España se enfrenta a una sanción por no aplicar una directiva europea sobre conciliación laboral
La transposición comunitaria iba a incluirse en la Ley de Familias, uno de los 62 proyectos que paraliza la disolución de las Cortes por el adelanto electoral
Un padre acompaña a sus hijos al colegio. | Joaquin Corchero (Europa Press)
España se enfrenta a una importante sanción económica por no aplicar una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral. La legislación comunitaria obligaba a los Estados miembros a hacerlo el 2 de agosto de 2022 «a más tardar», pero el Gobierno español sigue sin notificar la transposición. La Comisión Europea, que amenaza con iniciar un procedimiento de infracción, le dio un ultimátum de dos meses que concluye a finales de junio. La normativa iba a ser incluida en la Ley de Familias, pero el adelanto electoral lo hará imposible. Es uno de los 62 proyectos de ley que paraliza la disolución de las Cortes.
La directiva europea se aprobó en junio de 2019, pero otorgaba algo más de dos años de plazo a los Estados miembros para cumplirla. Una vez que lo hicieran debían notificarlo a las autoridades comunitarias. España es uno de los 11 países que aún no lo ha hecho. La Comisión Europea ha realizado varias advertencias, aunque sin éxito. El 19 de abril envió un dictamen motivado, una especie de ultimátum antes de sancionarles. Deben responder antes de que termine este mes.
«Si el país en cuestión no comunica las medidas que transponen plenamente las disposiciones de las directivas, o no rectifica una infracción de la legislación de la UE, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción formal», explican fuentes comunitarias. Los tratados establecen una serie de pasos para activar el procedimiento. En primer lugar, el Ejecutivo europeo envía una carta solicitando más información al país afectado.
Ultimátum de Europa
Si la Comisión Europea concluye que el país incumple sus obligaciones puede enviar un dictamen motivado, tal y como ha realizado con España por no transponer la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Se trata de una solicitud formal para cumplir con la legislación de la UE. «El Estado miembro debe informar de las medidas adoptadas en dos meses», indican las fuentes comunitarias.
España tiene hasta finales de junio para responder el requerimiento. «La mayoría se resuelven antes de ser remitidos», indican las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. En el caso de España parece complicado. El Gobierno tenía previsto transponer en la Ley de Familias, uno de los 62 proyectos de ley que paraliza la disolución de las Cortes. Si continúa sin cumplir el dictamen, la Comisión Europea puede elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario tiene la posibilidad de solicitar la imposición de sanciones, aunque estas ya competen al tribunal comunitario. Las multas son económicas, aunque no hay una cantidad determinada. «Pueden ser una suma global, un pago diario o ambas cosas», especifican las fuentes.
Las sanciones se calculan teniendo en cuenta la importancia de las normas infringidas y el impacto de la infracción en los intereses generales y particulares, el periodo en que no se ha aplicado la legislación de la UE y la capacidad de pago del país. La directiva europea tiene como objetivo de fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en el mercado laboral, promoviendo el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre los progenitores.
Denuncia del turno de oficio
La Plataforma Abogacía y Turno de Oficio ha aludido a esta directiva en la denuncia que ha presentado ante la Comisión Europea por la vulneración de su derecho a la huelga. Los abogados del turno de oficio solicitan a Europa que abra un procedimiento formal de infracción contra España. Además, piden que se incoe un expediente ante el Tribunal de Justicia en caso de que se incumpla la transposición de la norma comunitaria que, aseguran, dificulta su conciliación laboral y familiar.
El turno de oficio se plantó hace meses para reclamar una remuneración digna, la actualización de los baremos y el derecho a la conciliación. «Es sangrante e inaceptable para un colectivo que lleva más de 30 años intentado ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales», lamentan en el escrito que han remitido a la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario suele instar a los Estados miembros a que ejecuten la normativa supranacional. En caso de incumplirla envía dictámenes a los infractores, aunque difícilmente llegan a traducirse en sanciones. La Comisión Europea ha remitido este jueves una nueva misiva a España para pedirle explicaciones en un plazo de dos meses por no incorporar la directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles.
Con las nuevas normas, los empleados tendrán derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones y el tiempo de trabajo. Además, podrán recibir información puntual y más completa sobre los aspectos esenciales de su labor, como el lugar de empleo y la remuneración. Según Bruselas, las nuevas normas beneficiarán en nuestro país a más de dos millones de trabajadores precarios.
