El rodillo de Conde-Pumpido: el TC tumba en solo medio año más recursos que en todo 2022

Las estadísticas del Tribunal Constitucional (TC) empiezan a mostrar ya algunos efectos de lo que Cándido Conde-Pumpido anticipó tras consumarse el vuelco progresista en la corte de garantías y ser elegido presidente de la institución. Después de la última renovación del organismo y el relevo en la presidencia, el pasado mes de enero, se resuelven por sentencia prácticamente el mismo número de recursos que en 2022 y se da prioridad a los asuntos con «mayor repercusión social y política». En paralelo también se han disparado las sentencias desestimatorias, que en varios casos han avalado la constitucionalidad de leyes clave aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, según cifras oficiales de la propia corte de garantías analizadas por THE OBJECTIVE.

La renovación parcial del organismo propició una clara mayoría progresista en la corte de garantías (siete a cuatro) y posibilitó la designación como magistrados de dos exaltos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Moncloa Laura Díez Bueso. Nada más asumir la presidencia del TC, según un comunicado de la institución, Conde-Pumpido anunció a los magistrados que «su intención» sería abordar «la resolución tanto de los asuntos que tienen mayor antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política».

Dicho y hecho. De los cinco recursos de inconstitucionalidad que heredó del anterior presidente Pedro González-Trevijano, ya no queda ninguno por resolver. En los primeros seis meses con Conde-Pumpido de presidente, se resolvieron otros 12 recursos de inconstitucionalidad, siete de ellos presentados por diputados y senadores de PP y Vox contra leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. La agenda de prioridades quedó establecida desde el inicio por el presidente del TC y exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El ‘rodillo’ del TC en cifras

Desde que se produjo el aterrizaje de los nuevos magistrados progresistas propuestos por el Ejecutivo, y tras el relevo en la presidencia de la corte de garantías, el 40% de las sentencias dictadas para resolver recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra leyes del Gobierno de Pedro Sánchez o de las Comunidades Autónomas, así como peticiones de amparo de particulares, han sido desestimatorias. Un porcentaje que, según las últimas cifras ofrecidas por el TC en sus memorias y avances estadísticos, se situaba en el 29% en 2022 y apenas alcanzaba el 25% en 2021.

Mediante sentencias desestimatorias se han avalado leyes claves para los socialistas: la ley del aborto de Zapatero, la ley de eutanasia, la ley Celaá y el decreto antidesahucios durante el covid, entre otras. Pero los recursos tumbados por la mayoría progresista no solo crecen en proporción desde que Conde-Pumpido preside el TC. También aumentan claramente en términos absolutos. En los primeros siete meses de este año, el número total de recursos desestimados por sentencia en la corte de garantías supera ya al acumulado en todo el año pasado.

Según el avance estadístico del primer semestre de la presidencia de Conde-Pumpido, se desestimaron 31 de las 77 resoluciones resueltas por sentencia tanto en el Pleno como en las salas primera y segunda, de mayoría progresista ambas. En todo el año 2022, el propio TC dictó un total de 151 sentencias de las cuales también un total de 31 fueron desestimatorias. La misma cantidad de recursos desestimados, pero en la mitad de tiempo con Conde-Pumpido como presidente. Por su parte, en 2021 se desestimaron 49 recursos de los 192 resueltos por la corte de garantías.

El recuento que muestra el anterior recuadro solo recoge los datos preliminares de los primeros seis meses de presidencia de Conde-Pumpido. Esa cifra de 31 desestimaciones resueltas por sentencia ya habría sido superada con la actual mayoría progresista. La sección de vacaciones tumbó en agosto el último recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont. Antes, durante el Pleno del 5 de julio, se desestimó otro recurso de amparo presentado por Falange. Una decisión que sirvió para avalar la prohibición de la subdelegación del Gobierno en Sevilla a que se celebrase una manifestación durante el primer estado de alarma (mayo de 2020) por razones de salud pública.

Aquel fallo favorable al Ejecutivo se adoptó gracias a la actual mayoría progresista en el TC (los cuatro magistrados conservadores votaron en contra) y a pesar de que la propia corte declaró en el pasado que los dos estados de alarma decretados por el Gobierno de Sánchez habían sido inconstitucionales. De las al menos 77 sentencias dictadas con Conde-Pumpido como presidente en este año 2023, 18 han sido sobre recursos de inconstitucionalidad: siete de ellos promovidos en los últimos seis meses por diputados o senadores de PP y Vox y cinco impulsados por comunidades autónomas, en su mayoría contra leyes del Gobierno (todos desestimados). Por el contrario, otros tres recursos de inconstitucionalidad fueron presentados por el Ejecutivo y estimados con sentencia favorable a lo argumentado por Moncloa contra leyes de gobiernos autonómicos.

Aborto, eutanasia, Ley Celaá, RTVE…

La celeridad con la que el TC está abordando asuntos que son prioritarios también para el actual Gobierno en funciones ya había sido anticipada implícitamente en enero por el propio Conde-Pumpido. En el orden del día de los primeros plenos convocados por el actual presidente, en febrero y marzo, se incluyeron tres asuntos de especial interés para el PSOE y el Gobierno de coalición. Hablamos de la ley del aborto de Zapatero, la reforma educativa conocida como Ley Celaá -aprobada por el Gobierno de Sánchez- y el decreto antideshaucios del estado de alarma.

