Los funcionarios de Justicia piden a Sánchez que haga una oferta para acabar con la huelga
CSIF y STAJ recurren ante los tribunales el acuerdo del comité de huelga de los letrados de la administración con el ministerio que dirige Pilar Llop
Funcionarios de Justicia durante una protesta ante la sede del ministerio. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Los funcionarios de Justicia están «cabreados» con el Gobierno. Así se lo han hecho saber a Pedro Sánchez a través de una carta. Los sindicatos apremian al presidente a hacer una oferta económica que aún no han recibido que «permita atisbar una solución a este conflicto». En la misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también denuncian la diferencia de trato con otros trabajadores, como jueces y fiscales, a los que el departamento que dirige Pilar Llop ha ofrecido 44,6 millones de euros para evitar la huelga, y los letrados de la administración de Justicia, que consiguieron un aumento salarial de 450 euros al mes.
Un acuerdo que recurrirá la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en los tribunales. La organización ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la vía de lo contencioso-administrativo. El sindicato tiene previsto presentar el recurso en los próximos días. Quien ya lo ha hecho es el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
«Entendemos que es ilegal porque se adopta en un ámbito de negociación que no existe», asegura José Luis Fernández Alaya, portavoz de STAJ. Los funcionarios de la Justicia han pedido este martes por carta a Sánchez que intervenga en el conflicto y dé instrucciones a sus ministras para que se sienten a negociar. Lo hacen el mismo día en el que se ha desarrollado la cuarta jornada de huelga desde el inicio dl conflicto. Los paros continuarán esta semana y la que viene.
La carta a Sánchez
El objetivo es conseguir una subida salarial «en línea» con la que lograron los letrados de la administración de Justicia a finales de marzo. «Reclamamos al Gobierno que plantee una oferta económica que cubra el trabajo diario que realizamos en los juzgados. Entre 350 y 430 euros al mes», ha precisado Javier Jordán, del CSIF. Los sindicatos también piden paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 funcionarios».
Los representantes de los trabajadores explican que «esta subida se llevaría a cabo a través del concepto complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen».
«Como bien sabrá, el 28 de marzo el Gobierno que usted preside (…) firmó un acuerdo con el comité de huelga de los letrados de la administración de Justicia en el que se garantiza un incremento retributivo para los miembros de este cuerpo de entre 430 y 450 euros al mes. Este acuerdo se cierra al margen de la mesa de negociación y con desprecio absoluto a la función que atribuye la Constitución a los sindicatos y a las normas vigentes en materia de representación sindical», sostiene la carta a Sánchez.
Los representantes de estos trabajadores afirman en la misiva que, tras dicho acuerdo, «las reivindicaciones del resto del personal de la oficina eran más que probables, algo que todo el mundo daba por seguro y no solo en relación a ese personal, sino también con jueces y fiscales, como ya se ha hecho público».
Oferta a jueces y fiscales
Los funcionarios de Justicia denuncian una diferencia de trato con el resto de colectivos en conflicto. A pesar de que ellos llevan un mes de protestas y que se han reunido en varias ocasiones con el departamento de Llop, de la que solicitaron la dimisión, aún no recibido propuesta económica alguna.
«No hay ninguna oferta ni amago de convocarnos en los próximos días. Es increíble que un gobierno progresista dialogue con los que tienen las retribuciones más altas y no con los que la tienen más bajas», recalca Fernández Alaya, de STAJ. En la misma dirección apunta Jordán, de CSIF: «Eso es indignante porque lo que se traduce en que hay funcionarios de primera y funcionarios de segunda».
Contrasta con la situación de jueces y fiscales, a los que el Ministerio de Justicia ofreció la semana pasada, durante la primera reunión entre las partes, 44,6 millones para evitar la huelga que han convocado a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral. Las organizaciones que les representan consideran que la oferta «no es suficiente» y, tras no llegar a un acuerdo este lunes, se volverán a reunir el miércoles.
«Nos parece una discriminación absoluta porque en la oficina judicial todos trabajamos encadenados», afirma Victoria Carrero, responsable de UGT. Los sindicatos reconocen en su carta a Sánchez que «si hemos llegado a este conflicto es por la falta de previsión de su Gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública». Además, amenazan con que «de mantenerse esta posición de bloqueo» se verán «obligados a intensificar las medidas de presión».
