La Justicia tumba el pasaporte covid de Aragón
Condena a la Administración demandada a hacerse cargo de las las costas del procedimiento, que suman un total de 1.500 euros
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. | Angel Garcia / Zuma Press / ContactoPhoto
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a la Asociación Liberum y ha tumbado el pasaporte covid en Aragón.
El TSJA, en un nuevo varapalo al Gobierno del socialista Javier Lambán, declara nula la orden SAN/1561/2021 del 23 de noviembre de 2021 por la que se adoptaban medidas específicas para el control de la pandemia de coronavirus en Aragón. Asimismo, la Justicia condena a la Administración demandada a hacerse cargo de las las costas del procedimiento, que suman un total de 1.500 euros.
«No es un problema de limitación de derechos, ni siquiera tanto de su intensidad, sino un problema de control de ejercicio de potestades discrecionales, cuando se adentra en terrenos propios del ejercicio de un derecho fundamental o una libertad pública», señala el TSJA.
Asimismo, el tribunal considera que los espacios de ocio, establecimientos de restauración, hostelería, etc., atendidos datos oficiales que obran en autos, «no son los que presentan mayor riesgo de transmisión de la enfermedad», y añade: como es de ver por el examen de tales datos estadísticos, «los contagios se producen principalmente en el trabajo, en el domicilio, en los colegios y en los hospitales o centros sociosanitarios».
«Hoy es un gran día para todos los seres humanos amantes de la libertad y de la justicia. Nos han llamado de todo, desde negacionistas hasta antivacunas, nos insultan a diario, pero nosotros nunca nos rendiremos. Siempre os hemos pedido confianza, y que llegaría el día en el que la verdad tendría la ultima palabra. Hoy es uno de esos días donde la ciudadanía encuentra, por fin, un hilo de esperanza», ha celebrado Liberum en un comunicado.
No es la primera vez que la Justicia de Aragón da la razón a Liberum. En febrero de 2022 falló a favor de ella en relación al uso del certificado covid que dicha autonomía imponía para acceder a hospitales y residencias. Dictaba que no era necesario exhibir el certificado covid para acceder a centros hospitalarios y servicios sociales especializados.
