La juez estudia citar a otros tres altos cargos del Gobierno por anomalías en los contratos covid

Novedades en el caso en el que se investigan presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por el Gobierno durante la primera ola de la pandemia. Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que llame a declarar en calidad de testigos a tres altos cargos del ICEX, de la Embajada de España en Pekín y del Ministerio de Sanidad, según un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Todos ellos han sido identificados por los imputados en esta causa y por el Tribunal de Cuentas como integrantes del comité interdisciplinar encargado de asesorar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), entre el 23 de marzo y el 26 de abril de 2020, para la adjudicación de una docena de contratos de emergencia por valor de 310 millones de euros para traer material sanitario de China a España en los primeros compases de la pandemia de covid-19.

Unas adjudicaciones cuyas presuntas irregularidades están siendo investigadas por la juez Concepción Jerez, en una causa iniciada a raíz de una querella de Vox y en la que están imputados dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general de Hacienda por presuntos delitos de malversación.

A la luz de las declaraciones efectuadas por los tres investigados en sede judicial el pasado mes de abril, la acusación popular solicita a la juez que se acuerde «sin demora» una batería de nuevas diligencias «a fin de evitar dilaciones indebidas del procedimiento». También pide que se requiera nueva documentación al Ministerio de Sanidad, al Tribunal de Cuentas y al Ingesa, incluido un documento de excel que el entonces ministro Salvador Illa recibía cada día con detalles de los contratos adjudicados.

Contratos del Gobierno

Entre otras cuestiones, Vox pide que se cite a declarar como testigos al director de coordinación del ICEX, al director de la oficina económica y comercial de la Embajada de España en Pekín (dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Energía), Carlos Tórtola, y al secretario general del Ministerio de Sanidad que firmó uno de los contratos más polémicos que están siendo investigados por la juez.

Se trata de la adjudicación por 3,3 millones de euros a Hyperin Grupo Empresarial, dedicada a la fabricación e importación de yeso industrial, para traer a España 144 dispositivos de ventilación mecánica modelo Breas-Vivo 65 (VMI). Un contrato otorgado sin publicidad ni licitación previa, que tuvo que ser rescindido por el Ministerio de Sanidad meses después porque la empresa se declaró incapaz de traer a nuestro país los respiradores del modelo pactado, según avanzó el diario El Independiente.

Además de las declaraciones de los tres testigos, la acusación interesa a la juez que se le dé traslado de la documentación aportada al juzgado por dos de las imputadas en relación a los expedientes de otros tres de los contratos investigados. Dichas pruebas documentales fueron remitidas por Paloma Rosado, titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc) del Ministerio de Hacienda, y Patricia Lacruz, exdirectora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (Dgsnsf).

Junto a Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ahora jubilado, Rosado y Lacruz se encuentran investigadas en la causa. Después de tomarles declaración, y en contra del criterio de la Fiscalía, la juez Concepción Jerez acordó el pasado mes de junio prorrogar la causa y mantenerles a los tres en calidad como investigados por un posible delito de malversación. Los tres fueron citados de nuevo el pasado mes de noviembre, pero esa segunda declaración fue suspendida in extremis por una dilación en la entrega de la documentación requerida por la juez.

Salvador Illa, bajo el foco

En su nuevo escrito, fechado el pasado 13 de enero, Vox vuelve a pedir a la juez que requiera al Ingesa el «listado completo de personas que integraron el equipo multidisciplinar de altos funcionarios que apoyaron a dicho organismo en la contratación de urgencia, con expresión del organismo de procedencia de cada uno de ellos». Asimismo, solicita la lista de empresas facilitada por la oficina de Comercio de la Embajada de España en Pekín como proveedores recomendados para el suministro de material sanitario procedente de China.

Durante su declaración ante la juez y en un escrito remitido al juzgado, el exdirector general del Ingesa sostuvo que todas las adjudicaciones de emergencia se hicieron basándose en ese listado de proveedores recomendados por la oficina comercial de la Embajada en China. Además, Jiménez sostuvo que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados.

En este sentido, Vox pide que se requiera al Ministerio de Sanidad el documento de excel «donde se recogía toda la información de producto, cantidad y plazo de entrega» de los contratos de emergencia adjudicados para el suministro de material sanitario procedente de China. Información que, según afirmó el exdirector del INGESA en sede judicial, luego se le pasaba al entonces ministro Salvador Illa para que estuviese al tanto de las adjudicaciones aprobadas.

5,1 millones a una gestoría sin empleados

Asimismo, la acusación solicita que se envíen documentos que acrediten si entre esas empresas recomendadas aparecía la mercantil Value & Bro, una empresa sin trabajadores ni experiencia en la gestión sanitaria a la que se adjudicó un contrato de 5,1 millones de euros para traer a España 700.000 hisopos (bastoncillos para practicar pruebas diagnósticas de Covid-19).

Dedicada a la asesoría y gestoría fiscal, Value & Bro pasó de declarar un beneficio de apenas 7.200 euros en 2019 a registrar ganancias por importe de 2,3 millones de euros un año después, gracias a la pandemia, según sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de la herramienta Insight View.

En concreto, la formación presidida por Santiago Abascal solicita documentos que acrediten si esa mercantil, tal y como afirmó en sede judicial Alfonso María Jiménez, fue recomendada por parte del equipo multidisciplinar encargado de asesorar en la adjudicación de los contratos de emergencia al INGESA.

Contradicciones de los imputados

Entre la batería de diligencias solicitadas a la juez, también se solicita el contenido de todos los mails recibidos en la cuenta de correo electrónico COVID19suministros@mscbs.es. Ese e-mail fue puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad para recibir ofertas de empresas que tuvieran capacidad para traer material sanitario a España. Durante su declaración ante la juez, el exdirector del Ingesa afirmó que las ofertas que llegaban por ese medio «eran de escaso o nulo interés, porque solo buscaban un pago por adelantado».

Por el contrario, la también imputada Patricia Lacruz (exdirectora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia) se refirió a esta vía como el origen de la oferta de 144 respiradores presentada por la empresa Hyperin Grupo Empresarial, fabricante de yesos que no pudo cumplir con el contrato pactado.