La magistrada del TC nombrada por Sánchez se abstendrá del recurso del 25% de castellano
La magistrada firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña a favor de no imponer dicho porcentaje en las aulas
La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez Bueso | Chema Moya (EFE)
La magistrada del Tribunal Constitucional y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez Bueso, encargada de elaborar la ponencia sobre el recurso del PP y el de Cs contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas , tiene previsto abstenerse en este procedimiento.
En cuanto se haga efectivo el reparto de las nuevas ponencias se extenderá la abstención a la que le ha correspondido sobre esta materia (Recurso de inconstitucionalidad presentado por PP y C´s contra la citada normativa). La abstención tendrá que formalizarse legalmente y después tendrá que ser aprobada por el Pleno. Posteriormente se resolverá sobre su nueva asignación. Saludos
Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la magistrada ya comunicó ayer al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que va a formular un escrito de abstención de cara al primer Pleno jurisdiccional que se celebrará el próximo martes en las cortes de garantías. Será en ese pleno en en el que se va a deliberar sobre una diligencia que afecta al decreto-ley de la Generalitat 6/2022 sobre el 25% del castellano. Su abstención debe ser admitida por sus compañeros.
Asimismo, en ese pleno se va a tratar de resolver el recurso de súplica presentado por Òmnium Cultural frente a la decisión del Consitucional de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el decreto del 25%, según han indicado fuentes del órgano a El Mundo.
Precisamente, este mismo miércoles, Escuela de Todos comunicó que como parte implicada en la causa de la presencia del castellano en las aulas solicitará la recusación de la magistrada.
En un comunicado, la asociación señaló que Díez ya firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma, por lo que consideran que ahora le correspondería de nuevo pronunciarse sobre una causa, solo que en esta ocasión desde el tribunal de garantías.
Según consta en el portal web del propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
El dictamen 3/2022 sostenía que la exigencia de establecer un porcentaje mínimo del 25% del castellano como lengua de uso en la enseñanza no universitaria, fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020, no era un «parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad» que vinculase al legislador y que, por tanto, le obligase a «respetarla».
En el texto se destacaba que el Tribunal Constitucional -del que ahora forma parte Díez- «de forma explícita» no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además en que el órgano de garantías había asegurado que omitir la mención del castellano como lengua vehicular no era inconstitucional porque no implicaba la exclusión del castellano como lengua docente.
Se subrayaba a su vez que la legislación básica estatal en materia de educación «nunca», a excepción del período en que estuvo vigente la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021), había declarado el castellano como lengua vehicular. Sobre el hecho de que se usen el castellano y el catalán en Cataluña sin establecer porcentajes, el Consejo de Garantías Estatutarias también incidía en que estaba avalado por el Constitucional.
Por estos motivos, Escuela de Todos considera así que Díez no puede encargarse del recurso porque «ha tenido participación en el proceso de elaboración y aprobación de las normas objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad».
