La huelga de los letrados de la Justicia pone en riesgo las elecciones del 28-M
Los funcionarios resultan vitales para organizar los comicios. Ejercen como secretarios de las juntas electorales, que se constituirán a principios de abril
El fantasma de la huelga que mantienen los letrados de la Justicia sobrevuela el 28-M. Ese día se celebran elecciones municipales en toda España y regionales en 13 comunidades. Sin embargo, su organización comienza mucho antes. Estos funcionarios son vitales en el proceso. Entre otras cosas, se encargan de constituir las juntas electorales provinciales y de zona, custodiar la documentación electoral, publicar las candidaturas y velar por las votaciones y su escrutinio. El Ministerio de Justicia tendrá que aumentar los servicios mínimos para no poner en riesgo la planificación de los comicios si continúan los paros.
315.000 juicios suspendidos y más de 1.000 millones de euros bloqueados. Ese es el balance que deja por el momento la huelga de letrados de la Justicia que comenzó el 24 de enero. El roto puede aumentar, ya que las juntas electorales dependen de estos profesionales de la misma forma en que lo hacen los juzgados. Las elecciones del 28-M pueden suponer un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno.
El 3 de abril se publica el real decreto que convoca los comicios. Tres días después se constituyen las juntas electorales provinciales y de zona, donde los letrados de Justicia desempeñan el cargo de secretarios. Garantizan el proceso de principio a fin, según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Su función es organizar estos órganos encargados de resolver cualquier incidencia, incluidos los problemas en la designación de los componentes de las mesas electorales.
Organizar las elecciones
El 1 de mayo deben anunciarse las candidaturas que concurren en las elecciones. Una tarea que también depende de los letrados de Justicia, que manejan información delicada. Son ellos quienes entregan copia del censo electoral a los representantes de los partidos y colaboran en la distribución de espacios para colocar publicidad electoral. Incluso los diferentes actos de campaña pasan por sus manos.
Su función no termina ahí. Tienen la facultad de otorgar credenciales a los representantes de los partidos para que participen en el control y salvaguarda de las elecciones. Los letrados de Justicia también se encargan del desarrollo de las votaciones, las incidencias que se producen durante la jornada, del escrutinio y de las reclamaciones posteriores.
«Cuando se disuelven las juntas electorales, nosotros seguimos manteniendo las funciones. Es una labor muy importante porque sobre la figura del letrado se sustenta todo el procedimiento», insiste Juan José Yáñez, portavoz del Comité de Huelga. En su opinión sería «muy grave» que la huelga indefinida que mantienen desde el 24 de enero se prolongue, lo que dificultaría la organización de las elecciones.
Yáñez precisa que el conflicto no es con la ciudadanía, sino con el Ministerio de Justicia, al que demandan mejoras salariales. Espera que para el inicio del proceso electoral hayan alcanzado un acuerdo con el departamento que lidera Pilar Llop. De momento, y tras cuatro reuniones, ha sido imposible acercar posturas. «El ministerio sigue en su estrategia de buscar el agotamiento. No solo perdemos sueldo, también se resiente el servicio público».
La huelga tiene un seguimiento medio superior al 70%. El cuerpo cuenta con más de 4.400 profesionales repartidos por la geografía española. No obstante, Yáñez manda un mensaje de tranquilidad: «Somos unos profesionales dedicados al servicio público. Los paros no deben afectar a la organización de las elecciones ni al derecho al voto porque no tienen relación con el proceso».
Otro letrado consultado por THE OBJECTIVE rechaza que se vayan a suspender los comicios: «Es una locura pensarlo. Aunque si somos maximalistas, podrían estar en peligro». No obstante, reconoce que podría existir «cierto caos» a la hora de organizar las elecciones del 28-M si finalmente no se soluciona el conflicto laboral.
Para evitarlo, el Ministerio de Justicia deberá fijar unos abundantes servicios mínimos que incluyan todo aquello que esté relacionado con las elecciones. El departamento de Llop ya tuvo que ampliarlos el 24 de febrero, cuando la huelga cumplió un mes, para incluir servicios que no incorporaba la resolución inicial, como la celebración de matrimonios en el Registro Civil o la expedición de mandamientos de pago o transferencias relacionadas con las pensiones de alimentos a menores.
