Los funcionarios de Justicia mantienen la huelga pese al anuncio electoral de Sánchez
Los sindicatos consideran que el Gobierno seguirá «en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta después de las elecciones»
Los funcionarios de Justicia durante la manifestación del jueves en Madrid. | Javier Lizón (EFE)
Los funcionarios de Justicia no tiran la toalla. El comité de huelga ha decidido mantener la huelga indefinida que iniciaron hace una semana pese al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. Los sindicatos, que se han reunido este lunes por la tarde, consideran que la decisión del Gobierno no cambia nada porque el Ejecutivo seguirá «en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones».
«No existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar el conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados semanas antes de unas elecciones en 2008 y 2018», afirman los funcionarios de Justicia en un comunicado de seis puntos al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los sindicatos buscan intensificar las movilizaciones hasta que el Gobierno les cite para mejorar sus condiciones laborales y salariales, algo que de momento no se ha producido. En su opinión, la disolución de las Cortes no neutraliza su estrategia, por lo que exigen al Ministerio de Justicia que «no utilice el anuncio realizado por Sánchez para escabullirse de su responsabilidad».
El papel de Sánchez
«El Gobierno debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga de los letrados de la administración de Justicia y su posterior acuerdo», afirman los representantes de los funcionarios. En su opinión, el departamento que dirige Pilar Llop «lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global» decidió abordarlos de manera separada.
Los sindicatos afean al Ministerio de Justicia que se hayan abordado las demandas de otros colectivos mientras a ellos, «el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento del servicio», no les han llamado para negociar. E insisten: «Ha quedado postergado intencionadamente». No obstante, pese al adelanto electoral no van a dar ni un paso atrás: exigen a Sánchez que intervenga en el conflicto para poner fin a la huelga.
Las movilizaciones arrancaron el 17 de abril, aunque con paros puntuales. Los funcionarios reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, «en línea» con la que obtuvieron los letrados de la administración de Justicia, y paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa» a los 45.000 trabajadores que conforman la plantilla.
La convocatoria electoral ha hecho que diferentes personalidades elevan la voz para pedir «un ejercicio de responsabilidad» y que pongan fin a la huelga. Entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que considera que «está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas». Solo en esta región se han suspendido más de 5.000 señalamientos.
«Una reunión urgente»
El anuncio realizado por Sánchez también ha soliviantado a los letrados de la administración de Justicia. Sus representantes han solicitado «una reunión urgente» con Justicia para garantizar que se ejecute la subida de 450 euros que pactaron en marzo, tras dos meses de huelga. Dos asociaciones han emitido este lunes un comunicado conjunto para mostrar su preocupación por la convocatoria electoral.
El texto incide en que los reales decretos de retribuciones que se encuentran en trámite «no deberían ver retrasada su aprobación definitiva por cuanto su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes Generales». Las organizaciones han asegurado que estarán «atentas al cumplimiento de todo lo acordado», que «debe verse reflejado en la nómina de julio».
Los letrados de la administración de Justicia y el departamento de Llop firmaron en marzo un acuerdo que incluía una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una que se pagará este julio que tiene carácter retroactivo al 1 de enero, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024. Además está pendiente el acuerdo firmado hace dos semanas con las asociaciones de jueces y fiscales que contempla una subida de hasta 450 euros al mes.