El Constitucional avala la 'ley de la eutanasia' tras rechazar el recurso de Vox
La norma, que se aprobó hace un año, contempla «terminar con el sufrimiento» de los enfermos graves que lo soliciten. Queda pendiente la impugnación del PP
Edificio del Tribunal Constitucional. | Carlos Luján (Europa Press)
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley que regula la eutanasia por nueve votos contra dos. La norma entró en vigor en junio de 2021 y fue recurrida ese mismo mes por PP y Vox, que votaron en contra. La corte de garantías rechaza así el recurso que presentó la formación que preside Santiago Abascal, el primero que lo hizo. El fallo deja entrever la línea que se aplicará a la impugnación pendiente, la de los populares. Los magistrados ya se negaron a suspender cautelarmente la ley por su supuesta ilegalidad. Los recurrentes sostenían que era opuesta al derecho a la vida.
Los miembros del Constitucional iniciaron el debate sobre la ley de la eutanasia en el Pleno del 9 de marzo. El debate tuvo que posponerse por la recusación de dos magistrados que, cuando se aprobó la normativa, tenían relación con el Gobierno . El asunto se han debatido esta semana. La sentencia sigue los argumentos que emplea el ponente, el progresista Ramón Sáez.
La resolución sostiene que la ley de eutanasia «garantiza el derecho a la autodeterminación de las personas sin dejar desprotegida la vida». Dos magistrados han mostrado sus discrepancias con la sentencia, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, del sector conservador del Tribunal Constitucional. Ambos han anunciado votos particulares porque la sentencia «excede el alcance y los límites de control que corresponde al tribunal».
Discrepancias por la eutanasia
El Pleno de la corte de garantías esgrime que en la ley que regula la eutanasia no figura ningún artículo que pueda ser declarado ilegal, a pesar de que Vox sostenía que esta no ofrece garantías de seguridad jurídica. No obstante, la mayoría de los magistrados rechazan ese escenario porque la persona que desea poner fin a su vida debe cumplir unas condiciones legales y realizar «una solicitud consciente, voluntaria y libre».
La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
Los dos partidos recurrieron. El recurso de Vox, prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley, se dirigía contra 13 artículos de la Constitución, todo ellos desestimados. La impugnación que realizó la formación verde se basó en dos motivos, uno formal y otro material. El primero afectaría al procedimiento de elaboración y aprobación parlamentaria de la ley, cuyo origen fue una proposición de ley orgánica del grupo mayoritario que apoya al Gobierno.
La segunda impugnación sostiene que el derecho fundamental a la vida tiene naturaleza absoluta, es indisponible y el Estado debe protegerlo incluso contra la voluntad de su titular, «por lo que la eutanasia o derecho a morir no puede ser objeto de regulación por el legislador».
El recurso del PP, más limitado y a la espera de ser debatido, rechaza la norma «en la medida en que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva». También se opone para «evitar potenciales abusos» y «proteger a las personas vulnerables», como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
