Puigdemont solicita la recusación del juez Llarena por opinar sobre la amnistía en público
El ‘expresident’ se niega a aclarar si ha recurrido ante el TJUE para intentar recuperar su inmunidad como eurodiputado
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont | Europa Press
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo la recusación del juez instructor del procés, Pablo Llarena, por hablar públicamente «sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en el supuesto de que se llegara a aprobar una Ley de Amnistía». Así consta en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que ha sido presentado por el líder de Junts, prófugo en Bruselas, ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
«Con ocasión de una conferencia en la Facultad de Derecho de Burgos, de la que esta parte tuvo conocimiento el 12 de septiembre de 2023, impartida por el Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde, este se explayó sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en el supuesto de que se llegara a aprobar una Ley de Amnistía», indica el escrito presentado por Puigdemont y también por los exconsejeros de la Generalitat, y ahora eurodiputados, Clara Ponsatí y Antonio Comín.
En sendos escritos, los tres políticos independentistas apelan a su derecho al juez imparcial y aluden a diversa jurisprudencia de la Justicia europea al respecto, así como al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, que «ha señalado la importancia de la obligación del juez en quien concurra alguna de las causas establecidas de abstención o recusación a abstenerse del conocimiento del asunto sin esperar a ser recusado».
Puigdemont pide examinar a Llarena
En este sentido, el líder independentista prófugo pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que examine las palabras pronunciadas por Llarena en Burgos para evaluar si procede su recusación como instructor del procés. «La jurisprudencia a la que acabamos de aludir, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claramente obliga a un examen detenido de las circunstancias que concurren en el Excmo. Sr. Pablo Llarena», señalan en sus escritos Puigdemon, Comín y Ponsatí.
En otro escrito también presentado este martes, además, Puigdemont se ha negado a aclarar al juez Llarena si ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir que le devuelvan la inmunidad como eurodiputado. En su recurso, según ha podido comprobar este diario, la defensa de Puigdemont carga contra el magistrado y le acusa de haber solicitado esa información «no existiendo norma legal alguna que le habilite».
Rechaza contestar al juez
El expresident de Generalitat se niega a aclarar así la cuestión planteada por el juez Llarena la pasada semana para conocer si había recurrido ante el TJUE la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que el verano pasado falló contra los intereses de Puigdemont, dejando en el aire su inmunidad en condición de europarlamentario. En su escrito, Puigdemont insta al juez a solicitar directamente al TJUE la información respecto a la situación del procedimiento judicial sobre la inmunidad.
«No existiendo norma legal alguna que habilite se le está pidiendo a la defensa en un proceso penal que informe sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional, para lo que existe un procedimiento insoslayable, expresamente previsto en las leyes procesales: el auxilio judicial», señala el recurso. Puigdemont insta al magistrado Llarena a requerir la información, por tanto, al propio TJUE.
El juez instructor del procés había solicitado esa información en una providencia el pasado 19 de septiembre. La petición se dirigió directamente a Puigdemont, cuya orden europea de detención fue suspendida por el magistrado del Supremo a la espera de que el TJUE se pronuncie de forma definitiva. «No existiendo norma legal alguna que habilite al Excmo. Magistrado Instructor a requerir a la parte la información a la que se refiere la providencia de 19 de septiembre de 2023, parece claro que dicha providencia no se ajusta a Derecho, por lo que debe ser dejada sin efecto», insiste el recurso de Puigdemont contra la provi.
