Los sindicatos de Justicia piden acabar con el «clasismo» y anuncian nuevas protestas
Los funcionarios reclaman desde finales de la pasada legislatura un reconocimiento profesional y retributivo
Los funcionarios de Justicia seguirán adelante con sus reivindicaciones laborales. Los sindicatos han recordado tras la apertura del año judicial que el conflicto continúa vivo. Priorizarán la negociación, pero no descartan nuevas protestas. Reclaman un reconocimiento profesional y retributivo y el derecho a la negociación colectiva. En su opinión, el Gobierno no ha cumplido con esa exigencia. Piden «un profundo cambio» en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia para evitar las actitudes «clasistas» que aseguran haber sufrido en esta legislatura.
Los sindicatos lamentan no haber sido invitados a la apertura del año judicial, que ha tenido lugar este jueves en el Tribunal Supremo. «Como cada año, muchos hombres y pocas mujeres, muchas personas casi ancianas y pocas jóvenes, todas ellas pertenecientes a la élite que conforma la Administración de Justicia, se reúnen en torno a la figura del Rey en una representación anacrónica», destaca CCOO.
La organización sindical pone de manifiesto ese «clasismo» que asegura haber denunciado en múltiples ocasiones durante el conflicto que llevó a los funcionarios de Justicia a una huelga general en los últimos meses de la pasada legislatura. La pugna continúa vigente. «No olvidamos los problemas estructurales de la Administración de Justicia como la escasez de jueces, fiscales y la insuficiencia del personal de los cuerpos generales». Un escenario que supone «un atasco y retraso generalizado».
Atasco en Justicia
CCOO advierte de que, gobierne PP o PSOE, va a seguir exigiendo «desde el minuto uno» la negociación de las leyes de eficiencia y el incremento general del puesto en cantidades acordes con las pactadas por el departamento de Pilar Llop con los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. El sindicato también ha pedido que el próximo presidente del Gobierno designe a un ministro «que respete la negociación colectiva».
En esa dirección se ha pronunciado Antonio Lozano, portavoz de UGT. Explica a THE OBJECTIVE que su sindicato va a esperar que se constituya el Gobierno y haya un nuevo titular de Justicia para exponerle sus problemas y circunstancias. «Hay que ser prudentes: a través del diálogo y la reivindicación se consiguen frutos. Ese es el camino. Lo que hizo el ministerio fue provocar un conflicto que se podía haber resuelto con diálogo», insiste Lozano.
Los sindicatos reprochan al Gobierno que solo se sentara con ellos en dos ocasiones sin llevar propuestas, algo que sí hizo con los jueces. Reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes y paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque «impone nuevas condiciones laborales a 45.000 funcionarios». La reforma legal está varada por el adelanto electoral, pero los representantes de los trabajadores temen que se recupere en las condiciones actuales.
«Este ministerio nos mareó. No hubo buena fe y eso podría haber resuelto el conflicto», se queja Lozano. Los funcionarios comenzaron los paros parciales en abril y un mes más tarde, en plena campaña de las municipales, los convirtieron en permanentes. Visto el poco éxito, los líderes sindicales se encerraron en la sede del Ministerio de Justicia, pero esta medida tampoco dobló la voluntad del Gobierno de proseguir las negociaciones tras las elecciones. De momento no se han retomado.
Precariedad de medios
Javier Jordán, portavoz de CSIF, lamenta que, un año más, la justicia presenta «los mismos problemas de siempre: una precaridad apabullante de medios personales, organizativos y materiales». En su opinión, el debate de la apertura del año judicial se ha centrado en una cuestión política como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «oculta y distrae la atención de los verdaderos problemas de la justicia».
«Este año no se puede olvidar que hay un conflicto vigente desde la pasada legislatura. El Gobierno que resulte investido debe dar una solución negociada, insiste Jordán. Su sindicato, CSIF, reclama un pacto de Estado por la Justicia que «debería servir para dotarla de medios suficientes y estables y garantizar un servicio homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía».