Los letrados de la Justicia exigirán la subida de sueldo pactada al vencedor del 23-J
Estos profesionales de la Administración lamentan que Sánchez no haya cumplido el acuerdo firmado el 28 de marzo
Los letrados de la Justicia prometen dar la batalla. Van a exigir al vencedor de las elecciones del 23-J que cumpla el acuerdo del pasado 28 de marzo. El Gobierno se comprometió entonces a aumentarles el sueldo en 450 euros mensuales. Una promesa que aún no se ha ejecutado. La intención es continuar con las medidas de presión sin descartar una huelga que ya tuvo varados los tribunales dos meses a principios de año. Los empleados públicos adelantan que también acudirán a la vía judicial para conseguir su propósito.
La advertencia llega después de que el Consejo de Ministros del martes, el último que se celebró antes de los comicios, tampoco aprobara el incremento retributivo acordado con los letrados de la Justicia. Estos profesionales llevaron al límite a la Administración al poner en jaque el sistema. Durante los dos meses que duraron sus paros se cancelaron 360.000 juicios y vistas, se quedaron sin tramitar más de 420.000 demandas y se bloquearon 1.300 millones de euros de la cuenta de consignaciones.
Los antiguos secretarios judiciales y el Ministerio de Justicia firmaron el 28 de marzo un acuerdo que incluía una subida de hasta 450 euros brutos al mes para poner fin al conflicto. La disputa comenzó a finales de enero, cuando estos funcionarios comenzaron a exigir mejoras salariales para compensar la carga de trabajo que dicen haber asumido en los últimos años.
La propuesta de Justicia
El departamento que dirige Pilar Llop puso sobre la mesa 23 millones de euros para compensar a un colectivo que integran casi 4.000 personas. La cantidad supone un aumento de 450 euros mensuales para cada empleado público que debería reflejar la próxima nómina, la de julio. Era la fecha límite pactada para ejecutar el incremento. Sin embargo, las asociaciones de letrados de Justicia se quejan de que no se va a cumplir.
«Esperamos que el Gobierno cumpla con los acuerdos. Es absurdo que sigamos en esta situación», subraya Juan José Yáñez, portavoz de los letrados de la Justicia. En su opinión, la celebración de las elecciones no incapacita al Ejecutivo a ejecutar el pacto firmado en marzo, aunque se encuentre en funciones. «Aún así tiene capacidad para reformar los Reales Decretos», insiste.
El dirigente de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) advierte de que van a seguir presionando y de que no descartan acudir de nuevo a la huelga, aunque no es su prioridad. «No es la primera opción porque supone la fórmula más agresiva con los ciudadanos». En cambio, han acudido a un prestigioso despacho de abogados para solicitar por la vía judicial que se cumpla el acuerdo. Deberá resolverlo el Tribunal Supremo, órgano competente para revisar las actuaciones del Gobierno.
Fuentes gubernamentales aseguran que los incrementos salariales «no corren ningún peligro» y que el acuerdo se cumplirá porque es vinculante. El pacto firmado hace casi cuatro meses por los antiguos secretarios judiciales y el departamento que dirige Llop desató un efecto dominó. Jueces y fiscales amenazaron con acudir a la huelga si no se mejoraba también su retribución.
Escraches a los candidatos
El Gobierno les ofreció más de 46 millones para evitarlo, lo que supone un aumento de 450 euros mensuales. La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales aceptaron la propuesta, pero tampoco la han visto reflejada en sus nóminas, por lo que no descartan ir a los tribunales. Peor suerte corrieron los funcionarios de la Justicia, que ni siquiera han recibido una oferta y mantienen las protestas. En la última campaña han protagonizado varios escraches a los candidatos socialistas.
«Con independencia de lo que ocurra el próximo domingo, es evidente que urge pasar página a la desastrosa gestión del Ministerio de Justicia durante esta legislatura y relevar a unos responsables más preocupados estos días en autolaurearse que en cumplir con la palabra dada», afirman los letrados de Justicia en una nota de prensa. Yáñez precisa que el colectivo no tiene preferencia por quien se alce con la victoria el 23-J porque «nosotros reclamaremos lo mismo a cualquiera que gane».