El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en su Pleno de este martes las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez para determinados asuntos –‘solo sí es sí’, reforma laboral y el 25% del castellano en las aulas catalanas-, al tiempo que ha designado ponente para que lleve a un próximo Pleno su propuesta sobre las recusaciones de Vox contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, Campo, Díez y María Luisa Segoviano.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Pleno ha ratificado la decisión de Campo y Díez de apartarse voluntariamente de algunos asuntos que figuraban en el orden del día de este primer cónclave jurisdiccional del nuevo TC.
Díez, ex alto cargo de Moncloa, optó por abstenerse porque el Pleno tiene en sus manos un recurso de Omnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.
No obstante, las fuentes indican que, una vez ratificada su abstención en el Pleno respecto a la impugnación de Omnium Cultural –ponencia del magistrado Ricardo Enríquez–, ésta se extenderá a la ponencia sobre los recursos de Partido Popular y Ciudadanos contra la ley catalana, que recayó sobre Díaz al heredar toda la cartera de asuntos del ya ex magistrado del TC Antonio Narváez.
La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma. En cuanto a Campo, optó por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la ‘ley del solo sí es sí’ –ponencia de Ramón Sáez– porque cuando el Gobierno la elaboró aún era ministro de Justicia.
También se apartó de la discusión sobre una serie de requerimientos de información –ponencia también de Ramón Sáez– relacionados con los recursos lanzados por el diputado ‘popular’ Alberto Casero, el PP y Vox contra la votación de la reforma laboral porque se dirigen contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, actual pareja de Campo.
Los recurrentes combaten la decisión de Batet de no permitir que Casero votara presencialmente después de que emitiera un ‘sí’ telemáticamente, voto que fue clave para que la reforma laboral quedara aprobada el 3 de febrero de 2022, y que los letrados del Congreso de los Diputados concluyeron que se debió a un error humano, no a un fallo del sistema de votación a distancia.
Cabe recordar que, tras salir del Ministerio de Justicia y ocupar su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Campo también tuvo que abstenerse de participar en decisiones relacionadas con causas vinculadas a partidos políticos, como las piezas del ‘caso Villarejo’ conocidas como ‘Dina’ y ‘Kitchen’.