La ex alto cargo de Moncloa Laura Díez asumirá en el TC el recurso del 25% de castellano

El cambio de mayorías en el Constitucional ya empieza a tener consecuencias. La ex alto cargo de Moncloa y asesora del ‘govern’ en la reforma del Estatut, la magistrada Laura Díez, será la encargada de elaborar la ponencia sobre el recurso del PP y el de Cs contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, con el que la Generalitat intentó eludir las sentencias vinculantes de la Justicia catalana. Un movimiento polémico porque la ahora magistrada firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

Según consta en el portal web del propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Ahora, según ha informado el Tribunal Constitucional, Díez será la responsable de redactar la ponencia sobre los recursos que presentaron los diputados del PP y de Ciudadanos contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2022, por el que se fijan los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y contra la ley de Cataluña 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Esta ponencia, que estaba en manos del magistrado saliente Antonio Narváez, ha recaído en Díez después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, repartiera este martes las ponencias que estaban a cargo de los magistrados que salieron del Constitucional el pasado 9 de enero tras la renovación parcial del órgano.

Fue el pasado 7 de junio de 2022 cuando Díez, en calidad de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estutarias de la Generalitat firmó el dictamen 3/2022, en el que se concluye -por unanimidad- que la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria «no vulnera» ni la Constitución ni el Estatut, ni en cuanto a la omisión de declarar el castellano como lengua vehicular ni sobre el uso curricular y educativo del catalán y del castellano sin establecer porcentajes.

El dictamen 3/2022 sostenía que la exigencia de establecer un porcentaje mínimo del 25% del castellano como lengua de uso en la enseñanza no universitaria, fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020, no era un «parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad» que vinculase al legislador y que, por tanto, le obligase a «respetarla».

En el texto se destacaba que el Tribunal Constitucional -del que ahora forma parte Díez- «de forma explícita» no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además en que el órgano de garantías había asegurado que omitir la mención del castellano como lengua vehicular no era inconstitucional porque no implicaba la exclusión del castellano como lengua docente.

Se subrayaba a su vez que la legislación básica estatal en materia de educación «nunca», a excepción del período en que estuvo vigente la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021), había declarado el castellano como lengua vehicular. Sobre el hecho de que se usen el castellano y el catalán en Cataluña sin establecer porcentajes, el Consejo de Garantías Estatutarias también incidía en que estaba avalado por el Constitucional.

Una ambiciosa agenda para el TC

El movimiento se produce después de que presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el primer Pleno de febrero -a celebrarse los días 7, 8 y 9- el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado del ala conservadora Enrique Arnaldo seguirá siendo el ponente de la sentencia.

Según ha informado el órgano de garantías, el presidente del tribunal también ha fijado ya la fecha para el Pleno en el que se abordarán los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de la eutanasia. Los magistrados se reunirán los próximos 21, 22 y 23 de febrero para estudiar ley impulsada en 2021.

Desde el tribunal han destacado que la intención del nuevo presidente del Constitucional es «acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política». Conde-Pumpido ha ordenado el calendario del tribunal en el marco del Pleno gubernativo celebrado este martes, en el que, además, se ha acordado la nueva composición de las Salas y Secciones del Constitucional.

Según ha informado el TC, el propio Conde-Pumpido presidirá la Sección Primera de la Sala Primera, que estará integrada también por las magistradas Concepción Espejel y María Luisa Segoviano, por lo que dicha Sección quedaría con una mayoría progresista. Por su parte, la Sección Segunda de esta Sala pasará a estar presidida por Ricardo Enríquez -del ala conservadora- y contará con la presencia del magistrado Juan Carlos Campo -del sector progresista-.

Al margen, la Sección Tercera de la Sala Segunda tendrá como presidenta a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y contará con los magistrados César Tolosa y Laura Díez, por lo que tendrá una composición de mayoría progresista. La magistrada María Luisa Balaguer presidirá la Sección Cuarta, en la que estarán también Ramón Saez y Enrique Arnaldo, por lo que se repite la mayoría progresista. Así las cosas, tres de las cuatro secciones del tribunal contarán con una mayoría de magistrados del sector progresista, a la espera de que el Senado designe a quien sustituirá a Alfredo Montoya, que presentó su renuncia al cargo por baja el pasado verano.