Lo que la oposición denomina ya como «rodillo progresista del TC» impuso su mayoría en todas esas deliberaciones. Serían desestimados por sentencia los recursos presentados por PP y Vox contra esas leyes clave para los socialistas. Han quedado avaladas por la corte de garantías gracias a la actual mayoría progresista. Sin embargo, no son las únicas medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez que han quedado bendecidas por el TC de Conde-Pumpido en apenas siete meses como presidente.

La mayoría progresista se ha impuesto también a la hora de desestimar los recursos de PP y Vox contra la Ley de eutanasia, la Ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo o el Real Decreto-Ley 4/2018 sobre el régimen jurídico para designar al presidente y el consejo de administración de RTVE. Todas ellas han quedado avaladas también por sentencia y se mantendrán intactas.

El Gobierno no solo ha recibido el espaldarazo del TC en todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra esas leyes. Además, la corte de garantías ha estimado por sentencia los recursos del Ejecutivo en varios pleitos que mantenía con distintas comunidades autónomas. Algunas de esas regiones cuyos recursos de inconstitucionalidad del Gobierno han sido estimados por el TC en favor de Moncloa estaban gobernadas por el propio PSOE (Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura) y otras por el PP (Galicia y Madrid).

Sí es sí, ley trans, sedición…

Aunque los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox resueltos por sentencia han sido desestimados, el TC ha admitido a trámite diversas impugnaciones de ambos partidos contra otras leyes del Gobierno de Sánchez. Unas admisiones que hacen presagiar cuál será la agenda de la corte de garantías en los próximos meses. Con cuatro asuntos clave sobre la mesa: la Ley del sólo sí es sí, la Ley trans, la reforma del código penal que sustituyó el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados y el impuesto a las grandes fortunas. Todo esto, a la espera de lo que ocurra con el gran melón y primer reto crucial para el TC de mayoría progresista: la posible amnistía que Puigdemont exige a Sánchez para apoyar su investidura.

En el primer Pleno jurisdiccional presidido por Conde-Pumpido, a finales de enero, el TC admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la conocida como ley del solo sí es sí, pero aún queda por resolver el fondo del asunto durante los próximos meses en un pleno con mayoría de siete a cuatro para el sector progresista. En aquel pleno jurisdiccional también se admitió a trámite un recurso de Moncloa contra la ley catalana de Vivienda de 2022.

A principios de abril, además, el Pleno admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Galicia y Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas. Y en mayo se hizo lo propio con el recurso de Vox contra diversos preceptos de la ley trans. También se admitió en el mismo pleno un recurso del PP contra la reforma del código penal y la derogación de la sedición. Y más tarde se aceptarían otros dos de Madrid y Murcia contra el impuesto a las grandes fortunas impulsado por PSOE y Podemos durante la anterior legislatura con el apoyo de sus socios nacionalistas.

La admisión a trámite no implica que esas cuatro leyes del Gobierno de coalición presidido por Sánchez vayan a ser tumbadas. En caso de mantenerse la tendencia actual y de que la mayoría progresista siga votando en bloque, como ha venido ocurriendo hasta ahora con las principales leyes aprobadas por el Ejecutivo, lo más previsible es que es que los mencionados recursos de PP, Vox y varias Comunidades Autónomas acaben siendo desestimados cuando el pleno aborde el fondo de esos asuntos.

Excepciones al rodillo progresista

Precisamente, entre las pocas resoluciones en las que la mayoría progresista no ha votado en bloque hay algunas sentencias que afectan a dos comunidades autónomas donde gobiernan los socios parlamentarios del Gobierno de coalición (Cataluña y País Vasco). En una decisión que desató las críticas del PNV y Bildu, el TC de mayoría progresista estimó a principios de julio la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo frente a la ley vasca que establecía el uso prioritario del euskera en las administraciones locales.

El magistrado conservador César Tolosa fue el ponente de aquella sentencia, aprobada por mayoría pese al voto discrepante de una de las magistradas progresistas recién llegadas al tribunal: la exalto cargo de Moncloa Laura Díez Bueso, ponente de la sentencia que este martes abordará el fondo del recurso presentado por el PSOE para intentar forzar el recuento de 30.000 votos nulos del 23-J. El beneplácito del TC es esencial para que los socialistas puedan tener alguna opción de recuperar el escaño perdido en favor del PP tras el recuento del voto en el extranjero en la Comunidad de Madrid.

En la cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del euskera, el magistrado Ramón Sáez se adhirió al voto particular de Laura Díez Bueso, mientras que los conservadores y el resto de progresistas apoyaron la sentencia al considerar que el artículo 6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, menoscaba los derechos lingüísticos de sus miembros al ocasionar de forma injustificada y desproporcionada un desequilibrio del uso del castellano en favor del euskera. La mayoría de los progresistas también apoyó dos de los recursos de amparo de carácter político que llevaban más tiempo guardando el sueño de los justos: los de Ciutadans contra los acuerdos tramitados por la Mesa del Parlament de Cataluña en 2019.