Dos de cada tres autores de abusos sexuales a menores carece de antecedentes penales
Un estudio que analiza 400 sentencias judiciales señala que en ocho de cada 10 casos el agresor pertenece a su entorno
Un niña tapa la boca de su muñeca. | Mingo Venero (Save The Children)
Los abusos sexuales a menores continúan siendo un tabú. Quizá porque en ocho de cada 10 casos el agresor pertenece a su entorno. Un estudio realizado por Save the Children, que analiza 400 sentencias judiciales recientes, concluye que las agresiones comienzan a los 11 años y que en la mayoría de los casos, más del 80%, las víctimas son niñas. El informe, presentado este jueves, también revela que el 96% de los abusadores no había cometido antes delitos relacionados con la violencia sexual y que el 67% carecía de antecedentes penales.
«Estos datos son solo la punta del iceberg. Se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si abusan de un niño en nuestro entorno nos daríamos cuenta. Los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Save the Children.
Los últimos datos del Ministerio del Interior indican que en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por abusos sexuales a niños y adolescentes. El estudio de la ONG, basado en 400 sentencias, concluye que ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. En el anterior informe, realizado hace seis años, el 67,3% se habían resuelto a los dos años. Ahora solo consigue en el 23,5% de los casos.
Abusos a menores discapacitados
En ocho de cada 10 casos la persona agresora es conocida por la víctima. En la mitad de los casos pertenece al entorno familiar (especialmente la pareja del padre o de la madre), aunque la cifra desciende respecto al informe anterior. Se incrementa la de otros agresores del entorno conocido que no son parientes. Este perfil incluye amigos o conocidos de la familia y profesionales que trabajan con niños. Solo un 16% de los abusos sexuales a menores provienen de personas desconocidas.
En el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos procesos hay hasta siete. El estudio presentado este jueves subraya que la mayoría de los menores que lo sufren, el 80,3%, son niñas, aunque el informe de hace seis años la proporción de mujeres era casi ocho puntos más baja. El análisis de las sentencias refleja que el inicio de los abusos comienza a los 11 años, aunque hay una gran cantidad que los comienza a sufrir a partir de los 13.
«La situación no ha mejorado. O no lo suficiente», lamenta Perazzo. En el 3,8% de las sentencias analizadas se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. El 28,9% de las resoluciones no indican nada al respecto, y solo se constata que las víctimas no cuentan con una discapacidad en el 67,3% de los procesos.
El informe de Save de Children también indica que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En algunos casos deben hacerlo hasta en tres ocasiones, ante la Policía, la Fiscalía y el juzgado. En apenas un cuarto de los casos se utilizó la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que se tuviese que repetir la declaración y ocasionar problemas a los menores.
Juzgados especializados
Es el caso de Carmen, una gaditana de 26 años que sufrió abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo. Denunció a los 17 años y tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones. «Durante el proceso yo me sentí muy acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero no por la justicia. Nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer. Declaré, pero me sentí bajo presión», relata la joven.
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, aprobada hace más de dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica para garantizar los derechos de los niños que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Para ello pide juzgados especializados que garanticen sus derechos, algo que ya recoge la también conocida como Ley Rhodes.
