'Caso Cuéntame': la Guardia Civil analizará si Hacienda ordenó manipular 5.200 archivos
Un juez investiga si la exjefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ordenó destruir documentos intervenidos en Nummaria
Imanol Arias y Ana Duato en la presentación de la última temporada de 'Cuéntame'. | Europa Press
Giro en una causa paralela que puede provocar un vuelco en el caso Cuéntame. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha pedido a la Guardia Civil que realice el informe pericial avalado por la Audiencia Provincial para determinar si la exjefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ordenó manipular y/o destruir un total de 5.266 archivos informáticos intervenidos en 2016 en el despacho Nummaria.
Se trata del bufete que se encargaba de gestionar la contabilidad y las declaraciones fiscales de los protagonistas de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, Imanol Arias y Ana Duato, entre otros muchos famosos que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos fiscales. Un caso que estalló hace siete años y cuya base probatoria se sustenta, en gran medida, en los documentos incautados en Nummaria. Archivos cuya presunta manipulación por orden de la ex inspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, investiga el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en una causa paralela.
En una providencia del pasado 28 de noviembre, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que haga el informe pericial avalado el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial de Madrid. Como adelantó este diario, la Sección Cuarta de ese tribunal revocó la decisión del juez instructor de encargar a la propia ONIF un informe pericial para determinar si los archivos informáticos fueron manipulados y/o destruidos con el objetivo de encubrir al marido de García-Valdecasas.
En contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que defiende a la exdirectora de la ONIF a pesar de que cesó en el cargo en diciembre de 2016, los jueces de la Audiencia Provincial entendieron que el organismo dependiente de la Agencia Tributaria no reunía los requisitos de idoneidad necesarios para llevar a cabo el análisis pericial que el juez Peinado había acordado realizar en marzo. Por ello, ordenaron al magistrado instructor que designase a otro organismo para la realización de la pericial solicitada por el querellante, Fernando Peña, para esclarecer si miles de los archivos incautados en Nummaria fueron manipulados o destruidos por la ONIF.
Fiscalía alude al ‘caso Cuéntame’
El juez Peinado ha optado por encargar el informe al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Sin embargo, el Instituto Armado aún no tiene luz verde para proceder al análisis de los documentos presuntamente manipulados. Un nuevo choque entre el querellante y la Fiscalía ha vuelto a frenar la realización de la pericial avalada por la Audiencia Provincial hace seis meses. El presunto exdueño de Nummaria interpuso el pasado 9 de diciembre un recurso de reforma contra la providencia dictada por el juez, al considerar que el alcance de la pericial encargada no permitiría esclarecer la presunta manipulación dolosa y eliminación de archivos que se investiga.
A su vez, el Ministerio Público ha remitido un informe oponiéndose al recurso de Fernando Peña y acusando al querellante de una «maniobra de dilación» que podría influir en el juicio del caso Cuéntame. «No podemos olvidar la particularidad del presente procedimiento por cuanto los documentos cuya manipulación se pretende acreditar por el querellante son la base probatoria del procedimiento seguido contra dicho querellante en la Audiencia Nacional, que se encuentra ya en la fase intermedia al haberse conformado el escrito de acusación», indica la Fiscalía en su informe, fechado el 9 de enero y al que ha tenido acceso este diario.
En su providencia, del 28 de noviembre, el titular del Juzgado número 41 de Madrid encomienda a la Guardia Civil «la realización de un informe pericial que acredite si los ficheros aportados al proceso han sido manipulados en relación con los que han sido captados en el registro y volcado (…) mediante el análisis del listado de huellas de cada uno de los ficheros intervenidos en la diligencia de entrada y registro».
«Desbarata la investigación»
Sin embargo, Fernando Peña entiende que el conjunto de pruebas aportadas al procedimiento, así como los vídeos existentes del registro y los testimonios de los interesados, acreditan que la presunta manipulación de los documentos se produjo durante las primeras horas del registro en el despacho Nummaria; es decir, antes de que los archivos incautados recibieran la «huella hash» en el servidor de la Agencia Tributaria al que fueron enviados.
La decisión del juez de limitar el análisis de la Guardia Civil a esclarecer si los ficheros incorporados a la causa son idénticos a los que quedaron registrados en el servidor tras la atribución de la huella hash, según el recurso de Peña, «en la práctica desbarata e inutiliza la real indagación sobre los ilícitos denunciados». «La intencionalidad de los hechos radica en que mediante una interacción con el concurso de un sistema informático, los ficheros son manipulados –remitiéndose a las personas que externamente decidiera la querellada-durante las aproximadamente 15 horas que duró el Registro, de tal manera que la huella hash se les atribuye a ficheros falsos o alterados que no eran los intervenidos», indica el recurso.
Por el contrario, en su informe, la Fiscalía considera que la providencia del juez ratifica lo acordado en el auto del pasado mes de marzo en el que se solicitaba inicialmente a la ONIF el análisis de los archivos presuntamente manipulados. «La providencia acuerda la pericial a fin de que se acredite si los ficheros aportados al proceso han sido manipulados en relación con los que han sido captados en el registro y volcado o si, por el contrario, no se ha producido manipulación alguna, conteniendo exactamente la misma información que la que se han sido obtenidos en el registro y volcado que fue lo que solicitó el fiscal y acordó el juez desde el momento inicial», indica el Ministerio Público.
La exjefa Antifraude, investigada
En marzo de 2021, el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite una querella contra Margarita García-Valdecasas, ex inspectora jefe de la ONIF, por presuntos delitos de falsificación de documentos públicos. La querella fue interpuesta por el presunto dueño del despacho Nummaria, a quien la Audiencia Nacional atribuye en el caso Cuéntame un presunto fraude fiscal de 15 millones de euros a través de un entramado de empresas pantalla y testaferros con los que presuntamente habría evadido al extranjero los beneficios que obtenía su bufete en España.
Desde la admisión a trámite de la querella, el Juzgado de Instrucción número 41 ha practicado ya varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración de la querellada. Designada como inspectora jefa de la ONIF por el Gobierno de Mariano Rajoy tres años y medio antes, el mismo Ejecutivo del PP cesó a García-Valdecasas en diciembre de 2016 después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrase su domicilio por un posible delito de blanqueo de capitales presuntamente cometido por su marido, Alejandro Pérez Calzada, que compartió negocios con Fernando Peña durante la década de los 90.
El núcleo de la querella contra García-Valdecasas es un informe pericial elaborado en 2020 por la empresa Lazarus Technology, compañía que logró rescatar el contenido del móvil de Diana Quer a pesar de que había pasado meses sumergido hasta que lo encontró la Guardia Civil. Ese informe asegura que, de todos los dispositivos electrónicos intervenidos durante el registro al despacho, un total de 5.266 archivos fueron modificados o borrados ese mismo día, cuando ya estaban bajo custodia de la Agencia Tributaria en una operación contra el fraude fiscal que lideraba la propia jefa de la ONIF.
