticas a la Corona de varios dirigentes de Podemos, ya en el Gobierno, volvieron a romperlas. Un año después, los populares vetaron a dos vocales que proponía la formación morada y cuando parecía que el acuerdo estaba cerca, una crisis interna acabó con el liderazgo de Casado. Su sustituto negó conocer el pacto.