Las familias del 25% piden apartar del recurso a la magistrada del TC nombrada por Sánchez
Las organizaciones han señalado que Díez ya votó a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas en el Consejo de Garantías Estatutarias
La magistrada del Constitucional Laura Díez. | Gtres
Escuela de Todos ha comunicado que como parte implicada en la causa de la presencia del castellano en las aulas solicitará la recusación de la magistrada Laura Díez -ex alto cargo de La Moncloa que fue designada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo- tras conocer que será la encargada de elaborar la ponencia sobre el recurso del PP y el de Ciudadanos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas.
En un comunicado, la asociación ha señalado que Díez ya firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma, por lo que consideran que ahora le correspondería de nuevo pronunciarse sobre una causa, solo que en esta ocasión desde el tribunal de garantías.
Según consta en el portal web del propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
La entidad considera así que Díez no puede encargarse del recurso porque «ha tenido participación en el proceso de elaboración y aprobación de las normas objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad».
Díez llevará la causa
Ahora, según ha informado el Tribunal Constitucional, Díez será la responsable de redactar la ponencia sobre los recursos que presentaron los diputados del PP y de Ciudadanos contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2022, por el que se fijan los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y contra la ley de Cataluña 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Esta ponencia, que estaba en manos del magistrado saliente Antonio Narváez, ha recaído en Díez después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, repartiera este martes las ponencias que estaban a cargo de los magistrados que salieron del Constitucional el pasado 9 de enero tras la renovación parcial del órgano.
En el texto se destacaba que el Tribunal Constitucional -del que ahora forma parte Díez- «de forma explícita» no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además en que el órgano de garantías había asegurado que omitir la mención del castellano como lengua vehicular no era inconstitucional porque no implicaba la exclusión del castellano como lengua docente.
Se subrayaba a su vez que la legislación básica estatal en materia de educación «nunca», a excepción del período en que estuvo vigente la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021), había declarado el castellano como lengua vehicular. Sobre el hecho de que se usen el castellano y el catalán en Cataluña sin establecer porcentajes, el Consejo de Garantías Estatutarias también incidía en que estaba avalado por el Constitucional.
