Vox se plantea dejar de recurrir al TC para evitar que Pumpido blinde las leyes de Sánchez
La formación que preside Santiago Abascal, que ha presentado 47 recursos en esta legislatura, duda de si llevar la ley de vivienda ante la corte de garantía
Los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith, Santiago Abascal, Marta Castro y José María Figaredo, ante el Tribunal Constitucional. | Europa Press
Vox se plantea dejar de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional para evitar que su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, continúe blindando todas las leyes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la formación que preside Santiago Abascal debate en su seno la pertinencia de seguir acudiendo a la corte de garantía por los precedentes sentados en apenas tres meses con la ley del aborto, la ley de eutanasia o la ley Celaá.
Esta nueva estrategia podría afectar a la ley de vivienda, que sería derogada por un futurible Gobierno de centroderecha, y que contiene preceptos de dudosa constitucionalidad que podrían ser avalados por Pumpido en caso de recurso. La decisión no compete al equipo jurídico del partido, sino al Grupo Parlamentario, que confiesa a este medio no haber tomado aún la decisión, pero recuerda -a modo de justificación- que ya ha presentado 47 recursos en toda la legislatura.
El último nos remite al pasado 12 de abril, cuando Javier Ortega Smith y Carla Toscano presentaron un recurso de anticonstitucionalidad contra la ley trans por suponer, en palabras del candidato a la alcaldía de Madrid, «un ataque de la ideología de género al ordenamiento jurídico» que «limita de un modo insoportable las libertades». En ese momento ya había ganado cierto predicamento la corriente interna partidaria de dejar de enviar leyes al tribunal con mayoría progresista.
Pero la bofetada de realidad definitiva llegó el pasado 18 de abril, cuando el Alto Tribunal rechazó el recurso presentado por Vox contra la LOMLOE o ley Celaá, enmarcando la norma en el «amplio margen» que la Constitución concede al legislador para diseñar un modelo educativo acorde con su «concepción ideológica». La ponencia también consideró garantizado el «patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas».
El magistrado Ricardo Enríquez, junto a sus otros tres compañeros de la minoría tildada de conservadora, emitió voto particular al considerar que hay preceptos inconstitucionales, tales como los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género»; y que las administraciones dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado» con necesidad específica de apoyo educativo.
Un mes antes, el Alto Tribunal había avalado la eutanasia como un derecho que no deja «desprotegida» el derecho fundamental a la vida, que es lo que la formación verde denunciaba en su recurso de 87 folios, presentado en 2021.
La batalla judicial
La batalla jurídica contra las «leyes ideológicas» de la izquierda siempre ha sido una de las banderas de la formación que preside Santiago Abascal. En sus inicios, Vox llevó muchas de sus peleas ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, pero desde el pasado 10 de noviembre de 2019, cuando logró 52 diputados, se abrió un nuevo campo: el tribunal de garantías. Y es que a partir de los 50 representantes en el Congreso, cualquier formación puede interponer un recurso de inconstitucionalidad si considera que una medida tomada atenta contra la Carta Magna.
Desde entonces, 47 recursos. Con algunos fallos y aciertos, pero siempre bajo la premisa de que recurrir no tiene ningún coste político, pero sí un margen de beneficios incalculable: una derrota apenas tiene trascendencia, pero cualquier fallo a favor puede servir para anotarse un tanto. En este sentido, los triunfos más destacados de Vox han sido los recursos contra los dos estados de alarma, así como el que presentó contra la inclusión del exlíder de Podemos Pablo Iglesias en la comisión delegada que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Entre otros.
Legislatura agotada
Cabe recordar que desde que se aprueba una norma corre un plazo de tres meses en el cual se permite presentar un recurso de inconstitucionalidad. Pasado ese plazo, si nadie lo ha interpuesto, la norma queda asentada. Pero esta queda aún más legitimada si cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.
También hay que tener en cuenta que queda muy poca actividad legislativa. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, junto a sus socios parlamentarios, tiene pendiente aprobar la ley de familias, y así dar por cerrada la legislatura. Ni siquiera se aprobará la tan cacareada ley de trata, por cuanto el Ejecutivo no quiere abrir otro melón que divida al feminismo antes del pasado por las urnas. El daño -con la aprobación de las leyes más ideológicas: la del sólo sí es sí y la ley trans– está hecho.
Estos también son argumentos para los partidarios de dejar de recurrir ante el TC, que piden empezar por la polémica ley de vivienda, que podría entrar en colisión con la calificación de «mercado residencial tensionado» que compete a las autonomías. Pero tal y como advirtió la abogada Guadalupe Sánchez en este medio, «Pedro Sánchez sabe que cuenta con el as en la manga que necesita para terminar con el contrapeso competencial autonómico: el Tribunal Constitucional».
