Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU avala las causas por genocidio contra ETA
La Audiencia Nacional analiza dos querellas, basadas en una resolución de 1992, para encausar a los exjefes etarras por llevar a cabo una política de genocidio
Miembros de ETA ofrecen una rueda de prensa el 15 de octubre de 1998. | Europa Press
Una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1992 impulsa una nueva vía en la Audiencia Nacional para procesar por genocidio a los exjefes de ETA. Ese texto, suscrito por las potencias mundiales, describe los tres elementos comunes y objetivos que se dan en todos los casos de genocidio reconocidos internacionalmente. Tres hechos fácticos que, según la Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos, coinciden con los empleados por la banda terrorista ETA para llevar a cabo durante décadas una «política tentativa de genocidio» en España.
La Audiencia Nacional analiza dos querellas interpuestas por la asociación que preside el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, con las que se pretende dar la vuelta por completo a la lucha terrorista y la impunidad en España. El objetivo es que los exjefes de ETA puedan ser procesados en la Audiencia Nacional por genocidio, una vía que además permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes etarras sin resolver.
Por el momento, a raíz de una de esas dos querellas, la Audiencia Nacional ha aceptado reabrir esta semana el sumario del atentado perpetrado por ETA perpetrado en Sallent de Gállego (Huesca), en el que dos guardias civiles fueron asesinados. El juez Manuel García Castellón ve indicios suficientes para sustentar la nueva tesis defendida por la Asociación contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos.
Además de reclamar la imputación de diez exjefes de ETA por el atentado de Sallent de Gállego, la misma organización presentó otra querella el lunes pasado para solicitar que se investigue a otros seis exdirigentes etarras por tentativa de genocidio en el ataque contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola en 2002. Un atentado en el que resultaron asesinados una niña de seis años, hija de un guardia civil, y un jubilado.
El genocidio, según la ONU
La asociación presidida por Rodríguez Arias considera que en ambos casos se dan los tres elementos descritos por el Consejo de Seguridad en su resolución de 1992, lo que permitiría procesar a los exjefes de ETA por «una política de genocidio en grado de tentativa». Aquella resolución, aprobada conforme a lo establecido por un informe de un panel de expertos internacionales, describía «las tres más claras notas definitorias de un contexto de puesta en práctica de políticas de genocidio en el Derecho penal internacional».
El primer elemento descrito por el Consejo de Seguridad de la ONU es una política de «persecución y crímenes» contra «el conjunto del liderazgo» del grupo atacado. Un punto que, según la tesis de Rodríguez Arias, ETA llevó a cabo con el asesinato o intento de asesinato de líderes políticos, concejales, intelectuales y académicos no separatistas en el País Vasco.
El segundo elemento de genocidio descrito por la ONU es «el paralelo ataque y eliminación mediante masacres y asesinatos selectivos de los miembros del ‘law enforcement’ (fuerzas de seguridad del estado y jueces), singularmente y como primer objetivo la Guardia Civil, como forma de debilitar la protección del grupo perseguido».
En este sentido, las querellas de la Asociación contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos recuerdan que la banda etarra centró su actividad criminal en la eliminación de agentes de las fuerzas de seguridad, «destacadamente la Guardia Civil, objetivo número uno de ETA». Al menos 219 agentes del Instituto Armado y sus familiares, añade su querella, fueron asesinados por la banda terrorista.
Política de expulsiones de ETA
El tercer elemento común en los casos de genocidio señalado por el organismo de la ONU y que, según la querella también se cumple en el caso de ETA, es «la expulsión o huida en términos poblacionalmente apreciables y significativos» del grupo atacado (la población vasca no separatista) «conforme tal situación de debilitamiento del grupo y de su protección, de cercenamiento de su liderazgo, se va produciendo».
«Y esto es muy importante para ubicar correctamente el asesinato de los policías y militares defensores del grupo para dejarlos indefensos como parte de la política de genocidio», señala la querella por la que García Castellón ha reabierto el sumario del atentado de Sallent de Gállego, en el que fueron asesinados los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús.
Esa querella, y la presentada por el atentado de Santa Pola- también por tentativa de genocidio- contra la cúpula de ETA, se ha interpuesto después de que el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional admitiese investigar a diez exjefes etarras por el asesinato del concejal del PP Jesús María Pedrosa Urquiza.
Un caso en el que también se pide investigar las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de «la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000» personas del País Vasco. Precisamente Rodríguez Arias fue también el autor de esa otra querella del caso Pedrosa Urquiza, allí en cambio la interpuso como abogado de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
Persecución a la Guardia Civil
La asociación presidida por Rodríguez Arias apunta al caso de Sallent de Gállego porque los dos guardias civiles asesinados, según su tesis, lo fueron por pertenecer a las fuerzas del orden encargadas de proteger al grupo perseguido. «ETA atenta en Sallent de Gállego como parte de una larguísima cadena anterior, y que continuaría posteriormente como queda de manifiesto con el listado de asesinatos consumados, asesinatos selectivos y masacres, contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil y hasta respecto de sus propias familias», recalca la citada asociación.
Argumentos similares defiende en su querella por tentativa de genocidio en el atentado de Santa Pola. La niña de seis años asesinada era hija de un guardia civil. La pequeña jugaba en la entrada de la Casa Cuartel de esa localidad alicantina cuando la explosión de una bomba de ETA acabó con su vida y con la de un hombre de 57 años que caminaba por la zona. Ambas querellas apuntan a los integrantes de la Zuba, el comité ejecutivo de ETA, como responsables de ordenar esos atentados como parte de una política de persecución contra la Guardia Civil.
«Así, lo definitorio para ser asesinados esos 219 seres humanos aquí enumerados, no era su identidad personal concreta, lo definitorio era el pertenecer al grupo humano perseguido de la ‘Guardia Civil’, al que había que aislar, acosar, exterminar, expulsar del territorio (‘Halde Emendik’, ‘fuera de aquí’)», indica la Asociación contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos.
Como rasgo característico de esta supuesta política genocida, Rodríguez Arias menciona también «la expulsión y el desplazamiento de un parte demográficamente significativa de seres humanos». «Un odio cerval, persecutorio, ello hasta los concretos medios y capacidades criminales donde ETA fue capaz de llevarlo aquí. Se asesinará así de una a media docena de niños hijos de guardias civiles, y esto se celebra, la Zuba del momento felicita a los autores, como sucedió en la casa cuartel de Zaragoza», añade.
