Pumpido fractura el TC: ya hay discrepancias entre magistrados en el 35% de las sentencias

Aumenta el número de veredictos discrepantes entre los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En los primeros seis meses transcurridos desde el vuelco de mayoría progresista en la corte de garantías, y con Cándido Conde-Pumpido como presidente, el 35% de las sentencias dictadas por el TC (para resolver un total de 77 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y peticiones de amparo) han contado con el voto particular de uno o varios magistrados, frente al 28,4% de 2022, según los cuadros estadísticos del TC publicados en su página web.

Los datos confirman un repunte en la división que existe, a la hora de dictar sentencias, entre los llamados bloques progresista y conservador del TC desde el pasado mes de enero. No obstante, también muestran un cambio de tendencia en cuanto a los asuntos prioritarios a resolver. En el primer semestre de presidencia de Conde-Pumpido, y con mayoría progresista en el pleno y las salas primera y segunda, se ha multiplicado por cinco el número total de votos particulares formulados en oposición a las sentencias con las que se han resuelto varios recursos de inconstitucionalidad sobre leyes del Gobierno de Pedro Sánchez o de las comunidades autónomas. Entre otras, la ley del aborto de Zapataro, la Ley Celaá o la ley de eutanasia.

Todas ellas han quedado avaladas con el voto mayoritario y en bloque del sector progresista, pero con la oposición manifiesta de los magistrados conservadores. En los primeros seis meses del año, con Conde-Pumpido como presidente, se han formulado votos particulares en 10 de los 18 recursos de inconstitucionalidad resueltos por sentencia. Un aumento significativo respecto al año anterior. En todo 2022 se formularon apenas dos votos particulares sobre un total de 13 recursos de inconstitucionalidad resueltos. Es decir, en un semestre se han resuelto más recursos de inconstitucionalidad sobre leyes del Gobierno o de las comunidades autónomas que en todo el año anterior: 18 sentencias en el primer semestre de 2023 frente a un total de 13 en 2022.

Los choques jurídicos entre conservadores y progresistas aumentan en cantidad, pero también en intensidad. Muchos de los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox que han sido tumbados en el primer semestre del año (avalando así varias de las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez recurridas por la oposición) han contado con el voto particular conjunto de tres y hasta cuatro magistrados de la corte de garantías, los que componen actualmente el llamado sector conservador, para expresar su rechazo a la resolución adoptada por la mayoría de integrantes del TC.

Ocurrió en las sentencias sobre la Ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, el decreto antideshaucios durante la covid-19, la reforma educativa conocida como Ley Celaá o la ley del aborto de Zapatero, entre otras. Los progresistas votaron en bloque a favor de avalar la constitucionalidad de esas normas, mientras que desde el sector se argumentó jurídicamente por escrito, y también de forma conjunta, exactamente lo contrario.

La mayoría progresista se ha impuesto también a la hora de desestimar los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox contra la Ley de eutanasia, la Ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo o el Real Decreto-Ley 4/2018 sobre el régimen jurídico para designar al presidente y el consejo de administración de RTVE. Todas esas leyes clave para el PSOE y el Gobierno de Sánchez han quedado respaldadas por el TC con el apoyo en bloque de la mayoría progresista y la formulación de votos particulares desde el ala conservadora.

Cambio de prioridades en el TC

Los datos confirman un repunte en la diferencia de criterio que existe entre los llamados bloques progresista y conservador del TC desde el pasado mes de enero, pero también muestran un cambio de tendencia en cuanto a los asuntos prioritarios a resolver. Se ha pisado el acelerador en los recursos de inconstitucionalidad sobre leyes del Gobierno y de las comunidades autónomas, lo que el presidente de la corte de garantías definió en enero como «asuntos de mayor repercusión social y política».

Por el contrario, el TC ha dejado en segundo plano la resolución de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos tribunales. Y en esa estadística también se aprecia un aumento de los choques de criterio jurídico entre los magistrados del TC. La mitad de las apenas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad resueltas durante los primeros seis meses de Conde-Pumpido como presidente han contado con el voto particular de uno o varios magistrados, mientras que en 2022 se formularon cinco votos particulares para un total de 22 cuestiones de inconstitucionalidad resueltas mediante sentencia (el 22,7%).

Votos particulares

Hasta en diez ocasiones de un total de 18 sentencias sobre recursos de inconstitucionalidad, según los datos del TC, se formularon votos particulares. Y no siempre por parte de magistrados conservadores. Una de las magistradas progresistas recién llegadas al tribunal y designadas a propuesta del Gobierno de Sánchez, la exalto cargo de Moncloa Laura Díez Bueso, emitió un voto particular contra la ponencia del magistrado César Tolosa por la que se estimó a principios de julio la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo frente a la ley vasca que establecía el uso prioritario del euskera en las administraciones locales.

El magistrado Ramón Sáez se adhirió al voto particular de Laura Díez Bueso, mientras que los conservadores y el resto de progresistas apoyaron la sentencia al considerar que el artículo 6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, menoscaba los derechos lingüísticos de sus miembros al ocasionar de forma injustificada y desproporcionada un desequilibrio del uso del castellano en favor del euskera. 

CCAA y recursos de amparo

El Gobierno no solo ha recibido el espaldarazo del TC en todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra esas leyes. Además, la corte de garantías ha estimado por sentencia los recursos del Ejecutivo en varios pleitos que mantenía con distintas comunidades autónomas. Algunas de esas regiones cuyos recursos de inconstitucionalidad del Gobierno han sido estimados por el TC en favor de Moncloa estaban gobernadas por el propio PSOE (Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura) y otras por el PP (Galicia y Madrid).

Por el contrario, se han reducido ligeramente las discrepancias entre los magistrados en cuanto a los recursos de amparo resueltos durante el primer semestre de 2023. En ese periodo se han formulado 15 votos particulares sobre un total de 54 sentencias (27,7%), mientras que durante los doce meses del año 2022 se formularon 36 votos particulares en un total de 116 sentencias (31%).