Judge the Zipper: «La presunción de inocencia no corre sus mejores momentos»
El juez Fernando Portillo publica un libro de divulgación para ciudadanos que desconocen cómo funciona el Derecho
El juez Fernando Portillo en la redacción de The Objective. | Víctor Ubiña
A Fernando Portillo no se le cae la toga por explicar cómo funciona la justicia. Es más, disfruta con ello. Por eso ha escrito Destripando el Derecho, un libro que explica a los ciudadanos las cosas que les preocupan. Muchas de ellas ya las había desgranado en Twitter, donde llegó de forma anónima en 2016 como Judge The Zipper. Hace poco se quitó la careta y saltó al mundo editorial. «Era el colofón natural», afirma este juez malagueño que preside Foro Judicial Independiente.
-Pero, ¿un juez puede dar su opinión?
– Los jueces, como cualquier ciudadano, tenemos libertad de expresión. Podemos expresar libremente nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestra ideología. Es cierto que hay cosas que no podemos hacer, como hablar de los asuntos que llevamos, porque sería una falta disciplinaria. El resto, sin ningún problema.
La amnistía de Puigdemont
Superada la barrera jurídica, aparece el dilema ético. «El problema está en que cuando un juez dice que le gustan los toros, muchos ciudadanos entienden que a los jueces les gustan los toros y eso puede ser un problema para la apariencia de imparcialidad en la carrera judicial», insiste el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla. Él habla con THE OBJECTIVE sin ambages.
Primera parada, la amnistía que exige Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y que el Gobierno parece dispuesto a ofrecer. Portillo reconoce que, como juez, debe aceptar y aplicar la ley. Como ciudadano considera que las amnistías son propias de pasos transitorios de regímenes totalitarios a democracias, y este no es el caso: «España es una democracia asentada desde hace mucho tiempo».
«Una amnistía podría verse desde fuera como una deslegitimación de nuestro Estado de Derecho». Portillo reconoce que se trata de un debate jurídico, pero no se pronuncia sobre si cabe o no en la Carta Magna por respeto a los compañeros del Tribunal Constitucional, que tendrán que decidir sobre el asunto. «En Derecho todo es defendible, si no, los abogados no existirían», dice con un poco de sorna.
Uno de los problemas con los que se van a encontrar los magistrados de la corte de garantías es la inexistencia de jurisprudencia, ya que el precedente más cercano es anterior a la entrada en vigor de la Constitución. Eso sí, advierte de que «el hecho de que la amnistía emane de las Cortes Generales no significa que sea una ley buena».
Penas desproporcionadas
Portillo escuchó hace unos días cómo un afamado jurista avalaba todo aquello que sale de las Cámaras, con lo que muestra disconformidad: «Quien dice qué está mal o bien es la Constitución, no el Parlamento, que puede hacer leyes que prohíban a las mujeres trabajar, esclavizar a los negros o establecer la censura de los medios». Y es que, ya se sabe, España es un país con 45 millones de seleccionadores que estos días se han dividido entre partidarios y detractores de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso.
«Si el asunto tiene un encaje jurídico penal, que no lo sé, es un encaje desproporcionado porque dadas las sucesivas reformas que ha habido desde 2015 puede ser castigado con un mínimo de dos años de prisión. Si esto resulta ser una agresión sexual, castigar con dos años un beso no consentido parece desproporcionado con relación a otras penas», admite el magistrado.
El caso se va a judicializar después de que la futbolista se haya adherido a la denuncia interpuesta en el Tribunal Supremo. El revuelo mediático que ha causado la actuación del ya ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto otro debate estos días: ¿está en peligro la presunción de inocencia? Portillo no es de los que se quedan en fuera de juego.
«La verdad es que no corre sus mejores momentos». El magistrado explica que la presunción de inocencia tiene dos vertientes. La primera, como garantía procesal. «La tenemos todos cuando somos acusados y sirve para que no nos puedan condenar mientras no se demuestre lo contrario».
Linchamiento a Rubiales
De momento esa parte no corre peligro porque no existe una ley que haya invertido la carga de la prueba. «La presunción de inocencia es también un derecho fundamental que tenemos todos, aunque no estemos implicados en un proceso penal. Y eso implica que nadie pueda referirse públicamente a nosotros como autores de un delito, especialmente aquellos que tienen responsabilidades públicas».
Portillo observa un retroceso en ese sentido. Cada vez son más los políticos que lo hacen y más los ciudadanos que aplauden. «Creen que por el hecho de conocer la versión de una parte ya estamos legitimados para llevar al cadalso a esa persona. Siempre hay que escuchar la otra versión». El propio Rubiales lamentó ese linchamiento público que sufrió incluso desde sectores del Gobierno.
El magistrado reconoce haberlo padecido alguna vez en Twitter, ahora denominada X, donde cuenta con más de 94.000 seguidores. Desde que descubrió su identidad se siente más libre, se autocensura menos. El personaje de Judge The Zipper nació por consejo de una amiga, que le reconoció la necesidad de explicar a los ciudadanos cómo funciona la justicia.
«Desde dentro cuento las miserias de nuestro sistema judicial, por qué nos faltan medios y por qué está politizado. Luego me encontré explicando sentencias polémicas (caso Alves, los ERE de Andalucía) y figuras jurídicas que la gente no conoce». Esa herramienta pedagógica se ha convertido en un libro que desgrana todo lo que hay que saber en capítulos cortos con un lenguaje sencillo. Los beneficios irán destinados a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Faltan medios
Portillo reconoce que el principal problema de la justicia en España es que existen muchos pleitos y muy pocos jueces para resolverlos. De hecho, tenemos una de las tasas más bajas de Europa. «La falta de medios se traduce en respuestas tardías y, a veces, defectuosas». Una dificultad que han agravado las huelgas de estos últimos meses. En su opinión, nuestro país no invierte poco en justicia, pero lo hace en «asuntos accesorios».
-Y si mañana le nombran ministro de Justicia, ¿cuál sería su primera decisión?
-Mi primera decisión sería encerrar en una habitación al ministro de Hacienda y no dejarle salir hasta que aumente significativamente la inversión en justicia.
– O sea, secuestrarlo. Un juez pensando en cometer un delito.
– (Risas) Es que no solo hay que invertir mucho, hay que invertir bien.
