El exilio forzoso de 60.000 vascos por el terror de ETA llega a la Audiencia Nacional

Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional para que se investigue a diez exdirigentes de la extinta ETA por su implicación en el asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza. Esta asociación señala al edil como una de las numerosas víctimas de la política de expulsiones forzadas del País Vasco por la banda, hasta que finalmente acabó con su vida; y pretende que su demanda abra una vía para juzgar también a los exjefes de la organización por la expulsión de entre 60.000 y 200.000 vascos, que se vieron obligados a huir por el terror de ETA durante los 40 años que estuvo activa la banda.

La querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se dirige contra diez dirigentes de la banda terrorista que «integraban la cadena de mando jerárquico» de ETA en las fechas del asesinato de Pedrosa, según los informes policiales. Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, alias Txapote; Juan Antonio Olarra, alias Juanvi; Ainhoa Mugica, alias Olga; Asier Oyarzabal, alias Baltza; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Antza; Vicente Goicoechea, alias Willy; Ramón Sagarzazu, alias Ramontxo; y Soledad Iparraguirre, alias Anboto. 

Esta asociación pretende así que se esclarezca el caso de Pedrosa —asesinado de un tiro en la cabeza el 4 de junio de 2000, cuando regresaba a casa—, uno de los casi 400 crímenes de ETA todavía sin resolver, pero pone énfasis en que su asesinato fue una «consecuencia directa» de «su singular resistencia cívica y heroica a huir de Durango». Por lo que, señala el escrito de Dignidad y Justicia, la banda decidió acabar con él en «un crimen instrumental, ejemplificante» para que a ninguna otra persona se le ocurriese resistirse a las órdenes de la organización terrorista. 

«Sin investigación judicial efectiva»

Esta organización de víctimas insiste en el que la expulsión de miles de ciudadanos vascos a causa del terror etarra «no ha tenido una investigación judicial con todas las garantías» pese a que se trata de un hecho «reconocido desde distintas instituciones de derechos humanos». Entre ellas, el Instituto Vasco de Criminología (IVAC), que cuantifica entre 60.000 y 200.000 a los afectados, o el Defensor del Pueblo de la comunidad vasca.

En un informe de 2011, año en el que se disolvió ETA, señala la querella, el IVAC estimó que «más de 40.000 personas soportaban algún tipo de amenazada en el País Vasco y unas 1.000 llevaban escoltas (…)». La estimación numérica de que las personas que habían abandonado la región, por otro lado, «variaba de 60.000 a más de 200.000, sin que se especificase la consideración de los familiares». Para obtener el dato, la organización tuvo en cuenta el censo de población de 2001, información policial y los expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros. 

La investigación del Defensor del Pueblo hace referencia, en general, a todas las personas amenazadas, a quienes considera víctimas de «violencia de persecución o amenazas y coacciones terroristas (…) por el solo hecho de formar parte de determinados cuerpos profesionales». «Muchas de ellas permanecen en el País Vasco, mientras que otras, en un ambiente hostil que dificultaba gravemente el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales, optaron por abandonar sus lugares de residencia. Entre quienes abandonaron el País Vasco, sopesando el riesgo real de las amenazas, queda un cierto poso de derrota y de rabia», dice el documento. 

Nuevos recursos jurídicos

Para que la Audiencia Nacional abra la puerta a investigar las expulsiones forzosas de miles de ciudadanos, la querella de Dignidad y Justicia, redactada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, introduce nuevos recursos jurídicos. La demanda, sostienen, pretende apoyarse en el delito de comisión permanente, que según jurisprudencia del Tribunal Supremo contempla que algunos ilícitos penales lo sean desde que comenzaron a consumarse hasta que concluyeron. 

Así es como pretende esta asociación encajar el delito de expulsión forzada «puesto que todos aquellos que se vieron obligados a salir del País Vasco por las amenazas de ETA han seguido viviendo fuera durante años y sufriendo, por lo tanto, las consecuencias del delito». El escrito sitúa el tramo de investigación entre 1977, cuando la banda comenzó a matar, y el 20 de octubre de 2011, día en el que anunció su disolución definitiva. Ese último año, según el escrito, es cuando empezaría a contar el plazo de prescripción, por lo que el delito aún no estaría caducado.