Aborto, ley Celaá y eutanasia: Conde-Pumpido acelera para resolverlos antes del 28-M
Los socialistas esperan tener una campaña electoral apacible una vez que se resuelvan unos conflictos que «dividen a la sociedad»
Josep Borrell recibe un premio de manos de Conde-Pumpido. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
El Tribunal Constitucional acelera. El nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, quiere resolver los asuntos más polémicos antes de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La mayoría progresista en la corte de garantía, siete de los 11 magistrados, parece garantizar que temas tan espinosos como la ley del aborto, la ley Celaá y la de la eutanasia salvarán el obstáculo de los recursos registrados por PP y Vox. Los socialistas esperan tener una campaña electoral apacible una vez que se resuelvan unos conflictos que «dividen a la sociedad» y les repercuten a nivel mediático.
Conde-Pumpido ya ha marcado la hoja de ruta. En el pleno gubernativo celebrado el pasado martes decidió incluir el debate sobre la ley del aborto promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que fue recurrida por el PP. El cónclave se celebrará el 7 de febrero y tratará de dilucidar después de casi 13 años si la denominada ley de plazos es o no constitucional.
No es el único asunto que se va a abordar en las próximas semanas. El Constitucional tiene la intención de tratar la ley de eutanasia en la reunión del 21 de febrero. La norma fue aprobada en marzo de 2021, pero PP y Vox presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad al entender que atenta contra el derecho fundamental a la vida. Los magistrados ya rehusaron suspenderla de forma cautelar, como pedía la formación que preside Santiago Abascal.
La agenda de Conde-Pumpido
El pleno del 7 de marzo deliberará sobre la reforma de la ley Celáa, que generó gran controversia por eliminar la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular e impedir que los colegios concertados exijan cuotas a las familias por ofrecer enseñanzas gratuitas. El PP impugnó 16 artículos y dos disposiciones adicionales de la octava ley educativa de la democracia al entender que vulnera varios derechos fundamentales.
El jurista gallego quiere evitar a toda consta que asuntos tan polémicos como estos se cuelen en la campaña y afecten a la esfera política. Los detractores de Conde-Pumpido sostienen que este arreón responde a «una estrategia deliberada» que tiene como objetivo no erosionar las posibilidades electorales de los socialistas. En el PP incluso hay quien alude al nuevo mandamás del Constitucional como «el cuarto vicepresidente» del Gobierno.
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la decisión de Conde-Pumpido no responde a ningún interés concreto, sino a su compromiso de acelerar las resoluciones pendientes en el tribunal, «tanto las que tienen más antigüedad como aquellas que revisten una mayor repercusión social y política». Así se lo hizo saber al resto de magistrados durante el pleno gubernativo.
De hecho, apenas 24 horas después de ese encuentro encargó un plan de choque para poner al día en un plazo de seis meses la tramitación de los recursos de amparo. Para hacerlo posible se contratará a ocho nuevos letrados. El proyecto será desarrollado por un equipo integrado por el secretario general del Constitucional, Andrés Gutiérrez, el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, y el letrado adscrito al presidente Ignacio Sánchez Yllera.
La primera parada tendrá lugar este martes. El primer pleno ordinario presidido por Conde-Pumpido va a resolver la decisión que tomó la presidenta del Congreso en la votación sobre la reforma laboral celebrada el pasado 3 de febrero. Meritxell Batet impidió que el diputado popular Alberto Casero votara de forma presencial porque ya lo había hecho por vía telemática. Su error condicionó el resultado, ya que de no haberse confundido habría tumbado la reforma.
El PP pidió a Casero personarse en la Cámara Baja para corregir el «fallo». Alegaron que existían precedentes, como cuando Macarena Olona, parlamentaria de Vox, votó telemáticamente y luego de forma presencial en octubre de 2020. En opinión de los de Alberto Núñez Feijóo «el diputado tiene derecho a solicitar que quiere votar de manera presencial siempre que no haya comenzado la votación».
Uno de los nuevos magistrados, el exministro Juan Carlos Campo, se abstendrá de la deliberación por ser la pareja sentimental de Batet. Tampoco participará en la de la ley del solo sí es sí, ya que formaba parte del Gobierno durante la tramitación del proyecto legislativo. Quien sí lo hará, pese a las presiones de la oposición, será Conde-Pumpido, que en 2009 encabezaba el Consejo Fiscal, el órgano consultivo que informó negativamente contra la norma de interrupción voluntaria del embarazo.
