Sánchez planea una reforma para imponer un cambio de mayoría en el Poder Judicial
El Ejecutivo traslada a vocales del órgano de gobierno de los jueces su intención de cambiar la ley para renovar el CGPJ
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Malestar en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varios vocales dan por hecho que, tras la presumible investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de la amnistía, el Ejecutivo acometerá una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y propiciar una mayoría progresista durante los próximos cinco años. El método elegido para lograrlo iría en dirección contraria a las recomendaciones de Bruselas para despolitizar la Justicia, según alertan fuentes del CGPJ consultadas por THE OBJECTIVE.
Tras casi cinco años de bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, añaden las mismas fuentes, desde el Ministerio de Justicia ya se ha trasladado a algunos miembros del CGPJ su disposición a reformar la LOPJ para forzar la renovación de sus vocales, que llevan desde diciembre de 2018 con el mandato caducado, en caso de consumarse la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El plan del Ejecutivo sería similar al que ya intentó en octubre de 2020, según advierten desde el órgano de gobierno de los jueces. Consistiría en rebajar las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para elegir a los 20 vocales del CGPJ: de los tres quintos necesarios en la actualidad (210 diputados y 159 senadores), pasarían a ser elegidos por mayoría simple (176 diputados y 105 senadores). Un proyecto similar al que PSOE y Podemos impulsaron hace tres años, pero al que acabaron renunciando en abril de 2021 tras las reprimendas de la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
«Sánchez ha roto las reglas»
Esa rebaja de las mayorías permitiría al Gobierno de coalición y a sus socios elegir por mayoría simple, al menos, a los 10 vocales que le corresponde designar al Congreso de los Diputados. Sin embargo, aún se desconocen detalles de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Ejecutivo para forzar un vuelco progresista. El temor entre los integrantes del CGPJ consultados es que el Gobierno vaya un paso más allá y, para evitar que el PP aproveche su mayoría absoluta en el Senado para nombrar a los otros 10 vocales que le corresponde designar a la Cámara Álta, el Ejecutivo cambie también el actual equilibrio que existe entre ambas cámaras parlamentarias.
Desde la aprobación de la LOPJ en 1985, los 20 miembros del CGPJ son elegidos a partes iguales por ambas cámaras del Parlamento. El Congreso y el Senado designan en total a 12 vocales «elegidos entre jueces y magistrados». El resto, ocho en total, son juristas de reconocido prestigio que no forman parte de la carrera judicial. «Con el Gobierno de Sánchez se han roto todas las reglas del juego, y ya no nos extrañaría que cambiase la ley de manera que los doce vocales jueces sean nombrados todos por el Congreso, dejando al Senado solo la designación de los cuatro juristas que le corresponde nombrar. Eso propiciaría una mayoría progresista de 16 a cuatro en el CGPJ», indica uno de los vocales consultados.
La reforma se acometería a través de una proposición de ley impulsada en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar, eludiendo así que el propio CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado tengan que emitir informes preceptivos sobre la reforma legal impulsada para forzar la renovación del órgano de los jueces. La vía elegida sería la misma utilizada para eliminar la sedición del Código Penal. El contenido iría en línea con la iniciativa que PSOE y Podemos ya registraron en el Congreso en octubre de 2020, y que retiraron unos meses después tras las críticas de las instituciones comunitarias.
Contradice a Bruselas
Un plan que va en el sentido opuesto a las recomendaciones marcadas por Bruselas para despolitizar la Justicia. Las instituciones europeas han instado a España a reformar la ley para que los jueces elijan al menos a la mitad de los representantes del CGPJ. Una modificación del sistema de elección similar a lo que el PP exige al PSOE desde 2018, cuando la filtración de un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, frustró el acuerdo alcanzado por ambas formaciones políticas para renovar a los actuales miembros del CGPJ.
Las fuentes consultadas creen que la maniobra de Sánchez para renovar el órgano de gobierno de los jueces, rebajando la mayoría parlamentaria, será una de las prioridades del Ejecutivo en cuanto se materialice la investidura y se apruebe la amnistía a los independentistas catalanes. La reforma legislativa necesaria para ello será prioritaria y se completará antes de que acabe este año, según algunos vocales del CGPJ. No obstante, otros creen que el Gobierno podría esperar a enero de 2024 para evitar que los posibles reproches de Bruselas a Sánchez manchen el final de la actual presidencia española del Consejo de la UE, que acaba el 31 de diciembre.
El mandato de los actuales miembros del CGPJ caducó en diciembre de 2018. Su presidente, Carlos Lesmes, dimitió hace un año después de que PSOE y PP no consiguieran pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El último intento de negociación fracasó en octubre de 2022. Durante su investidura fallida, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que el PP solo aprobará la renovación del CGPJ «a la vez que se registre en la Cámara una ley de reforma del modelo de elección, en la que los jueces elijan a los jueces y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales».
Ante la falta de acuerdo desde hace cinco años, y para presionar al PP, el Ejecutivo impulsó en marzo de 2021 una reforma que limita las competencias del CGPJ con el mandato caducado, como ocurre en la actualidad, e impide que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar nombramientos. Esta parálisis impide cubrir las más de 80 vacantes de magistrados del Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia autonómicos que se han jubilado, fallecido o dejado la carrera judicial desde entonces.
