El PSOE lanza un órdago al PP e intenta en vano quedarse con la vacante en el Constitucional
La Asamblea de Extremadura propone a Aurelio Blanco, que solo obtuvo el apoyo de los socialistas. El plazo para hacer propuestas en el Senado finaliza este martes
La presidenta de la Cámara regional junto a Aurelio Blanco. | Asamblea de Extremadura
La vacante en el Tribunal Constitucional tiene nuevo candidato. La Asamblea de Extremadura ha propuesto a Aurelio Blanco para que sustituya al magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el puesto en julio. La sugerencia solo fue apoyada por los diputados del PSOE y se suma al nombre de José Ricardo de Prada, designado en octubre por Aragón, gobernada también por los socialistas. La decisión final corresponde al Senado. Ambos aspirantes tienen pocos visos de ser elegidos, ya que necesitan el apoyo de tres quintos de la Cámara territorial y el PP defiende que le corresponde elegir al nuevo titular de la plaza.
Blanco fue durante 15 años fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ahora ocupa el cargo de teniente fiscal en la Fiscalía extremeña. La propuesta, realizada en el pleno del jueves, levantó ampollas.
La designación de Blanco no estaba prevista en el orden del día y fue incluida a iniciativa de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. La alteración se sometió a votación y todos los grupos, excepto el PSOE, que hizo valer su mayoría absoluta, se mostraron en contra.
Propuesta del PSOE
La portavoz del PP en la Cámara regional, Cristina Teniente, explicó que su grupo se oponía tanto al cambio del orden del día como a la propuesta, no por la idoneidad del candidato, que no quiso valorar, sino porque en el proceso «ha faltado la voluntad de acuerdo y consenso que ha sido tradición en este tipo de designaciones». Unidas Podemos y Ciudadanos se abstuvieron en ambos escrutinios.
La propuesta contrasta con lo sucedido meses atrás. Martín, en su condición de presidenta de la Asamblea, remitió en noviembre una carta al Senado para solicitar una nueva prórroga, la segunda. La intención era que «los grupos parlamentarios consensúen el nombre de un único candidato». Entonces aludió que no era posible y puso como excusa la tramitación de los presupuestos regionales.
Las comunidades autónomas tienen hasta este martes para remitir al Senado sus candidatos al Constitucional. La cuenta atrás comenzó en julio, tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, nombrado en marzo de 2017 por la Cámara Alta. Llegó avalado por el PP y a propuesta de Madrid.
Varias regiones han solicitado alargar los plazos, como ha sucedido en dos ocasiones, pero hasta ahora solo Aragón había propuesto un candidato. Las Cortes regionales, con mayoría socialista, promocionaron al juez José Ricardo De Prada, que tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que condenó a los populares por sus actividades ilícitas de la trama Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE a través de una moción de censura.
Sustituir a Montoya
La propuesta se realizó en octubre, en plena negociación para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y nombrar a los cuatro magistrados del Constitucional. El pacto incluía la sustitución de Montoya en el Senado, una elección que el PP entiende que les corresponde porque fueron ellos quienes designaron en su momento al magistrado que hay que sustituir.
Los populares, que semanas más tarde suspendieron las negociaciones por la reforma del delito de sedición, entendieron que la inclusión del juez De Prada enturbiaba cualquier pacto judicial. La misma sensación que tienen ahora muchos dirigentes del PP con la propuesta de Blanco en Extremadura. Consideran que el PSOE está presionando para que el Constitucional alcance los 12 magistrados que le corresponde.
Los socialistas no necesitan hacerse con la plaza que dejó vacante Montoya, ya que el sector progresista cuenta con una mayoría de siete magistrados frente a cuatro. No obstante, sustituirle significaría elevar la horquilla del quórum en caso de recusación de algunos de sus miembros. El nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; Juan Carlos Campo, ministro con Pedro Sánchez y Laura Díez, alto cargo de Moncloa.
En el PP están convencidos de que el PSOE hace esta maniobra en vano, ya que para sustituir a Montoya es preciso encontrar un candidato de consenso. De otra manera, los números no cuadran. Para elegir a un nuevo magistrado del Constitucional en el Senado es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Ninguna propuesta saldrá adelante sin el voto favorable de populares y socialistas, que suman 217 de los 265 miembros que conforman la Cámara.
Las fuentes jurídicas consultadas admiten que la idoneidad de Blanco está fuera de toda duda. El jienense se licenció en Derecho por la Universidad de Granada e ingresó en la Carrera Fiscal en 1984. Su primer destino fue la Fiscalía de Badajoz. Luego pasó por Alicante, Málaga y Cáceres. En 2005 fue elegido Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cargo que ocupó durante tres mandatos. Además, fue letrado del Constitucional en dos periodos (entre 1991 y 1993 y de 1998 a 2001).
