Teruel Existe denuncia «el destrozo» del megaproyecto eólico investigado por un juez
La formación aragonesa va a personarse en la causa abierta para solicitar medidas cautelares y evitar cambios en la zona que serían complicados revertir
El líder del Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el Congreso. | Javi Martínez (Europa Press)
«Sería imposible restituir un destrozo de tal calibre». La frase, lapidaria, pertenece a un miembro de Teruel Existe, que ya advirtió en enero de las consecuencias de un megaproyecto eólico en Aragón. El Gobierno aprobó en diciembre su evaluación ambiental, pero varios particulares denunciaron infracciones en el proceso. Un juez investiga posibles delitos medioambientales. El partido de Tomás Guitarte va a personarse en la causa para pedir medidas cautelares. Antes presentará alegaciones contra la autorización administrativa porque, de otorgarse, «será complicado revertir los cambios».
El megaproyecto está formado por 22 parques ubicados en el Maestrazgo, una comarca de Teruel que limita con la provincia de Castellón, hasta donde llegarán los molinos de viento. Pertenece al grupo Forestalia, que presentó una inversión de 800 millones de euros y anunció la creación de 2.500 empleos. Los denunciantes se quejan de infracciones en los informes de impacto ambiental. Sostienen que la resolución aprobada por el Gobierno se realizó ad hoc para beneficiar al promotor.
Teruel Existe ha confirmado a THE OBJECTIVE que va a presentar alegaciones a la modificación de las autorizaciones administrativas. El plazo finaliza el 28 de junio. La formación regionalista denuncia que el Ministerio de Transición Ecológica concedió la autorización en abril «de forma rápida», ya que el límite era el día 25 y de superarlo «el promotor habría perdido los derechos de conexión a la red».
Polémica en Teruel
Con esa fórmula podrían evitar que los promotores consigan el permiso para construir. Otra vía es interponer recursos de alzada contra las centrales, 22 en total, ya que el megaproyecto fue fragmentado «irregularmente». Tienen hasta el 6 de julio para hacerlo. En caso de que la respuesta sea negativa, acudirían a un juzgado de lo contencioso-administrativo.
La formación regionalista ya ha solicitado personarse en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que se encuentra en una fase inicial. El magistrado solicitó hace dos meses un informe a la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de Zaragoza. Los agentes de esta sección de la Guardia Civil adscrita al Seprona están estudiando con detalle todos los informes que les ha entregado el juez instructor, explican a este diario fuentes cercanas a la investigación.
«Vamos a solicitar que se paralicen todos los expedientes porque, a pesar de las denuncias presentadas, las alegaciones y los recursos, si el juzgado no decreta la paralización cautelar de las obras, se podrá comenzar la construcción», afirman desde Teruel Existe. Su intención es pedir medidas cautelares para evitar que se otorgue el permiso de obra, ya que el proceso judicial «podría determinar el futuro de estos proyectos». En ese caso, matizan, sería difícil restituir la zona.
El partido de Guitarte considera vital solicitar esas cautelares porque «puede darse el caso de que el juzgado anule la autorización administrativa e imponga la restauración de la situación previa estando las centrales eólicas y fotovoltaicas ya construidas». En ese caso se trataría de una reversión «compleja», ya que los hábitats existentes habrán quedado deteriorados, se habrían talado grandes masas boscosas y eliminado especies existentes en estos espacios naturales protegidos.
Sin evaluación ambiental
En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del Maestrazgo, la tramita el Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto en cuestión supone instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón».
Teruel Existe advirtió de lo sucedido a la Fiscalía en enero. Denunció que los 22 parques eólicos deberían haberse tramitado como un único plan y ser sometido a una evaluación ambiental estratégica. En su opinión, el departamento que lidera Teresa Ribera permitió a los promotores modificar el expediente para introducir nueva documentación «sin que nunca hayan sido evaluadas ambientalmente» ni «expuestas a información pública».
Se quejan de infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Gobierno para la instalación de 84 molinos de viento en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima». E insisten: «Se produjeron varias irregularidades, como aumentar 36 posiciones de los aerogeneradores y aumentar la potencia, lo que habría necesitado, como mínimo, un periodo de información pública y una nueva evaluación de impacto ambiental».
Por si fuese poco, afirman de que, con el planteamiento actual, los molinos de viento quedarán rodeados por Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y que algunos de los parques invadirán áreas que incluyen planes de recuperación de tres especies en peligro de extinción.
La formación aragonesa también destaca que la evaluación de impacto no valora «suficientemente» cómo la proliferación aerogeneradores dificulta la extinción de incendios y que han sido «mal valoradas» las afecciones al medio socioeconómico y al paisaje.
