Revuelo en el TC por la última maniobra que favorece a Moncloa: «Están desatados»

Las maniobras del Gobierno para intentar controlar el Tribunal Constitucional (TC) era algo que los magistrados de la corte de garantías designados por el PP, el conocido como sector conservador, daban por hecho desde diciembre pasado. Pero la realidad ha superado a los pronósticos, según señalan algunos de ellos a THE OBJECTIVE. La sensación de malestar ha aumentado tras el reciente nombramiento de un ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez como letrado adscrito a la magistrada Laura Díez. Su papel ha sido clave en la admisión del recurso presentado por el PSOE para intentar conseguir el recuento de los 30.000 votos nulos del 23-J detectados durante el recuento del voto exterior en la Comunidad de Madrid.

«A ninguno de los cuatro nos sorprenden las maniobras de Moncloa, pero la realidad es que están desatados», indica uno de los magistrados del ala conservadora del TC. El vuelco progresista en la corte de garantías se produjo en diciembre pasado. El nombramiento como magistrados de la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez y del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a propuesta del Ejecutivo, facilitó que Cándido Conde-Pumpido alcanzase la presidencia de la corte de garantías. Y también ha favorecido que se acelere la tramitación de asuntos que son prioritarios para el Gobierno. «Son los tres mosqueteros de Moncloa», indica otra fuente jurídica.

El reciente nombramiento como letrado adscrito de quien fue la mano derecha de la magistrada Laura Díez durante su etapa en el Gobierno, Fernando de la Peña Pita, habría permitido ampliar el «ejército» de dignificados perfiles progresistas vinculados al Ejecutivo de Sánchez. Nombrado en julio por el pleno gubernativo del TC, a propuesta de Díez y tras la dimisión de una veterana letrada de la corte de garantías, De la Peña es el autor del informe jurídico exprés en el que la magistrada se apoyó para admitir el recurso del PSOE contra la negativa del Tribunal Supremo a ordenar el recuento del voto exterior en la Comunidad de Madrid.

El escaño perdido por el PSOE

Los socialistas buscan conseguir recuperar el escaño perdido en favor del PP tras el recuento de esos votos procedentes del extranjero. De lograrlo, ya no dependerían del ‘sí’ de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Bastaría con la abstención del partido independentista liderado por Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia. La ponencia del recurso del PSOE recayó en Laura Díez, magistrada que ocupó una dirección general en el Palacio de La Moncloa durante los años 2020 y 2021.

La otra letrada adscrita que asesora a Díez había emitido un informe jurídico que recomendaba desestimar el recurso del PSOE, según fuentes del TC y parlamentarias. Sin embargo, la magistrada solicitó un segundo análisis a su nuevo letrado, abogado del Estado de amplia trayectoria que ya trabajó en Moncloa a las órdenes de Díez. Las conclusiones del recién llegado fueron diametralmente opuestas a las de la otra letrada y la magistrada propuso a la Sala Segunda admitir el recurso de los socialistas.

Con el voto en contra de los dos únicos magistrados conservadores que conforman la Sala Segunda, Enrique Arnaldo y César Tolosa, se aprobó admitir la impugnación del PSOE que el Tribunal Supremo rechazó con anterioridad. El fondo del asunto se resolverá en el Pleno, donde los progresistas cuentan con una mayoría de siete a cuatro. Desde diciembre, señalan desde el sector conservador, se ha dado prioridad a tramitar aquellos asuntos que más interesan al Gobierno de Sánchez.

Celeridad en los plazos

La celeridad con la que se ha tramitado el recurso del PSOE sobre el voto en el exterior, y el hecho de que Díez encargase un segundo informe jurídico a su hombre de confianza fichado recientemente, han irritado aún más a algunos magistrados. «El primero era un informe magnífico y muy contundente que defendía la inadmisión del recurso del PSOE. Díez encargó otro informe a De la Peña y el resultado es el que ya conocemos», señala una de las fuentes consultadas.

Oficialmente el TC indica a este diario que es habitual que un magistrado encargue informes distintos sobre una misma materia a los dos letrados adscritos con los que cuenta cada miembro de la corte de garantías. No siempre coinciden en sus conclusiones. Los magistrados conservadores admiten que es habitual también que cada uno de ellos proponga la designación como letrados adscritos a personas de su confianza.

La polémica no viene tanto por la elección de De la Peña, sino por la forma en la que se produjo la dimisión el pasado mes de julio de su antecesora, una jurista que sirve como letrada del TC desde hace casi dos décadas y que renunció a seguir como adscrita a Díez tras mantener varios desencuentros profesionales con esa magistrada, según una de las fuentes consultadas. «Quería echarla», añade.