El juez Pedraz volvió a cerrar el 'caso Moreira' tras perder la grabación de un testigo de EEUU
La Fiscalía y el magistrado viajaron a Texas para entrevistar a exmiembros de Los Zetas que aportaron «nuevos elementos incriminatorios» contra el exlíder del PRI
El juez Santiago Pedraz y el expresidente del PRI mexicano Humberto Moreira.
Dos años después de dejar en libertad al expresidente del PRI mexicano Humberto Moreira y archivar provisionalmente la causa, la Audiencia Nacional reabrió en 2018 la investigación. Testigos protegidos de Estados Unidos, antiguos operadores arrepentidos del sanguinario cártel mexicano de Los Zetas, habían acreditado nuevos presuntos vínculos entre el exdirigente del partido del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y esa organización criminal. Operaciones dedicadas supuestamente al afloramiento y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y del erario público mexicano, según informes del caso a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Santiago Pedraz aceptó librar una comisión rogatoria y viajar hasta San Antonio (Texas) para entrevistar a esos testigos protegidos. El Ministerio Público entendía que había «nuevos elementos incriminatorios» contra Moreira. El propio juez llegó a estar presente en uno de los tres viajes realizados por Anticorrupción a Estados Unidos para entrevistar a los arrepentidos de Los Zetas, según confirman fuentes jurídicas. Sin embargo, la Audiencia Nacional confirmó en 2020 el cierre de la investigación decretado por Pedraz tras perderse la grabación efectuada por el magistrado durante la única entrevista en la que estuvo presente en San Antonio y por considerar que la versión de los testigos de EEUU no aportó ningún indicio suficiente para mantener abierta la investigación.
El carpetazo final a la causa se dio a pesar de que Anticorrupción dijo en 2019 haber confirmado en la investigación, «tras el desplazamiento del realizado por el propio Magistrado y el fiscal a San Antonio (Texas), que el señor Moreira tiene relaciones patrimoniales con el denominado cártel de Los Zetas, tanto en relación a obtener dinero como a blanquear beneficios de origen delictivo». «Se constatan actos de blanqueo cometidos en el extranjero hacia España, donde se ejecutan igualmente actos de blanqueo», añadía la Fiscalía en un recurso presentado el 25 de febrero de 2019 para intentar evitar el cierre definitivo de la causa.
Testigos implicaron a Moreira
En ese escrito se desvela que los días 12 y 13 de diciembre de 2017, casi dos años después de la detención y posterior puesta en libertad de Moreira en Madrid, los fiscales de San Antonio habían tomado declaración Rolando González Treviño y a Héctor Javier Villarreal Hernández, identificados como colaboradores y acusados de las autoridades estadounidenses. El primero era el administrador de un conjunto de empresas familiares y sistemas de televisión por cable en el estado mexicano de Coahuila, del que Moreira fue Gobernador entre 2005 y 2011, fecha en la que ascendió a presidente del PRI.
El segundo de ellos es Héctor Villarreal. Ocupó distintos altos cargos políticos vinculados a la gestión de las finanzas en el estado de Coahuila durante el mandato de Moreira en esa región fronteriza que sufre los estragos del poder de los cárteles de la droga mexicanos. De las declaraciones de ambos confidentes de Estados Unidos, «fundamentalmente de la prestada por Héctor Javier Villarreal», la Fiscalía Anticorrupción española daría por acreditado que Moreira «habría formado una estructura societaria sin actividad real, con la intervención de testaferros y con el fin de dar cobertura legal a ese enriquecimiento ilícito». También señalaba Anticorrupción que de sus testimonios se deducía que «Moreira habría mantenido relaciones con los cárteles del Golfo y de Los Zetas durante su etapa de gobernador».
El Ministerio Público añadía que había pruebas para sostener que, además, el expresidente del PRI mantenía relación con Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto enlace de Los Zetas en Europa. Conocido como El Mono Muñoz, este último fue arrestado por la Policía Nacional española en una lujosa urbanización de La Moraleja (Madrid) en marzo de 2016, apenas dos mes después del arresto y posterior puesta en libertad de Moreira. Un año más tarde, El Mono Muñoz sería extraditado a Estados Unidos con el visto bueno de Pedraz.
En su recurso de febrero de 2019, los fiscales reiteraban que durante su estancia en Barcelona —donde cursó estudios de posgrado en 2013 y 2014— Moreira «recibió periódicamente dinero en España desde el extranjero». Transferencias electrónicas que sumaban casi 200.000 euros. Sin embargo, tras los nuevos indicios aportados por los testigos protegidos en Estados Unidos, la Fiscalía española llegaba a nuevas conclusiones y nombres. De empresas y también de personas supuestamente vinculadas a Moreira y a las presuntas actividades delictivas que el Ministerio Público español le atribuía indiciariamente.
