Casado entregó a la ‘número dos’ de Feijóo el pacto judicial... pero ella lo niega

El equipo de Pablo Casado entregó a la actual secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, toda la documentación sobre la negociación con el Gobierno en temas de Justicia. Entre esos papeles estaba el documento firmado por Teodoro García Egea y Félix Bolaños para poder renovar el Tribunal Constitucional (TC) ante el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que Alberto Núñez Feijóo dice ahora desconocer, según señalan fuentes próximas al anterior presidente de los ‘populares’ a THE OBJECTIVE.

«Cuca (Gamarra) lo sabía, estuvo informada y se reunió con Bolaños (el 16 de marzo). Tuvo el papel encima de la mesa. Claro que estaban al tanto, ella y la actual dirección», relatan las citadas fuentes un tanto perplejas ante las palabras de Feijóo este jueves en la localidad coruñesa de Porto do Son, cuando dijo que no conocía el acuerdo y que su antecesor no le entregó «ningún documento» al respecto durante el traspaso de poderes. Sin embargo, un portavoz de Génova señaló a este diario que la secretaria general no recibió «en ningún momento» dicho documento.

El actual presidente del PP fue más allá al subrayar que dicho pacto entre Bolaños y García Egea no se discutió en ninguna reunión del comité de dirección de los ‘populares’, ni en la Ejecutiva que preside «ni en la anterior». Un extremo que sí que confirman a este periódico varios dirigentes que estuvieron en el núcleo duro de Casado.

«Fue una negociación llevada muy en secreto y que no se llegó a cerrar, por lo que no estaban obligados (Casado y García Egea) a dar todos los detalles», reconoce uno de los miembros del anterior comité de dirección del PP. Desde el equipo de Casado se esquiva este dilema y prefieren centrarse en que se entregaron todos los documentos de la negociación judicial, «la más importante» en la que estuvo implicada la anterior dirección.

El documento pactado por Bolaños y García Egea, que fue desvelado por ‘El País’ el pasado martes y lleva fecha de 21 de octubre de 2021, establece el compromiso de PSOE y PP de modificar la Ley del Poder Judicial para poder renovar las plazas vacantes del Constitucional a pesar de que el CGPJ esté con el mandato caducado. Precisamente, ese cambio legal es necesario si se quiere renovar el TC porque el Gobierno limitó las funciones del CGPJ en febrero de 2021.

El equipo de Casado se quedó con una copia

Las fuentes consultadas sitúan la entrega de los papeles sobre esa negociación en el mes de marzo tras la dimisión de García Egea y coincidiendo con el período de interregno que hubo en Génova, en el que el partido estuvo dirigido por Gamarra como coordinadora general y por el presidente del comité organizador del congreso (COC), Esteban González Pons, quien luego fue elegido por Feijóo para negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ. Si bien Casado se mantuvo formalmente como presidente del PP hasta el cónclave de Sevilla de principios de abril, en realidad no tuvo ningún rol ejecutivo en aquellas semanas de marzo ni intervino en ninguna decisión relevante. Su papel fue testimonial, insisten sus más allegados.

Es más, el equipo de Casado hace hincapié en que el PP se quedó con una copia del polémico documento firmado por García Egea y Bolaños unos meses antes. Y que ese papel se incluyó en el dossier entregado a Gamarra antes de su reunión del 16 de marzo con el ministro de la Presidencia en el Congreso de los Diputados, algo que niega la actual dirección.

Este cruce de reproches entre la anterior y la actual dirección del PP no es el primer choque que sale a la luz desde el congreso de Sevilla. En el equipo de Casado ya sentó mal en junio que Génova les señalase por dar la orden de presentar un recurso para pedir la absolución del extesorero Luis Bárcenas por las obras en la sede nacional y, de esta forma, intentar revocar la condena del PP como responsable civil subsidiario.

«Nosotros no dimos la orden de absolver a Bárcenas», subrayó entonces un dirigente del núcleo duro de Casado tras unas declaraciones de González Pons en las que culpó al equipo del anterior líder del PP de esa estrategia jurídica que, en su opinión, chocaba con la «lógica política», por lo que la dirección presidida Feijóo decidió retirar el recurso con efecto inmediato.

El vicesecretario de Institucional aseguró que la actual dirección nacional del PP conoció ese recurso «presentado por los abogados del partido» en el que se pedía la absolución de Bárcenas tras la exclusiva de El País. El escrito «se redactó en el mes de noviembre», precisó González Pons, y se presentó «ad cautelam tres días antes» del congreso de Sevilla del 1 y 2 de abril que eligió presidente del partido a Feijóo en sustitución de Casado. Es decir, el pasado 28 de marzo.

Luego vendría la confirmación del recurso con fecha de 19 de abril, si bien al inicio del escrito el procurador aludió a la fecha del 28 de marzo, cuando «esta parte vino a formalizar ad cautelam el recurso de casación que ya había anunciado» contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Este tribunal condenó en octubre a Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en ‘b’ más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede nacional de los populares. Una pena que extendió al PP como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación del edificio.

González Pons insistió en las fechas en las que se formalizó el recurso, antes de la llegada de Feijóo a Génova, y aunque admitió que «entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido», porque están «convencidos y seguros» de que el partido es «inocente y fue injustamente condenado», lo cierto es que en este caso «la estrategia jurídica choca con la lógica política».

Sin embargo, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE pusieron en duda que desde Génova se ordenase en noviembre al bufete Baker McKenzie redactar el recurso y, sobre todo, que Casado diese luz verde a finales de marzo a la impugnación ante el Supremo. En este sentido, hicieron hincapié en que en aquel momento el PP se encontraba dirigido por el comité organizador del congreso, a cuyo frente se encontraba el propio González Pons. El mismo argumento que ahora se esgrime con el asunto del pacto firmado sobre el CGPJ.

«El COC era el último responsable en este tipo de decisiones», alegaron entonces desde el equipo de Casado, muy molestos por el señalamiento que se hizo a la anterior dirección nacional en este asunto. Al hilo de ello, recordaron que el exlíder de los populares siempre se mostró sumamente crítico con las actuaciones de Bárcenas en el pasado y con los casos de corrupción que lastraron las etapas políticas de sus predecesores en Génova.

Por ello, Casado anunció la venta de la sede nacional en febrero de 2021 a raíz de las declaraciones del extesorero durante el citado juicio, esgrimieron desde su entorno. Una operación inmobiliaria que se descartó por completo tras la llegada de Feijóo a Génova al no considerarla prioritaria, tal y como adelantó THE OBJECTIVE en abril.