Fiscales denuncian al Gobierno irregularidades en el nombramiento de Dolores Delgado
La asociación mayoritaria de fiscales pide a la ministra de Justicia que frene la elección porque fue «nula de pleno derecho»
Dolores Delgado y Baltasar Garzón en un acto de Memoria Histórica. | Álvaro Ballesteros (Europa Press)
La carrera fiscal advierte al Gobierno: la elección de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática está plagada de «irregularidades». El Consejo de Ministros tiene que refrendar este martes la propuesta que realizó el 8 de junio el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra del criterio del Consejo Fiscal. Las dos asociaciones críticas con lo sucedido han enviado este lunes sendas cartas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para comunicarles las anomalías y que la elección fue «nula de pleno derecho» para evitar así el nombramiento.
García Ortiz propuso el pasado jueves a Delgado para la recién creada plaza de Memoria Democrática. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales y el único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se negaron a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Al puesto aspiraban cuatro candidatos: la exministra de Justicia, Juan Calparsoro, Luis Ibáñez y Carlos Castresana.
La mayoritaria Asociación de Fiscales ha remitido una carta a Llop para instarle a que no traslade al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento Delgado porque su elección fue «nula de pleno derecho». Además, solicita que traslade al órgano su solicitud «a fin de que no acuerde el citado nombramiento».
La idoneidad de Delgado
La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, advierte de que, si finalmente el Gobierno sigue adelante, «la resolución puede ser impugnada ante la jurisdicción ordinaria (…) y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes». En el mismo sentido se ha expresado APIF, que ha enviado otra carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
«Durante la sesión del Consejo Fiscal, a propuesta de siete vocales, se interesó del fiscal general del Estado que el nombramiento de Delgado se pospusiera dado que los vocales entendían que podía concurrir en la elegida una prohibición para el ejercicio del cargo que se discutía, por la posibilidad de concurrencia de conflicto de intereses con la actividad de su pareja sentimental», explica la misiva, a la que ha tenido acceso este diario.
APIF subraya que el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faculta al órgano a decidir sobre la idoneidad de la persona para el cargo. El reglamento establece que «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».
La asociación que preside Salvador Viada ya advirtió días antes del cónclave de que Delgado podía incurrir en posibles incompatibilidades para el puesto por un conflicto de intereses motivado por su relación sentimental con el exjuez Baltazar Garzón, que preside una fundación dedicada a combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos. APIF pidió entonces retrasar el Consejo Fiscal al 19 de junio, como estaba previsto en un principio, y debatir la cuestión.
Competencia del Consejo Fiscal
En un escrito, la asociación recordaba que el magistrado había creado la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIGBAR) tras ser expulsado de la carrera judicial en 2012 y que Delgado había participado en numerosas actividades. La actual pareja de la exministra de Justicia fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Garzón también es el administrador único de un despacho de abogados, Ilocad.
En la carta dirigida a Bolaños, APIF recuerda que el real decreto sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal establece en el artículo 3 que este órgano cuenta entre sus competencias «apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la existencia de causas de prohibición para el ejercicio del cargo a que se refiere el artículo 58.1 del citado estatuto».
«Conforme a esa normativa, la competencia para estimar la concurrencia o no de esa prohibición corresponde al Consejo Fiscal», indica la misiva. APIF destaca que, a pesar de ellos, y tras solicitarle el aplazamiento de la votación, el fiscal general decidió que «no lo hacía sobre el criterio de que él no apreciaba la necesidad de incoar un expediente para analizar la cuestión. Es decir, decidía él lo que era competencia del Consejo Fiscal en pleno».
APIF denuncia que esta decisión «soslaya esa garantía legal que establece la ley para impedir que casos de conflicto de intereses se puedan producir en el seno de la Fiscalía». Además, recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tilda como infracción muy grave en su artículo 62.7 el «provocar el propio nombramiento para alguna Fiscalía cuando concurra en el nombrado alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas».
Como consecuencia, insiste el texto, los siete vocales que vieron rechazada su pretensión de que se estudiara la existencia de una prohibición que impediría el nombramiento, decidieron apartarse de la votación. Es decir, no intervenir en el debate, ni pronunciarse a favor ni en contra ni abstenerse respecto a ninguno de los candidatos. «Eso no impidió que el fiscal general continuara el acto, a pesar de que el Reglamento del Consejo Fiscal establece que el pleno quedará válidamente constituido cuando se hallen presentes, al menos, ocho de sus miembros, de los que seis deberán ser vocales electivos».
Las asociaciones críticas con el nombramiento de Delgado ya han anunciado que trasladarán la cuestión a la Comisión Europea para que lo incluya en su análisis sobre el Estado de Derecho en España, un informe que el Ejecutivo comunitario realiza cada verano para dar cuenta de la situación de la Justicia en los países miembros. «Consideramos que estamos ante un escándalo sin precedentes, y eso en la Fiscalía es mucho decir. El fiscal general debería dimitir», aseguraron en un comunicado.
