El juez rechaza revisar las cuentas de las ONG afines a las que Ada Colau regó con ayudas
Prorroga hasta diciembre el caso por malversación contra la exalcaldesa, pero se opone a acordar nuevas diligencias
Ada Colau. | Europa Press
Portazo del juez que investiga a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de esa ciudad ha acordado prorrogar la causa por un periodo adicional de seis meses, hasta el 29 de diciembre, pero se niega abrir nuevas líneas de investigación. Y rechaza revisar las cuentas o memorias económicas de las entidades sociales afines a Colau que recibieron grandes sumas de dinero en concepto de subvenciones directas durante su mandato: el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Enginyeria Sense Fronteres.
Se trata de organizaciones sociales donde la exalcaldesa y varios miembros de su antiguo equipo de gobierno habían trabajado antes de dar el salto a la política. Entidades que, según una de las acusaciones populares, formarían parte de una presunta ‘red clientelar’ de asociaciones a las que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó subvenciones directas y cesiones de espacio público por importe de 40,8 millones de euros entre 2015 y 2019.
En un nuevo auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez se opone a revisar las cuentas de esas asociaciones al considerar que se trataría de una investigación de carácter «meramente prospectivo» y alejada de las irregularidades en las que se centra la causa. Una de las acusaciones particulares había pedido requerir las cuentas de esas ONG afines a Colau con la pretensión de demostrar que las subvenciones que recibieron se usaban para pagar sueldos y mantener cargos, en lugar de para financiar proyectos sociales, en las mismas entidades en las que la exalcaldesa y su equipo habían trabajado antes de 2015.
El juez rechaza nuevas imputaciones
El magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero «deniega la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación popular» y marca una línea roja. Solo está dispuesto a investigar aquellas cuestiones que «coincidan» con las señaladas por la Audiencia Provincial de Barcelona en el auto del pasado mes de diciembre por el que ordenó reabrir la causa contra la ahora exalcaldesa. Asimismo, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, el juez instructor descarta imputar a la interventora delegada del Ayuntamiento que declaró el pasado mes de febrero en calidad de testigo.
La propia Audiencia de Barcelona había indicado la necesidad de tomar declaración a esa funcionaria por ser quien firmó los convenios para la concesión de las subvenciones concedidas y abonadas, sin publicidad ni licitación previa, a las entidades vinculadas al Observatorio DESC, donde Colau trabajó como asalariada hasta 2015. La funcionaria explicó en sede judicial, el pasado mes de febrero, que ella había advertido de que el sistema por el que se concedieron las subvenciones tenía algunas irregularidades que se arrastraban desde antes de que Colau fuera alcaldesa, pero que no veía relevancia penal en ellas.
El juez da portazo también a la posibilidad de citar a declarar como imputados a otros de los integrantes del equipo de gobierno de Colau, también vinculadas a esas entidades sociales, que participaron en la tramitación y aprobación de las ayudas económicas por un procedimiento excepcional. Convenios plurianuales suscritos en 2016, 2018 y 2020 sin cumplir con el requisito legal de elaborar un Plan Estratégico y sin justificar en ningún caso el carácter excepcional de las subvenciones directas concedidas a las organizaciones vinculadas al Observatorio DESC.
¿Por qué se investiga a Colau?
Por último, el juez instructor da por aportado «como simple documento de parte», y no como prueba pericial, un dictamen jurídico presentado por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en el que se concluye que Colau habría incurrido en presuntos delitos de malversación y prevaricación. Un documento elaborado por el abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego, del despacho Durán y Durán Abogados, en el que se detallan múltiples irregularidades y presuntas ilegalidades en los convenios por los que se aprobaron las subvenciones directas concedidas y abonadas a esas organizaciones vinculadas a la exalcaldesa de Barcelona.
Concluía que en ninguno de los casos se ha justificado por parte del Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de conceder las ayudas económicas a esas entidades sociales por un procedimiento excepcional, sin publicidad ni licitación previa. Entre otros expedientes, en la causa se revisan las subvenciones otorgadas por importe de al menos 973.800 euros de euros al Observatorio DESC, la organización en la que la alcaldesa trabajó como asalariada hasta pocos meses antes de ganar las elecciones municipales de 2015. En esa y otras entidades vinculadas al Observatorio DESC, como Ingeniería Sin Fronteras, también trabajaron otros de los fundadores de Barcelona En Comú, como los disputados Jaume Asens y Gerardo Pisarello.
La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir el caso y practicar nuevas diligencias el pasado mes de diciembre. Los magistrados consideraron que Colau y la interventora pudieron haber incurrido en indicios de delitos, sobre todo prevaricación, en la concesión directa de determinadas subvenciones a las citadas entidades sociales. Los magistrados dieron permiso al juez instructor para alargar la instrucción y practicar nuevas diligencias de prueba. Añadieron que las ayudas excepcionales deben estar debidamente justificadas si se conceden sin un verdadero concurso público.
Según la Audiencia Provincial de Barcelona, algunas de estas subvenciones habrían vulnerado la ley general de subvenciones y podrían tener que anularse porque se concedieron de forma «recurrente, reiterada y directa». Entre otras diligencias, se dio luz verde al análisis de los expedientes de subvenciones para el Observatorio DESC, la PAH, la APE o Ingeniería sin Fronteras entre los años 2020 y 2021.
La exalcaldesa, única imputada
Desde la reapertura de la causa, se han practicado nuevas declaraciones de testigos. Entre ellos el interventor municipal y un exasesor del área de Economía del Ayuntamiento de Barcelona. La Fiscalía, que ya solicitó el pasado año el cierre de la causa al entender que las irregularidades investigadas no presentan indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación denunciados.
Anticorrupción sostiene que, a partir de lo actuado hasta el momento, ha quedado acreditado que Colau había delegado parte de sus funciones, como la concesión de subvenciones, a otros cargos y técnicos municipales, y no constaba que diera indicaciones de ningún tipo de instrucción en esta materia. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona falló en sentido diametralmente opuesto y ordenó reabrir el caso. Por el momento, Colau se mantiene como única imputada.