Malversación de 160 millones de euros
Las transferencias electrónicas, según esta nueva información, eran efectuadas por «corporaciones pantalla» vinculadas a Moreira y a los hermanos González Treviño, antiguos operadores y extestaferros de Los Zetas bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Las sociedades supuestamente ficticias estaban radicadas en cuatro países distintos: EEUU, México, Holanda y las Islas Vírgenes británicas. «De la investigación de las autoridades de Estados Unidos de América se han podido identificar algunas de las empresas pantallas utilizadas por la organización de los señores González Treviño, además de otras dos sociedades pantalla mexicanas y dos holandesas conectadas a Humberto Moreira», indicaba Anticorrupción.
Las autoridades de EEUU llegaron a enviar a España fotografías de los hermanos González Treviño en su oficina alrededor de una mesa repleta de fajos de billetes supuestamente preparados para ser lavados a través de «empresas pantalla». Las mencionadas sociedades serían Constructora Promotora y Servicios; Constructora y Promotora y Servicios de La Laguna S.A.; Integra S.A. de CV; Partes de Plástico SA de CV; Autopartes de México; Convest Holding CO CV; y Dach Holding CO CV. «También informan de que dos individuos identificados como Jorge Heriberto Ramírez Duarte y José Higinio Pérez Martínez han actuado en nombre de Humberto Moreira para comprar activos en lo que se cree que son transacciones de blanqueo de capitales», añadía Anticorrupción.
Como recuerda la Fiscalía Anticorrupción en diferentes escritos del caso, Moreira se mudó a España después de que su hijo mayor fuese asesinado por Los Zetas en 2012. Antes de trasladarse a Barcelona, según los testigos protegidos de Estados Unidos, el expresidente del PRI «se habría apropiado de unos 3.000 millones de pesos (unos 160 millones de euros) mediante actos de corrupción y malversación de fondos públicos» en Coahuila. Antes de mudarse a España, y ya con Peña Nieto como presidente del país latinoamericano, la Fiscalía mexicana investigó y absolvió a Moreira de esos supuestos delitos de malversación. Ese sería uno de los argumentos por los que el juez Pedraz archivó en primera instancia la causa en el año 2016.
La misteriosa grabación de Pedraz
Al reabrir el caso en 2018, la Audiencia Nacional autorizó a la fiscalía y a la policía española entrevistarse con ambos testigos protegidos y con otros dos identificados como «R.G.» y «R.» para corroborar la información sobre Moreira en presencia de investigadores estadounidenses. Uno de los representantes del Ministerio Público llegó a viajar en tres ocasiones a San Antonio. La segunda de ellas, según fuentes del caso, lo hizo en compañía del juez Pedraz. Durante el interrogatorio, el magistrado sacó su teléfono para grabar la versión del testigo protegido.
Al regresar a España, la Fiscalía solicitó a Pedraz la grabación de la entrevista con ese presunto exoperador de Los Zetas que habría corroborado algunas de las sospechas sobre Moreira. Sin embargo, según fuentes del Ministerio Público, el magistrado contestó diciendo que no disponía de la grabación. Una situación que habría causado perplejidad y malestar a los fiscales e investigadores estadounidenses. El juez que había dejado en libertad a Moreira en España en 2016 había perdido dos años más tarde el audio con el testimonio de un testigo protegido.
Fuentes cercanas al magistrado restan importancia al incidente con la grabación. Apuntan que puso el móvil sobre la mesa con la intención de grabar, pero debió pulsar algún botón equivocado y nunca llegó a guardarse en su teléfono el audio de la entrevista con el testigo de Estados Unidos. No lo perdió, precisan las mismas fuentes, sino que jamás habría existido la grabación. Como ya indicó al cerrar el caso en 2016, Pedraz consideró también en 2020 que los indicios señalados por Anticorrupción y por los testigos protegidos de EEUU eran mínimos y carecían de pruebas documentales que los sostuvieran.
El viaje a San Antonio, indican desde el entorno de Pedraz, fue de carácter testimonial y de cortesía. El sistema procesal español, añaden las mismas fuentes, no permite incorporar a una causa el testimonio de un testigo si no se produce en presencia de un secretario judicial. El juez no pudo hacer preguntas, solo se limitaba a escuchar lo que respondía el testigo a las autoridades norteamericanas. Las pruebas de blanqueo, insisten fuentes cercanas al magistrado, eran mínimas.
